Hace ya bastante tiempo que nos quedó claro que los culpables de la crisis en la que nos encontramos inmersos fueron los altos ejecutivos de los bancos de inversión norteamericanos. Sin citar a nadie, el presidente Obama afirmó en los inicios de su mandato que la “codicia e irresponsabilidad por parte de algunos” habían dejado la economía norteamericana -más bien mundial- en una situación “muy debilitada”. Como consecuencia, grandes empresas como Lehman Brothers murieron ahogadas en la burbuja que ellas mismas habían creado. Fue entonces cuando otras instituciones, a las que también había salpicado la burbuja, reclamaron ayudas públicas para frenar la caída y reactivar la economía. El Gobierno consideraba que había bancos “demasiado grandes para hundirse” ya que se provocaría un caos financiero en el país, por lo que acudió en su auxilio. Entre las numerosas instituciones que acudieron al fondo de 491.000 millones de euros aportado por el Gobierno se encontraban los seis grandes bancos de Wall Street: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley Citigroup, Bank of America y Wells Fargo. De esta manera, el ejecutivo confundía rescatar a los bancos con rescatar a los banqueros y los accionistas. Según el economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz, ahora estas empresas “si hacen grandes apuestas y ganan, se largan con la recaudación; si les salen mal, el Gobierno paga la cuenta”.
De esta manera, el ejecutivo socializa las pérdidas y privatiza los beneficios de unas entidades que, no hay que olvidarlo, provocaron la crisis con su avaricia y falta de ética. Por ello, el congreso y el nuevo gobierno de Obama han puesto en el punto de mira a las instituciones que fueron rescatadas, con el objetivo de poner fin a las gigantescas primas y subsidios que obtienen los altos ejecutivos de las grandes entidades mientras estas se mantienen a flote gracias a las ayudas del Gobierno. Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó una ley para poner coto a estas prácticas en las entidades que han recibido ayudas públicas. Ahora falta que el Senado ratifique esta norma, a la que se opusieron una buena parte de los republicanos.
Sin embargo, los grandes de la banca, carentes de ética, desean volver cuanto antes a la situación del pasado. Un estudio elaborado por el inglés Insitute for Public Policy Research (IPPR) afirma que la rápida vuelta a la "cultura de las primas" para los directivos de la banca demuestra que la reforma en el sector ha sido "muy limitada". A pesar de que su rentabilidad lograda es ficticia y se basa en las ayudas otorgadas por el Gobierno, los seis grandes bancos de EEUU (Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley Citigroup, Bank of America y Wells Fargo) ya tienen puestos en reserva 52.000 millones de euros para pagar a sus ejecutivos y empleados. Esta cantidad, que incluye sueldos, seguros, pensiones y primas, supone un 20% más que en el primer trimestre de 2008. Para evitar ser controlados, Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Morgan Stanley devolvieron las ayudas a principios de este verano. El primero de ellos había abandonado su condición de banco de inversión el pasado invierno para poder acceder a estos fondos. Además, Citigroup está intentando encontrar un comprador para el 34% de su capital que actualmente está en manos del Estado para poder escapar al control del Gobierno.
El fiscal neoyorquino Andrew Cuomo, que investiga estas prácticas en el sector financiero, considera necesario cambiar el sistema actual de retribuciones. Según un estudio suyo, Citigroup, Merrill Lynch, Bank of America y otras seis grandes entidades pagaron el año pasado 32.600 millones en bonus, mientras recibieron 175.000 millones en fondos públicos. Los ciudadanos norteamericanos consideran que la vuelta a las prácticas del pasado es algo “terriblemente injusto, especialmente después de haber visto a los bancos desviar los miles de millones destinados a permitirles reactivar el préstamo hacia pagos de primas y dividendos gigantescos”, afirma Joseph Stiglitz.
El caso de HP
Si hablamos de primas desproporcionadas, el caso más sangrante lo ejemplifica Hewlett-Packard (HP), el gigante mundial de la informática, aunque esta no resultó beneficiada de las ayudas públicas. Su presidente ejecutivo, Mark Hurd, se llevó el pasado año 42 millones de dólares en compensaciones. La empresa, que ha visto crecer sus beneficios en un 15% desde la llegada de Hurd en 2005, considera apropiada la suma por el crecimiento “excepcional y sostenido” que ha experimentado bajo su mando. Sin embargo, desde su llegada se ha eliminado el plan de pensiones para los empleados más jóvenes y se ha despedido a un total de 40.000 personas. Mientras el precio de sus productos no para de subir, lo que sí lo hace es la calidad. La revista especializada PCWorld, tras encuestar a 44.000 lectores, afirmó que HP cayó a la última posición en confianza y servicios en portátiles e impresoras, y se encuentra también entre las peor consideradas en ordenadores de mesa.
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