HRW afirma que Cuba sigue reprimiendo a la oposición

Denuncia que continúa deteniendo a personas críticas con el régimen socialista. El Gobierno cubano lo niega.

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Según un reciente informe publicado por la organización humanitaria Human Right Watch, el Gobierno cubano que preside Raúl Castro, al igual que cuando su hermano Fidel estaba en el poder, continúa recortando las libertades de sus ciudadanos y maltratando a numerosos presos políticos. HRW afirma que Raúl Castro sigue haciendo uso de la “ley de peligrosidad”, la cual permite a las autoridades realizar la detención de cualquier persona antes de que cometa un delito si se tienen indicios de que va a hacerlo. En la práctica, esta disposición legal está permitiendo al Gobierno cubano encarcelar a centenares de personas críticas con este sin la existencia de pruebas. El estudio de la organización, denominado "Un nuevo Castro, la misma Cuba", fue realizado con más de 60 entrevistas para documentar 40 casos de personas que fueron detenidas y encarceladas sin las mínimas garantías procesales. 

Según José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, “durante estos tres años en el poder, Raúl Castro ha sido tan implacable como su hermano”. Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno viven bajo un temor constante, pues saben que pueden terminar en prisión tan sólo por expresar su opinión". Human Right también denuncia que numerosos periodistas y activistas de organizaciones humanitarias están sufriendo detenciones arbitrarias, interrogatorios abusivos y la denegación de asistencia legal por mostrarse críticos con el Gobierno.

La organización humanitaria ha documentado los abusos que han soportado numerosas personas en el país caribeño. Como el caso del periodista Raymundo Perdigón Brito, el cual documentaba los abusos del Gobierno, y que fue condenado en 2006 a cuatro años de prisión por “peligrosidad” y ha sido objeto de tratos vejatorios por parte de los guardias de la prisión en la que se encuentra.

HRW también critica el embargo que sufre la isla por parte de Estados Unidos, ya que, en su opinión, este bloqueo no está permitiendo la mejora de las libertades de los cubanos, sino que está sumiendo a miles de personas en la más absoluta pobreza. "Como siempre, es el pueblo cubano quien paga el costo", indicó Vivanco. Por ello, reclama a la Administración de Obama que retire el bloqueo económico, no sin antes presionar a las autoridades cubanas para que libere a los cientos de presos políticos que alberga en sus prisiones.

Sin embargo, el Gobierno cubano salió rápidamente al paso de la publicación de este informe y negó que en la isla existan presos políticos, sino que se trata de “mercenarios a sueldo” de Estados Unidos. El diario oficial Granma calificó el estudio de Human Right de “ciencia ficción”. Además, fue más allá al afirmar que "la subordinación de HRW a la política yanqui es de tal naturaleza que desconoce olímpicamente que el 5 de febrero pasado Cuba presentó con éxito su informe ante el mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, donde recibió un abrumador reconocimiento a su obra humana y social".

Medio Ambiente reconoce la incidencia de los transgénicos

Organizaciones ecologistas denuncian los efectos sociales y económicos adversos derivados de su uso en España. 

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Según las asociaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace y el sindicato COAG, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) reconoció el pasado 21 de octubre la existencia de afectados por los transgénicos en España. Lo hizo durante la reunión que el MARM llevó a cabo dicho día, en el que uno de los puntos del día indicaba: “Coexistencia de maíz modificado genéticamente con maíz convencional y ecológico. Experiencias de agricultores afectados”. Sin embargo, según estas instituciones, los responsables del Ministerio siguen estando a favor de los transgénicos y no piensan frenar su desarrollo en nuestro país. Además, estas critican que en la reunión no se evaluaron aspectos de este tipo de alimentos como las irregularidades en su etiquetado, la ausencia de registros públicos de los cultivos transgénicos, los reiterados casos de contaminación, etc.

Las organizaciones ecologistas llevan casi una década pidiendo a las autoridades españolas la retirada de estos alimentos del mercado en España, donde la superficie cultivada con organismos modificados genéticamente crece a pasos agigantados. Denuncian que en una reciente reunión con el director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas, este les reconoció que empresas como Monsanto “realizan una constante labor de lobby en el Ministerio” y que “los casos de contaminación por transgénicos son indignantes”. Sin embargo, según critican, Casas afirmó que vota siempre a favor de los transgénicos en el Consejo Interministerial de OMG (Organismos Modificados Genéticamente) del Gobierno español, “a pesar de reconocer él mismo que no entiende sobre transgénicos”. 

Para estas entidades, estos hechos son muestras de que “los niveles de irresponsabilidad política en el Gobierno han alcanzado cotas muy preocupantes”. Además, critican que Casas no acudió a la reunión, pero que sí estuvieron en la misma, por ejemplo, varios representantes Monsanto “bajo siglas de al menos dos organizaciones empresariales”, a pesar de ser la “principal responsable de las contaminaciones genéticas en el mundo y cuyo historial está plagado de escándalos”.

Estados Unidos y China tumban Copenhague

La escasa voluntad de los dos mayores contaminantes echa por tierra la posibilidad de lograr un acuerdo vinculante.

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Estados Unidos y China han comunicado al Gobierno danés que no será posible alcanzar un acuerdo de obligado cumplimiento para todos los países en la próxima reunión sobre cambio climático, que tendrá lugar en diciembre en Copenhague. Las reticencias de los dos países más contaminantes del mundo a reducir sus emisiones harán que la próxima cumbre de Copenhague quede en papel mojado, es decir, en una nueva declaración de buenas intenciones sin objetivos ni medidas concretas. Todo indica que los compromisos vinculantes se pospondrán para la siguiente reunión sobre le clima, que tendrá lugar el próximo año en México.

El caso es que China y Estados Unidos no ven factible alcanzar un acuerdo real próximamente. En palabras de Michael Froman, viceconsejero nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Obama y Hu Jintao comparten la creencia "de que no es realista esperar que un gran acuerdo internacional completamente vinculante pueda ser negociado ahora y Copenhague". El primer ministro danés, Lars Rasmussen, sólo logró arrancar de los líderes de ambos países el compromiso de que en la cumbre se impulsará un documento con objetivos ambiciosos, pero sin obligaciones, como demandaba la ONU.

Lo cierto es que la falta de voluntad de las dos potencias va a hacer fracasar la reunión prevista para el mes que viene. En cuanto a Estados Unidos, Obama no se atreve a firmar un acuerdo vinculante hasta que el Congreso norteamericano no apruebe la medida, lo cual no ocurrirá –si es que ocurre- antes del próximo año. Mientras, China no quiere dar un paso hasta que vea a EEUU dispuesto a hacerlo. Otros países, como Indonesia, Japón, Rusia o México, se niegan a comprometerse a reducir sus emisiones hasta que lo hagan China y EEUU. Y lo mismo opinan India y Brasil, dos países que están experimentando un gran crecimiento.

Ya hay 26 millones de refugiados climáticos

La ONG Intermón Oxfam denuncia que en el mundo ya hay 26 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar los lugares donde habitaban a causa de las consecuencias del deterioro medioambiental. Ello se debe a la incidencia cada vez más acentuada de fenómenos como la sequía o las lluvias torrenciales, sobre todo en los países pobres. Y esta cifra de refugiados aumenta a un ritmo de un millón al año.

En vísperas de la cumbre que tendrá lugar en diciembre en Copenhague, Intermón pide a la Unión Europea que lleve la delantera en las negociaciones sobre la financiación que se destinará para paliar los efectos del cambio climático. "Los líderes europeos están actuando como si el cambio climático no fuera su problema; pero no hay fronteras para el calentamiento global. Millones de personas van a ser desplazadas de sus hogares en los próximos años a menos que los países ricos inviertan en la adaptación a este fenómeno de los países empobrecidos”, afirmó Gloria Bigne, directora de Intermón Oxfam en Madrid.

Por ello, esta organización demanda a Europa que destine 35.000 millones de euros al año para ayudar a los países en desarrollo en su adaptación a los efectos del calentamiento global, y que estas ayudas no se computen como ayuda al desarrollo. Y es que, según Bigne, “no se debe obligar a los países pobres a elegir entre la construcción de defensas contra las inundaciones o la construcción de escuelas". Además, Intermón también pide que Europa se comprometa a reducir sus emisiones de Co2 respecto a 1990, ya que son los países pobres los que pagan las consecuencias de tanto deterioro.

Israel limita el acceso de los palestinos al agua

Según Amnistía Internacional, un israelí consume al año cuatro veces lo que un palestino.
 

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La ONG Amnistía Internacional ha denunciado públicamente que los ciudadanos palestinos tienen limitado, e incluso impedido, el acceso al agua por parte de Israel. La demanda la ha realizado en el marco de su campaña Exige Dignidad, que tiene por objeto conseguir que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos que contribuyen a crear la pobreza mundial. “Israel sólo permite a los palestinos el acceso a una pequeña parte de los recursos hídricos comunes, que se encuentran en su mayor parte en la Cisjordania ocupada, mientras que los asentamientos israelíes, establecidos ilegalmente allí, tienen un suministro casi ilimitado de agua”, indicó Donatella Rovera, miembro de AI.

Según la ONG inglesa, Israel consume más del 80% del agua disponible en el acuífero del Monte Aquifer, mientras sólo permite a los palestinos el acceso a un 20% de los recursos. También impide el trasvase de agua a la Franja de Gaza, donde casi toda el agua disponible está contaminada. Además, Israel consume también toda el agua disponible del río Jordán.


Según Donatella Rovera, “el agua es una necesidad básica y un derecho, pero para muchos palestinos incluso conseguir pequeñas cantidades de agua de mala calidad para subsistir se ha convertido en un lujo que apenas pueden permitirse”. Entre 180.000 y 200.000 personas que viven en comunidades palestinas rurales no tienen acceso a agua corriente, y el ejército israelí con frecuencia les impide incluso recoger el agua de lluvia. Mientras tanto, en los asentamientos judíos anexos, se riegan campos con aspersores a pleno sol, cuando más agua se desperdicia.

“Israel debe poner fin a sus políticas discriminatorias, levantar de inmediato todas las restricciones que impone al acceso de los palestinos al agua y asumir la responsabilidad de ocuparse de los problemas que ha creado, permitiendo a los palestinos hacer uso de la parte de los recursos hídricos comunes que les corresponde”, reitera AI.

Cuba, a la deriva

La ONU vuelve a reclamar el fin del embargo cubano. 51 años después del comienzo del bloqueo, la situación económica de Cuba alcanza una situación dramática.
 

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Mediante el voto a favor de 187 países, la ONU ha aprobado una resolución que demanda el fin del embargo económico al que Estados Unidos mantiene sometido a Cuba desde hace más de medio siglo. Se trata del decimoctavo año consecutivo en que la propuesta cubana es secundada por la mayoría de países del mundo en la Asamblea de Naciones Unidas.

Durante la campaña electoral, el actual presidente norteamericano, Barack Obama, sugirió que su país debía poner fin al embargo cubano. Sin embargo, según el ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, su llegada a la Casa Blanca "no ha producido cambio alguno". Como indicó Rodríguez, el bloqueo comercial es una “política absurda que provoca carencias y sufrimientos” en la población cubana. “Ninguna persona seria puede sostener que Cuba es una amenaza a la seguridad nacional de la única superpotencia”, recalcó el ministro cubano.

Unido a la crisis financiera, el embargo ha sumido al país caribeño en la peor situación económica de su historia. Sólo por delante de Haití, la economía cubana se sitúa como la penúltima de América Latina. Incluso, hay datos que indican que los cubanos vivían mejor hace cincuenta años que ahora. Por ejemplo, el sistema educativo tiene un déficit de más de 8.000 profesores, según el diario oficial Granma. Desde el hundimiento de la URSS, que provocó el fin de las ayudas de Moscú, la actividad industrial cubana está prácticamente paralizada. Por ejemplo, la producción de leche y azúcar han caído hasta alcanzar mínimos históricos. También se han reducido seriamente los ingresos del turismo y el precio del níquel ha experimentado una caída del 80%. Mientras las exportaciones se redujeron, la importación de productos ha crecido en casi un 50%. Y la deuda exterior del Estado ronda los 15.000 millones de euros.

Ante esta dramática situación, el Gobierno congeló las cuentas de numerosas empresas mixtas para impedir a entidades y proveedores extranjeros expatriar el dinero. La falta de crédito ha provocado la desaparición de muchas empresas.

La subida de los precios ha convertido algunos alimentos, como la leche en polvo o el atún, en prohibitivos. Los productos que se reparten a los ciudadanos con la cartilla de racionamiento apenas alcanzan para una semana a la mayoría de las familias. Y Raúl Castro ha reconocido que el sueldo medio, el equivalente a 15 euros mensuales, no alcanza para cubrir las necesidades básicas de cualquier familia.

España podría ser sancionada por el deterioro de Daimiel

El parque está a punto de quedarse sin agua y sufre tres incendios subterráneos. El Gobierno pretende aprobar un trasvase de urgencia.

La Unión Europea ha abierto un expediente contra España por la delicada situación en que se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. A partir de ahora, el Gobierno dispone de 10 semanas para justificar ante la UE los motivos que han llevado a la degradación del parque. El humedal protegido por Europa lleva cinco años seco, debido, sobre todo, a la proliferación de pozos ilegales utilizados para el regadío en las inmediaciones del mismo. Además, tres incendios subterráneos amenazan también al parque, provocando que la temperatura en algunos puntos del suelo supere los 30º. El desastre, que comenzó a gestarse hace casi cuarenta años, podría costar a España una multa por parte de la Comisión Europea.

En palabras del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, "estamos a punto de perder las Tablas de Daimiel". Por ello, reclamó a las autoridades manchegas que no permitan el riego ilegal. Para remediar los problemas de agua –sólo 10 de las 16.000 hectáreas de Daimiel cuentan con recursos hídricos- el Ministerio de Medio Ambiente está estudiando la posibilidad de aprobar un trasvase urgente desde el Tajo al Guadiana. El Gobierno calcula que se podría hacer llegar una cantidad anual de 40 hectómetros cúbicos al año.

La Comisión Europea investigará si nuestro país ha incumplido la Directiva de Hábitats, que establece que los países deben adoptar en las zonas de especial conservación medidas para evitar su deterioro. Y es que las Tablas de Daimiel es considerado aún Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves de la UE.

El Gobierno recorta un 16% la investigación sanitaria

Comisiones Obreras denuncia la medida y recuerda que España va por detrás de Europa en este sentido

El sindicato Comisiones Obreras ha puesto de manifiesto que la investigación sanitaria sufrirá un grave recorte en 2.010 en vistas a los datos que el Gobierno maneja para los próximos Presupuestos Generales del Estado. Según estas cifras, el Fondo de Investigación Sanitaria sufrirá en el próximo año una disminución del 16% respecto a 2.009, mientras que Fondo Nacional de Investigación será recortado en un 3%. Según Salce Elvira, secretaria de I+D+i de CC OO, habrá otros recortes, como el del fondo de Formación de Profesorado Universitario y el de Formación de Personal Investigador, el cual se reducirá en nada menos que un 37%. Por último, según CCOO, el recorte del programa Ciber acarreará la pérdida de entre 400 y 500 empleos.

En palabras de Salce Elvira, los presupuestos "confirman que la I+D no forma parte de la estrategia para salir de la crisis. En España sólo aumenta la inversión en los ciclos expansivos", indicó Elvira. Este hecho pone de manifiesto que nuestro país se encuentra muy alejado del resto de países desarrollados en este sentido. De esta manera, el objetivo estatal de alcanzar el 2% del PIB en inversión en I+D parece imposible debido a estos recortes. Actualmente se encuentra en el 1.2%, mientras que la media europea es del 1.8%. Sin embargo, según la ministra de Economía, Elena Salgado, la Ley de Economía Sostenible que el Gobierno pretende aprobar en breve incluirá una “aportación adicional para I+D+i tanto a través del Fondo Estatal para la Economía Sostenible como a través de medidas de estímulo fiscal".

En el año 2.007 sólo una empresa española se encontraba entre las cien primeras en cuanto a inversión en I+D+i en el ranking de la OCDE. Por ejemplo, Nokia, la empresa europea que más fondos destina en innovación, cuadruplica el gasto realizado por las 21 compañías españolas que se encuentran entre las 1.000 empresas de la UE con mayor gasto en I+D.

La esclavitud se continúa aplicando en Brasil

Numerosos terratenientes continúan esclavizando a los trabajadores de sus fincas

Aunque Brasil abolió oficialmente la esclavitud en 1888, lo cierto es que esta práctica denigrante continúa repitiéndose en el país latinoamericano. Desde mediados de los años noventa, el grupo de investigadores del Estado ha liberado a 10. 731 personas que se encontraban esclavizadas en fincas repartidas por todo el país. Y en lo que va de año, según el Ministerio de Trabajo brasileño, han sido liberadas más de 2.000 personas en semejantes condiciones. Y es que, ante la falta de oportunidades, miles de personas sin recursos no tienen otra opción que abandonar sus casas para trabajar en las plantaciones de café, caña de azúcar y soja. O, simplemente, son engañados por terratenientes que los reclutan de las zonas más pobres del país. Para ellos, no quedan muchas más opciones de supervivencia.

Sin embargo, lo que se encuentran muchos de ellos dista poco de las condiciones que se aplicaban hace más de ciento veinte años, cuando la esclavitud era considerada legal. Los trabajadores son sometidos a extenuantes jornadas de trabajo y, por si fuera poco, su sueldo es retenido para lograr el pago de los productos que estos son obligados a adquirir en los mercados de las propias fincas. Es decir, que hasta les cobran por la comida y el alojamiento, de manera que su deuda no hace más que crecer y no pueden abandonar las fincas de sus explotadores. Algunos, los más valientes, deciden escapar.

Cuando Luiz Inacio Lula da Silva llegó al poder en 2003, fijó como una de sus prioridades poner fin al trabajo esclavo. Sin embargo, el mandatario brasileño no ha logrado sacar adelante una ley que permita la expropiación para uso agrario de aquellas tierras en las que se practique la esclavitud.

Veinticinco países continúan aplicando la pena de muerte

China concentra la mayoría de las ejecuciones

Más de 2.000 personas fueron ejecutadas en 2.008 en todo el mundo a causa de problemas con la justicia. Pese a que la pena de muerte se mantiene vigente en 59 países, el año pasado sólo fueron 25 los que la utilizaron en sus distintas variantes. Por ejemplo, en Arabia Saudí se lleva a cabo la decapitación, mientras que en Egipto se aplica la horca. Entre los países que continúan recurriendo a la pena de muerte. Entre, sólo cinco de ellos (Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán) concentraron en 2.008 el 93% de las ejecuciones, con China a la cabeza con más de 1.700.

Sin embargo, cada vez son menos los países que utilizan la pena de muerte. Esa es la “buena noticia” que destaca el informe anual de Amnistía Internacional. El pasado año, Uzbekistán y Argentina decidieron dejar de aplicarla. Aunque, según manifiestan algunas ONG´s, se observan “tendencias positivas” respecto al uso de la pena capital, los datos de que se dispone no son de todo fiables debido al secretismo con el que países como China o Arabia Saudí llevan a cabo sus ejecuciones. De esta manera, las cifras sólo reflejan el número mínimo de personas ejecutadas. Probablemente, la realidad superará con crecer los números. Según Amnistía Internacional, “el gran problema en China es que las cifras sobre la pena de muerte son secretas y es muy difícil saber lo que realmente ha sucedido”. El país asiático encabeza año tras año las listas de ejecuciones y sus números, lejos de bajar, ascienden.

China retiene a decenas de miembros de la etnia uigur

Tres meses después de los incidentes entre los uigures y los han, muchos detenidos no han vuelto a sus casa. Doce de ellos serán ejecutados, la mayoría uigures.

Según ha hecho público la organización humanitaria Human Right Watch, las autoridades chinas aún mantienen detenidas a, al menos, 43 personas de etnia uigur tras los incidentes provocados el pasado verano en la región de Xinjiang. La denuncia de HRW tiene lugar cuando se cumplen tres meses de los disturbios ocasionados en la ciudad de Urumqi, la capital de la región, entre miembros de la etnia han –mayoritaria en el país- y de la uigur, de religión musulmana. Según HRW, estos datos suponen únicamente la “punta del iceberg”, ya que muchas familias no se atreven a hablar con las organizaciones humanitarias.

La ONG de origen estadounidense ha obtenido estos datos tras entrevistarse con decenas de personas de ambas grupos, y tiene indicios de que las cifras reales son muy superiores. Tras los incidentes ocurridos en julio, cientos de personas fueron detenidas en Urumqi. De ellos, todos menos uno pertenecen a la etnia uigur. HRW afirma, incluso, que entre los detenidos se encuentra un joven de 14 años, aunque las autoridades han dicho a su familia que el chico no está en su poder.

Según Brad Adams, director de HRW en Asia, “hacer desaparecer a gente no es conducta de los países que aspiran al liderazgo global”. Por ello, la organización humanitaria insta a la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea a que presione a las autoridades chinas para lograr la puesta en libertad de los detenidos. "No deben permitir que las relaciones comerciales u otras consideraciones políticas conduzcan a un trato con China diferente del de otros países que llevan a cabo esta práctica horrenda", afirma Adams.

La organización defensora de los derechos humanos también culpa a los uigures por el ataque indiscriminado que llevaron a cabo contra los han el pasado verano. Mientras, la minoría uigur culpa al Gobierno de la discriminación cultural y religiosa que sufre en favor de los han, y de haber promovido la colonización de la región parte de estos para diluir su presencia.

Doñana pide ayuda

Responsables del parque demandan más implicación al Gobierno central en su conservación cuando se cumplen 40 años de su nacimiento

Cuarenta años después de su creación, el Parque Nacional de Doñana constituye hoy día el pulmón de Andalucía. En palabras de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, Doñana es “uno de los pocos lugares en el mundo en el que la cantidad de ecosistemas y biodiversidad permite adelantarse a las consecuencias que tendrá el cambio climático”. Atrás quedan otros tiempos en que este espacio no interesaba a las autoridades y las únicas subvenciones que recibía procedían de aportaciones privadas. Desde que el parque comenzara a recibir ayudas estatales para su conservación, las mejoras han sido notables. La superficie se ha multiplicado por 15 hasta alcanzar más de 100.000 hectáreas, y también ha crecido sustancialmente la biodiversidad.

Sin embargo, Doñana acaba de lanzar la voz de alarma para que las autoridades andaluzas y nacionales tomen conciencia de los riesgos a los que se enfrenta el parque, comenzando por el cambio climático. El principal problema al que se enfrenta es la escasez de agua, unido a la falta de calidad de la misma. Fernando Hiraldo, director de la Estación Biológica de Doñana, denuncia que el acuífero de Doñana no da abasto para tanta demanda y que se están llevando a cabo extracciones ilegales del mismo. Y es que la perforación de pozos ilegales resta unos 25 hectómetros cúbicos al año al acuífero.

Junto con la escasez y la escasa calidad del agua, el parque se enfrenta a la deforestación y al aumento incontrolado de los cultivos intensivos. Además, si el Gobierno central no lo remedia, un oleoducto cruzará este pulmón verde para suministrar a una refinería impulsada por las autoridades extremeñas. Según Fernando Hiraldo, el Gobierno central debe involucrarse más en la conservación de este reducto natural. "El hecho de que las competencias sobre el parque hayan sido transferidas a la Junta de Andalucía no significa que el Ministerio de Medio Ambiente se inhiba y deje de aportar fondos para la mejora de la conservación del espacio", critica Hiraldo. Por ello, reclaman que el Gobierno acuda en su ayuda, tal y como lo está haciendo para salvar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

El Polígono Sur alcanza una situación “insostenible”

Tras más de tres años desde que comenzara a aplicarse el Plan Integral del Polígono Sur por parte de las administraciones local, autonómica y nacional, las cosas siguen como estaban. El programa, puesto en marcha para sacar de la exclusión a este barrio sevillano, no ha logrado los principales objetivos que se proponía, es decir, mejorar la seguridad en el barrio, incrementar las infraestructuras y acabar con el paro, que afecta a la mayoría de la población del barrio. Las organizaciones sociales que trabajan en la zona afirman que la situación se ha tornado en “insostenible”.

Según José González, los servicios sociales “se quedan sin dinero” y gran parte de la población acude a instituciones como Cáritas en busca de ayuda. Ante la falta de ayudas públicas, el párroco afirma que en los "últimos meses se ha producido una auténtica avalancha de personas. La situación nos desborda". Desde 2006, en el Polígono Sur se han regenerado infraestructuras, como bloques, aceras o paradas de autobús, pero no se ha intentado solucionar otros problemas más graves como el paro, la seguridad, la exclusión social o el absentismo escolar. "Con limosnas no se solucionará nunca los problemas", denuncia Rosario García, portavoz de Nosotros también somos Sevilla. Y es que si no se resuelven estos problemas de fondo, difícil resulta que se alcancen mejoras significativas.

En cuanto a la seguridad, la situación sigue como estaba. Aunque la presencia policial se ha incrementado, los vecinos se quejan de que cuando los agentes se marchan, las cosas vuelven rápidamente a su estado anterior. "Las familias tienen miedo. No se atreven ni siquiera a salir de sus casas por la tarde para acudir a la iglesia", reclama José González, párroco de Jesús Obrero. La plataforma vecinal Nosotros también somos Sevilla lleva años reclamando la creación de un cuerpo policial específico para el barrio. Por ahora, esta demanda no ha sido atendida, pero la agrupación anuncia protestas si sus reivindicaciones no son oídas.

Italia comienza a deportar inmigrantes

Según las modificaciones legislativas aprobadas por el Parlamento italiano en agosto, ser inmigrante en el país transalpino y carecer de papeles constituye un delito y puede ser castigado con la expulsión. Y las autoridades italianas ya han comenzado a aplicar la nueva ley. Un ciudadano argelino y otro de nacionalidad ucraniana han sido expulsados del país.
En una medida sin precedentes en Europa, el Gobierno de Berlusconi introdujo este hecho como delito de “clandestinidad” en el Código Penal. Además de convertirse la inmigración clandestina en delito, se autoriza la creación de patrullas ciudadanas para colaborar con la policía en la denuncia y detención de inmigrantes sin papeles. También se amplía el periodo de detención de estos a seis meses, el máximo permitido en Europa, se prohíbe realizar gestiones administrativas a los inmigrantes sin permiso de residencia y se les impide registrar a sus hijos recién nacidos.
Las nuevas medidas sobre inmigración y seguridad ciudadana fueron impulsadas por la Liga Norte, el partido ultraderechista con el que Berlusconi gobierna en coalición. Incluso, esta formación llegó a crear en su página web un juego llamado "Rebota al clandestino", en la que los jugadores conseguían puntos según el número de pateras que pudieran hundir en dirección a las costas italianas. La aplicación fue alegremente difundida por el partido a través de la red social Facebook.

La llegada de las lluvias torrenciales puede provocar un drama humanitario en Sri Lanka

La aproximación de la temporada de los monzones en el sudeste asiático amenaza la supervivencia de los más de 300.000 refugiados de la etnia tamil que se encuentran en campos de concentración tras la guerra que libraron las fuerzas gubernamentales y la guerrilla de Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE). Las lluvias torrenciales que se esperan para los próximos dos meses en la zona hacen presagiar que se puede alcanzar una situación humanitaria dramática. Y es que las lluvias caídas el pasado agosto ya anegaron Menik Farm, campo en el que se concentra la mayoría de los refugiados, por lo que se reducen las esperanzas de que las instalaciones aguanten más de dos meses de precipitaciones casi ininterrumpidas. Las organizaciones humanitarias advierten de que la situación humanitaria es “insostenible”.
El ejército de Sri Lanka tiene prohibida la entrada a los periodistas en los campos de concentración. Además, las autoridades están obstaculizando la labor de las ONG en la zona. Los desplazados conviven hacinados y tienen limitados los movimientos dentro de los campos. La mayoría de ellos se encuentran separados de sus familiares y el ejército ceilandés intimida mediante palizas y vejaciones a aquellos que se atreven a conversar con miembros de organizaciones humanitarias.

Wall Street, la avaricia por sistema

Hace ya bastante tiempo que nos quedó claro que los culpables de la crisis en la que nos encontramos inmersos fueron los altos ejecutivos de los bancos de inversión norteamericanos. Sin citar a nadie, el presidente Obama afirmó en los inicios de su mandato que la “codicia e irresponsabilidad por parte de algunos” habían dejado la economía norteamericana -más bien mundial- en una situación “muy debilitada”. Como consecuencia, grandes empresas como Lehman Brothers murieron ahogadas en la burbuja que ellas mismas habían creado. Fue entonces cuando otras instituciones, a las que también había salpicado la burbuja, reclamaron ayudas públicas para frenar la caída y reactivar la economía. El Gobierno consideraba que había bancos “demasiado grandes para hundirse” ya que se provocaría un caos financiero en el país, por lo que acudió en su auxilio. Entre las numerosas instituciones que acudieron al fondo de 491.000 millones de euros aportado por el Gobierno se encontraban los seis grandes bancos de Wall Street: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley Citigroup, Bank of America y Wells Fargo. De esta manera, el ejecutivo confundía rescatar a los bancos con rescatar a los banqueros y los accionistas. Según el economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz, ahora estas empresas “si hacen grandes apuestas y ganan, se largan con la recaudación; si les salen mal, el Gobierno paga la cuenta”.
De esta manera, el ejecutivo socializa las pérdidas y privatiza los beneficios de unas entidades que, no hay que olvidarlo, provocaron la crisis con su avaricia y falta de ética. Por ello, el congreso y el nuevo gobierno de Obama han puesto en el punto de mira a las instituciones que fueron rescatadas, con el objetivo de poner fin a las gigantescas primas y subsidios que obtienen los altos ejecutivos de las grandes entidades mientras estas se mantienen a flote gracias a las ayudas del Gobierno. Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó una ley para poner coto a estas prácticas en las entidades que han recibido ayudas públicas. Ahora falta que el Senado ratifique esta norma, a la que se opusieron una buena parte de los republicanos.

Sin embargo, los grandes de la banca, carentes de ética, desean volver cuanto antes a la situación del pasado. Un estudio elaborado por el inglés Insitute for Public Policy Research (IPPR) afirma que la rápida vuelta a la "cultura de las primas" para los directivos de la banca demuestra que la reforma en el sector ha sido "muy limitada". A pesar de que su rentabilidad lograda es ficticia y se basa en las ayudas otorgadas por el Gobierno, los seis grandes bancos de EEUU (Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley Citigroup, Bank of America y Wells Fargo) ya tienen puestos en reserva 52.000 millones de euros para pagar a sus ejecutivos y empleados. Esta cantidad, que incluye sueldos, seguros, pensiones y primas, supone un 20% más que en el primer trimestre de 2008. Para evitar ser controlados, Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Morgan Stanley devolvieron las ayudas a principios de este verano. El primero de ellos había abandonado su condición de banco de inversión el pasado invierno para poder acceder a estos fondos. Además, Citigroup está intentando encontrar un comprador para el 34% de su capital que actualmente está en manos del Estado para poder escapar al control del Gobierno.

El fiscal neoyorquino Andrew Cuomo, que investiga estas prácticas en el sector financiero, considera necesario cambiar el sistema actual de retribuciones. Según un estudio suyo, Citigroup, Merrill Lynch, Bank of America y otras seis grandes entidades pagaron el año pasado 32.600 millones en bonus, mientras recibieron 175.000 millones en fondos públicos. Los ciudadanos norteamericanos consideran que la vuelta a las prácticas del pasado es algo “terriblemente injusto, especialmente después de haber visto a los bancos desviar los miles de millones destinados a permitirles reactivar el préstamo hacia pagos de primas y dividendos gigantescos”, afirma Joseph Stiglitz.

El caso de HP
Si hablamos de primas desproporcionadas, el caso más sangrante lo ejemplifica Hewlett-Packard (HP), el gigante mundial de la informática, aunque esta no resultó beneficiada de las ayudas públicas. Su presidente ejecutivo, Mark Hurd, se llevó el pasado año 42 millones de dólares en compensaciones. La empresa, que ha visto crecer sus beneficios en un 15% desde la llegada de Hurd en 2005, considera apropiada la suma por el crecimiento “excepcional y sostenido” que ha experimentado bajo su mando. Sin embargo, desde su llegada se ha eliminado el plan de pensiones para los empleados más jóvenes y se ha despedido a un total de 40.000 personas. Mientras el precio de sus productos no para de subir, lo que sí lo hace es la calidad. La revista especializada PCWorld, tras encuestar a 44.000 lectores, afirmó que HP cayó a la última posición en confianza y servicios en portátiles e impresoras, y se encuentra también entre las peor consideradas en ordenadores de mesa.

El PSOE y el disparate extremeño

Hace ya algunos años que el desarrollo sostenible aparece en un lugar destacado del programa electoral del PSOE en nuestro país y en las Comunidades Autónomas en las que gobierna. Con lo cual, se anuncian a bombo y platillo las iniciativas sostenibles que se desarrollan con o sin el amparo de las instituciones regidas por el partido. Sin embargo, hay una Comunidad, Extremadura, en la que el ejecutivo está respaldando una iniciativa que nada tiene que ver con un tipo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente. Por ello, el Gobierno ha hecho todo lo posible por silenciar este tema. Se trata de la construcción de una refinería de petróleo. O sea que, para España apadrina un modelo de desarrollo sostenible y en Extremadura, la Comunidad más pobre, receta el modelo que se supone que el resto de la Nación está abandonando.

Desde hace varias décadas, la construcción de refinerías está cayendo en picado en los países desarrollados. Además, gran parte de ellas se encuentran instaladas en ciudades costeras para evitar así la contaminación de los ríos con el agua resultante de su limpieza. Bajo la promesa de la creación de 3.000 empleos, la Junta de Extremadura (en la que también gobierna el PSOE), se ha sacado de la manga esta “iniciativa innovadora” que el Gobierno central ha apoyado desde el principio. Además, las autoridades extremeñas cobijan otros proyectos destinados a convertir la región en el vertedero español, como centrales térmicas, la licencia de explotación de minas de uranio y la prolongación del periodo de vida de la Central Nuclear de Almaraz. Auténtico desarrollo sostenible.

El proyecto no es más que el enésimo favor del ejecutivo regional al empresario Alfonso Gallardo. Odiado por muchos y querido por otros tantos, pero siempre defendido a capa y espada por la Junta de Extremadura, Gallardo es uno de los principales productores europeos de acero, y ostenta además una cementera y varios medios de comunicación, entre otras muchas cosas. Pero también es uno de los empresarios más contaminantes del país y algunas de sus prácticas han rebasado la legalidad en varias ocasiones.

El disparate extremeño encontró rápido la oposición de su Comunidad vecina, Andalucía, ya que la instalación de la refinería requiere de la construcción de un oleoducto de 200 kilómetros que atravesará tierras andaluzas. En concreto, el oleoducto deberá transcurrir a través del pulmón de Andalucía, el Parque de Doñana, para que el petróleo pueda llegar a tierras extremeñas. De esta manera, se ponen en serio riesgo de contaminación y vertidos de crudo las costas onubenses además de Doñana. Es necesario recordar que Huelva es la Comunidad más afectada por los distintos tipos de cáncer existentes, según el Atlas Municipal de Mortalidad por Cáncer en España, debido a la existencia de una refinería (qué casualidad, justo lo que el Gobierno quiere recetar ahora para Extremadura) y un Polo Químico.
La Junta de Andalucía, también gobernada por el PSOE, rechazó el paso del oleoducto por sus tierras. Ante la contradicción entre las autoridades extremeñas y andaluzas, pertenecientes al mismo partido, como se ha dicho, el Gobierno central anunció que el proyecto seguiría adelante, salvo que el Ministerio de Medio Ambiente indicara lo contrario. La decisión final calibrará hasta qué punto el ejecutivo presidido por Zapatero cumple, o traiciona, sus palabras.

El desastre de Mugabe's Beach

Zimbabue vive una situación dramática y la comunidad internacional no acude al rescate. El nuevo Gobierno de unidad nacional trata de poner fin al colapso económico, político y sanitario que sufre el país.

Recientemente, el gobierno chino anunció la concesión de un crédito de 675 millones de euros a Zimbabue para remediar la desesperada coyuntura económica que sufre el país africano. Pero dicha cantidad resulta insuficiente frente a los cerca de 6.000 millones que el ejecutivo zimbabuense necesita para reconstruir el país. Nada queda ya de la antigua y próspera Rodesia, colonia que estuvo bajo protectorado inglés hasta 1980, año en que alcanzó su independencia. El nuevo primer ministro, Morgan Tsvangirai, ha llevado a cabo una gira por numerosos países, a los que ha solicitado ayuda económica. Pero la comunidad internacional se muestra contraria a aportar nada mientras Mugabe, el octogenario mandatario que ha dirigido al país de forma desastrosa durante casi treinta años, siga formando parte del ejecutivo. Salvo al gigante asiático, que esta entrando con fuerza en el continente africano, hace la visto gorda hacia las violaciones de los derechos humanos y no realiza ninguna injerencia política; sólo le importan los recursos naturales que cada país le ofrece.

Actualmente, en Zimbabue los sistemas político, económico y sanitario se encuentran en pésimas condiciones. En noviembre de 2008, el Gobierno dejó de medir la inflación porque esta se duplica diariamente. La mayoría de escuelas y hospitales permanecen cerrados porque no hay dinero para pagar a médicos y profesores. Ningún comerciante aceptaba ya los billetes de cien trillones de dólares zimbabuenses que el Gobierno imprimía, por lo que Mugabe se vio obligado a convertir el rand sudafricano en moneda de cambio oficial junto con la nacional. Además, más del 90% de la población se encuentra en paro. Y a principios de este año, un brote de cólera azotó el país, habiéndose cobrado hasta ahora más de 4.000 vidas. Mientras tres cuartas partes de la población no tiene para comer, altos mandos del ejército y funcionarios cercanos a Mugabe se hacen con la moneda extranjera al cambio oficial y la revenden a la población a precios muy por encima de mercado.

Si vivir en Zimbabue se antoja complicado, aún más resulta estar privado de libertad en una de las prisiones del país. Las prisiones albergan al triple de reclusos de los que pueden acoger. En la cárcel de Chikurbi, en Harare, mueren al mes una media de 60 reclusos debido a la falta de alimentos. Sólo algunos privilegiados consiguen probar el menú ofrecido en las prisiones, compuesto de harina mezclada con agua. Y es que, al no haber comida para todos, cada día se libran en las cárceles del país duras peleas por la supervivencia. Y las autoridades han reconocido que algunos presos se alimentan de ratas que cazan en las prisiones.

El desastre que sufre hoy Zimbabue comenzó en los años 90, cuando el Gobierno de Mugabe realizó grandes inversiones en servicios públicos, y desde ahí los gastos públicos no dejaron de crecer. La intervención en la Guerra del Congo (1998-2003) sólo sirvió para seguir vaciando aún más las arcas estatales. El colmo llegó en el año 2000, cuando Mugabe inició una cruzada mediante expropiaciones forzosas contra los granjeros blancos, propietarios de las mejores tierras, las cuales acabaron en manos de altos cargos del Ejército y lacayos del presidente. Pero estos nuevos dueños no tenían conocimientos agrícolas, con lo que ahí comenzó el colapso del sistema agrario del país, la principal fuente de subsistencia de la población hasta entonces. Además, ese mismo año dejó de pagarse la deuda externa. En palabras de Tony Hawkins, economista de la Universidad de Harare, "el declive se inicio cuando el gobierno, tras una inversión necesaria en escuelas, carreteras u hospitales, siguió manteniendo una política insostenible de gasto público". Pero estos gastos ya no se destinaban a servicios para la población, sino para el propio Mugabe y sus siervos. El presidente gastó 200.000 euros para celebrar por todo lo alto su 85 cumpleaños, mientras los hospitales del país permanecen desiertos ante la falta de medios. Y eso que en esta ocasión se habían recortado los gastos de la celebración, los cuales fueron cinco veces superiores el pasado año.

Tras la crisis económica vino la política. Mugabe fue perdiendo apoyo popular tras casi treinta años de mandato semi-dictatorial. Tanto que tuvo que amañar los comicios de marzo de este año para no tener que abandonar el poder, dejando al país al borde de la guerra civil. Para poner fin a la crisis política, en febrero la mediación internacional obligó a Mugabe a ofrecer a su rival en los comicios, Morgan Tsvangirai, la formación de un gobierno de unidad nacional encabezado por este, criticado por amplios sectores de ambos partidos y en el que las desconfianzas saltan a la vista.