España, paraíso transgénico en Europa

PP y PSOE han convertido en política de Estado el apoyo al cultivo de organismos modificados

•        Alimentos transgénicos: el negocio de la alimentación

Sólo seis países europeos (España, República Checa, Portugal, Rumanía, Polonia y Eslovaquia) permiten actualmente la siembra de variedades transgénicas en su territorio. Sin embargo, nuestro país es el único de ellos que las cultiva a gran escala, concentrando en torno al 80% de la producción del continente. “España también puede presumir de dar cobijo al 42% de todos los cultivos experimentales que se llevan a cabo en Europa”, añade la organización Amigos de la Tierra. Además, somos uno de los grandes importadores de soja y maíz modificados genéticamente, especies que acaban en la cadena alimentaria de los seres humanos de manera directa o a través de piensos y otros productos que son elaborados a partir de ellas.

Escudándose en la supuesta ausencia de riesgos para la salud humana, los últimos gobiernos han otorgado un enorme poder a la industria transgénica. Ello explica la gran expansión que estos cultivos están experimentando en España. Pero, ¿a qué se debe este afán desmedido por la agricultura transgénica? Es algo que resulta difícil comprender, más aún si se tiene en cuenta que nuestro país cuenta con las condiciones idóneas para convertirse en toda una potencia mundial de la alimentación ecológica. Eso es precisamente lo que ha conseguido Andalucía en los últimos años, gracias a su apuesta decidida en favor de la agricultura tradicional, un sector que apenas está sufriendo la actual crisis económica.

La expansión de los transgénicos está creando problemas a cientos de agricultores por todo el país. Muchos de ellos sufren enormes pérdidas económicas debido a la contaminación de sus plantaciones tradicionales por parte de las modificadas. El Ministerio de Medio Ambiente, que niega reiteradamente los efectos adversos de la agricultura transgénica, ha tenido que reconocer la existencia de estos hechos. En el caso del maíz, el cultivo transgénico más extendido en nuestro país, esta contaminación está provocando la desaparición de plantaciones ecológicas en aquellos lugares en los que se cultivan OGM, y también dificulta la producción de piensos ecológicos en España. Además, los pocos agricultores que siguen apostando por la variedad tradicional ven cómo, año tras año, sus beneficios descienden debido a que los transgénicos están copando cada vez un mayor porcentaje del mercado.

La normativa europea exige la creación de un registro público con la localización exacta de las variedades transgénicas cultivadas, además del mantenimiento de una distancia de seguridad (en España son 50 metros) que separe las plantaciones transgénicas de las tradicionales para evitar la contaminación de estas a través del polen. Sin embargo, España nunca ha cumplido con la exigencia de localizar las plantaciones transgénicas. Solamente informa de la cantidad de hectáreas cultivadas en cada provincia, pero no de su ubicación. Además, las cifras ofrecidas son las que las empresas facilitan a las autoridades, que ni siquiera se molestan en corroborarlas. Greenpeace ha denunciado ante la Comisión Europea el incumplimiento de la normativa comunitaria en este aspecto. "España es el único país de la Unión Europea que permite el cultivo de variedades transgénicas a gran escala y lo lleva haciendo desde 1998 sin ninguna transparencia", señala Luís Ferreirim, responsable de la organización ecologista.

El Gobierno del PP pretende poner en marcha una regulación para la coexistencia de cultivos transgénicos y ecológicos, de cuyo contenido dependerá que se frene o se fomente la expansión de los OGM en nuestro país. Esta regulación fue una promesa del anterior gobierno socialista, el cual no fue capaz de llevarla a cabo debido a las presiones recibidas por ambas partes en el conflicto.

La normativa comunitaria también obliga a que los alimentos que contengan más de un 0.9% de sus ingredientes modificados genéticamente deben llevar una etiqueta informativa. Sin embargo, en España no se etiquetan alimentos como los huevos, la leche, carne o los derivados de la producción ganadera alimentada con piensos transgénicos. De esta manera, muchos consumidores ni siquiera pueden llegar a saber si los alimentos que compran proceden de organismos modificados.

El Gobierno transgénico

Una de las causas que explican la actual expansión de los OMG es la incesante presión que las autoridades nacionales reciben por parte de las compañías del sector agrotecnológico y del Gobierno de EEUU, su principal defensor a nivel internacional. En 2009, el entonces director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Jesús Casas, reconocía que las empresas como Monsanto “realizan una constante labor de lobby en el Ministerio” y que los casos de contaminación provocados por los cultivos transgénicos “son indignantes”.

A pesar del evidente apoyo que los gobiernos han brindado a la industria biotecnológica, a EEUU la preocupa el creciente rechazo de la sociedad hacia los transgénicos. Y es que la embajada estadounidense en nuestro país cree que "si España cae, el resto de Europa le seguirá". La complicidad entre Washington y Madrid en este aspecto es tal que, según los cables de Wikileaks publicados por El País, el ex secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, llegó a pedir a la embajada de Estados Unidos que “mantenga la presión” sobre la UE en favor de la agricultura transgénica.

Pero posiblemente la razón principal de la expansión de este tipo de agricultura en España se deba a la estrecha relación existente entre el poder político y las compañías del sector biotecnológico. Tal como denuncian diversas organizaciones ecologistas, la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), organismo encargado de verificar la idoneidad de los cultivos transgénicos en España, está formada en su mayoría por fervientes defensores de este tipo de agricultura. Diversos agentes sociales han denunciado públicamente la falta de legitimidad de la CNB en este sentido debido a la estrecha relación entre sus miembros y la industria transgénica. 

“Durante años, altos cargos, funcionarios y científicos del Gobierno han mantenido relaciones demasiado estrechas con la industria de los transgénicos, a la que tienen que regular y supervisar, lo que nos ha llevado a la actual situación. Por ética democrática hay que regular estas conductas de forma urgente, estableciendo estrictos códigos de conducta y regímenes de incompatibilidad”. David Sánchez, responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra.

Sin lugar a dudas, el de Rodríguez Zapatero merece ser considerado como el Gobierno más transgénico que ha tenido España hasta el momento. El ejecutivo socialista no sólo permitió un aumento notable en este tipo de cultivos en el país, sino que también se destacó como un fanático defensor de los mismos en los debates nacionales e internacionales. Durante su mandato, el ministerio de Ciencia e Innovación estuvo ocupado por firmes partidarios de la agricultura transgénica. Como Cristina Garmendia, quien antes de ocupar este cargo dirigía la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), además de ser accionista de la compañía Genetrix. Hasta Rosa Aguilar, que en el pasado se había mostrado contraria a la agricultura modificada, cambió su discurso nada más aterrizar en el Ministerio.

Por su parte, el actual Gobierno del Partido Popular ha continuado la senda de sus predecesores, destacándose como uno de los mayores partidarios de la industria transgénica en el mundo. Así, el ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Miguel Arias Cañete, ha llegado a afirmar que “el maíz transgénico es una opción más respetuosa con el medio ambiente que el maíz convencional”. El ministro también se muestra favorable a que "el bloqueo de facto de la UE [respecto a la aprobación de nuevas variedades transgénicas] termine cuanto antes".

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Desde hace varios años, nuestro país destina a la investigación biotecnológica un presupuesto muy superior al que recibe la agricultura tradicional. Según Amigos de la Tierra, este descarado respaldo a la industria transgénica “no se justifica si consideramos que la agricultura ecológica genera 25 veces más empleo y ocupa 16 veces más superficie en España”. ¿No sería mejor y más barato apostar desde el Estado por extender y apoyar un sistema de producción más sano, que no afecta al medio ambiente y que permite una mayor creación de empleo?

Sin embargo, y más precisamente en la actual situación de crisis económica, el poder político demuestra que su verdadera intención no es mejorar el bienestar de la población. “Con una tasa de paro tan elevada y una situación de completo abandono del medio rural, el Gobierno tiene que apostar por modelos de agricultura que generen empleo y tejido social en el campo, además de responder a la demanda social de alimentos sanos y de calidad, y modelos de agricultura que respeten el medio ambiente” afirma David Sánchez, representante de la organización Amigos de la Tierra.

Numerosos expertos, colectivos profesionales agrarios, grupos ecologistas y otros agentes sociales han pedido a los gobiernos la prohibición del cultivo de organismos modificados, instándole, además, a apostar por la agricultura ecológica. Muchos de ellos han suscrito la declaración Democracia, precaución y medio ambiente, donde se cuestionan las supuestas mejoras que la industria atribuye a los transgénicos y se destaca que sus impactos sobre el medio ambiente cada vez están más documentados, concluyendo que su uso "sólo beneficia a las multinacionales que los desarrollan y comercializan". Además, Greenpeace ha editado la Guía Verde y la Guía Roja, donde se detallan los productos libres de organismos transgénicos y los que contienen algún componente modificado.

Asimismo, cinco comunidades autónomas (Asturias, Baleares, Canarias, Galicia y País Vasco), varias comarcas al completo y unas 150 localidades se han declarado “zona libre de transgénicos”. Andalucía también formará parte próximamente de los lugares que prohíben el cultivo e importación de organismos modificados en su territorio. Precisamente, esta comunidad representa más del 50% de la producción ecológica nacional, a pesar de ocupar solamente el 18% del territorio del país.

Alimentos transgénicos: el negocio de la alimentación

El consumo de alimentos modificados genéticamente está generando una enorme polémica. Mientras se sigue discutiendo sobre su conveniencia, estos productos ya se encuentran en nuestra dieta, y muchos consumidores ni siquiera lo saben.

Artículo publicado en Sevilla Report

Se denominan alimentos transgénicos aquellos que han sido producidos a partir de un Organismo Genéticamente Modificado (OGM). Estos surgieron a raíz de los avances en el campo de la biotecnología, los cuales permitieron la manipulación de los genes de un ser vivo para modificar sus características. A simple vista, no existen diferencias entre un alimento transgénico y otro convencional, pero sí que las hay respecto a su origen genético. Para la obtención de un OGM se realiza un proceso en el que se separan determinadas partes del ADN de una especie para incorporarle nuevas características que permiten, por ejemplo, una mayor resistencia a los herbicidas. La mayoría de las investigaciones en este campo son realizadas por empresas privadas, como la norteamericana Monsanto, líder mundial en agrotecnología.  

Existen dos tipos de cultivos transgénicos: los diseñados para resistir plagas y los tolerantes a herbicidas. En la actualidad se utilizan en todo el mundo unas setenta variedades transgénicas, entre las que destacan el maíz, la soja y el algodón. Aunque muchos de ellos se usan para la elaboración de piensos animales, la mayoría acaban de igual forma en la cadena alimentaria de los seres humanos. Algunas variedades transgénicas, como el maíz, la soja y sus derivados, ya están presentes en más del 60% de los alimentos procesados, como chocolates, patatas fritas, margarina y algunos platos preparados. Muchas personas ni siquiera saben que están consumiendo alimentos cuyos genes han sido modificados. 

En la última década, el cultivo de transgénicos está experimentado un enorme crecimiento, al igual que su consumo. Sin embargo, su expansión está generando una enorme polémica. Los defensores de este tipo de agricultura alegan que las semillas modificadas permiten optimizar las cosechas y combatir los efectos del clima y las plagas, mientras que sus detractores advierten de los daños que puede provocar a la salud humana y al medio ambiente. Ambas posturas citan diversos estudios que respaldan sus argumentos, aunque muchos de ellos proceden de las propias partes interesadas.

Así, gran parte de las razones a favor del uso de organismos modificados proceden de las propias compañías que los comercializan. Estas alegan que no existen estudios rigurosos que desaconsejen el cultivo de transgénicos, e insisten en que su uso permite optimizar las cosechas, evitando que las plagas y las condiciones climáticas disminuyan el rendimiento de las mismas. “Lo que necesitamos es que la gente crea a los científicos en lugar de a Greenpeace”, opina Marc Van Montagu, uno de los creadores de este tipo de cultivos. Otros defensores de los OMG han llegado a argumentar que este sistema podría acabar con el hambre en el mundo. Sin embargo, esta teoría parece no tener en cuenta que dicho problema no se debe a la carencia de alimentos a nivel mundial, sino a su injusta distribución y a las normativas nacionales e internacionales que perpetúan la situación. La realidad es que a las grandes empresas del sector agroindustrial les interesa producir estos alimentos porque suponen una enorme fuente de beneficios y poder monopolístico, de manera que luchan por crear nuevos productos y patentarlos antes que sus competidores.

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Por su parte, los detractores de la agricultura transgénica advierten que el consumo de este tipo de alimentos lleva aparejados diversos riesgos que afectan a la salud humana, al medio ambiente y a la estructura económica y social de los lugares en los que son producidos. Entre las amenazas para la salud, los colectivos ecologistas advierten del uso abusivo de herbicidas, como el glifosato, el atrazina o el paraquat, que también son producidos por las mismas empresas. Esta necesidad va creciendo con el tiempo debido a que las plagas se hacen resistentes a los herbicidas. “Al igual que con los antibióticos, el uso continuado promueve cada vez mayor inmunidad en los organismos que se quiere combatir”, destaca la investigadora Silvia Ribeiro.

Algunos estudios han demostrado una mayor presencia de residuos tóxicos en los alimentos transgénicos que en los tradicionales, y alertan de los posibles daños en el sistema inmunológico, desequilibrios hormonales, etc. En numerosos lugares del mundo se ha registrado un importante  incremento de enfermedades y deformaciones físicas a causa del uso de estos tóxicos. Hay que terminar de raíz con este experimento masivo donde nos envenenan a todos para favorecer el lucro de unas cuantas trasnacionales”, añade Silvia Ribeiro.

Por otra parte, la agricultura transgénica también representa importantes riesgos para el medio ambiente, como la contaminación de variedades tradicionales por parte de las modificadas debido a la dispersión del polen por el viento. El tratamiento con herbicidas también podría infectar a otros cultivos colindantes, advierten las plataformas ecologistas. Además, el uso de productos químicos supone una amenaza para los suelos, los recursos hídricos y las especies vivas.

En cuanto a los riesgos para la estructura económica y social, es evidente que la expansión de los transgénicos supone una amenaza para la supervivencia de millones de agricultores en todo el mundo. Y es que las semillas modificadas están protegidas por estrictos derechos de propiedad intelectual. Las grandes empresas del sector pugnan por patentar y comercializar nuevas especies con la intención de crear un negocio monopolístico que convertiría a los agricultores en obligados clientes de estas. En este sentido, la extensión de los cultivos transgénicos constituye la privatización de uno de los derechos más básicos de las personas, el de la alimentación. Este monopolio de las multinacionales pone en riesgo la soberanía de los pueblos y de los países, como advierten numerosos agentes sociales. En diversas partes del mundo, las compañías han demandado a miles de agricultores por sembrar especies patentadas por ellas.

“El 21 de mayo 2004, el Tribunal Supremo de Canadá declaró a Percy Schmeiser culpable del insólito delito de utilizar para la siembra semillas de su propia cosecha, que contenían un gen “propiedad” de la multinacional agroquímica Monsanto. Schmeiser no tenía el menor interés en utilizar la variedad patentada por la compañía, pero el polen de campos transgénicos vecinos había contaminado su cultivo”. Ecologistas en Acción.

Asimismo, las semillas transgénicas valen de media un 10% más caras que las convencionales y deben comprarse año tras año, ya que están diseñadas para disminuir el rendimiento si se usan las de temporadas anteriores. Por lo tanto, no pueden almacenarse o intercambiarse, prácticas habituales en la agricultura tradicional. Esto reduce aún más el escaso margen de beneficios de los agricultores mientras las empresas productoras incrementan sus ingresos continuamente.

Los gigantes de la alimentación

Actualmente, el negocio de semillas transgénicas está manejado por seis empresas: Monsanto, Syngenta, Basf, Dow, Bayer y DuPont. Dichas compañías llevan décadas dedicándose a la fabricación de productos químicos, como fertilizantes o insecticidas, y también de otros como el napalm o el agente naranja, elementos tóxicos utilizados en numerosos conflictos armados. El uso de sus productos está asociado a diversos desastres ambientales y de la vida humana debido a la contaminación de alimentos, suelos y recursos hídricos. En países como Vietnam e India, aún hoy, siguen naciendo personas con problemas respiratorios, deformaciones o mayor probabilidad de padecer un cáncer durante su vida.

El caso es que las empresas agrotecnológicas se lanzaron a la fabricación de semillas transgénicas con el objetivo de adueñarse de todo el proceso de producción agraria, el cual supone una inacabable fuente de ingresos. Con el beneplácito de las autoridades internacionales, han convertido en negocio lo que debería ser un derecho universal básico. Monsanto, la empresa líder en el sector, controla actualmente el 90% de las patentes biotecnológicas. En el documental El mundo según Monsanto, la periodista francesa Marie-Monique Robin muestra que los vínculos de la empresa con los gobiernos estadounidenses provienen desde los años cuarenta del pasado siglo.

El Roto

La superficie cultivada con transgénicos no ha dejado de crecer desde los años noventa, al igual que su consumo. Actualmente hay en el mundo unos mil millones de hectáreas dedicadas a este tipo de agricultura, equivalente a la extensión de China. “El 85% de la soja que se consume en la UE está modificada genéticamente", afirma Carlos Vicente, director de Biotecnología de Monsanto. EEUU, Brasil, Argentina, India, Canadá y China son, por este orden, los mayores productores a nivel mundial, y representan más del 90% del total cultivado. Por su parte, España es el mayor productor europeo.

En los países donde se siembran organismos modificados, los agricultores tienen cada vez menos opciones. "La libertad de elección es más que dudosa, señala Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace. Hay agricultores que ni siquiera saben que están comprando transgénicos". Además, debido a la dispersión del polen, numerosas plantaciones ecológicas se han visto contaminadas por otras transgénicas, con las consiguientes pérdidas económicas para los agricultores. "Si mi maíz está contaminado, se desclasifica como ecológico. El único modo de evitar la contaminación es iniciar la siembra, que tocaría en mayo, a finales de junio. Pero retrasarla significa obtener 4.000 kilos de maíz en lugar de 8.000. Son demasiadas pérdidas. En el pueblo somos cuatro gatos, ¿cómo iba a denunciar a mis vecinos?", declara Juli Vergé, agricultor de la provincia de Lleida.

Con la excusa de mejorar la agricultura y acabar con el hambre en el mundo, los gobiernos y organismos internacionales están concediendo un enorme poder al imperio transgénico. Por este motivo, no existe una normativa específica para este tipo de alimentos a nivel internacional. Los principales productores no se adhieren a los escasos e insuficientes acuerdos existentes en este sentido, y presionan al resto de países para evitar cualquier regulación en este sentido, calificándolo como “barreras comerciales”.

EEUU considera que los organismos modificados no requieren una regulación especial a la del resto de alimentos, de manera que estos campan a sus anchas sin ningún impedimento. Por su parte, la Unión Europea ha establecido una regulación más restrictiva, aunque aún insuficiente, con normas relativas al uso, comercialización y el etiquetado de estos productos. Actualmente, en el espacio comunitario se permite la plantación de varios tipos de maíz y uno de patata, aunque este no está orientado al consumo humano. La variedad más extendida en el continente es el maíz Bt, que incluye un gen insecticida en las semillas, y cuya marca más vendida es la MON 810, producida por el gigante Monsanto.

A pesar de mantener una postura más cautelosa respecto a este tipo de agricultura, la Unión Europea muestra también una actitud complaciente hacia la industria transgénica. Es de sobra conocida la postura del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, a favor de este tipo de cultivos. Aunque cada país puede decidir si los permite o no, la Comisión tiene potestad para aprobar unilateralmente cualquier decisión en este sentido si no existe acuerdo entre los países. Y así lo hace. Escudándose en los informes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), criticados por los grupos ecologistas por su falta de independencia, el ejecutivo comunitario concede cada vez más licencias para la plantación de nuevos productos modificados.

Los principales valedores de los cultivos transgénicos son Holanda y España, el principal productor y uno de los mayores importadores de este tipo de alimentos en el continente. Mientras, hay otros países (Francia, Austria, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Irlanda, Grecia, Italia y Rumanía) que, basándose en sus propios estudios científicos, mantienen una actitud de precaución al respecto y han establecido restricciones y periodos de moratoria al cultivo de estas especies. Para establecer su prohibición, Francia argumentó la posible contaminación de plantaciones ecológicas por parte de las transgénicas, alegando que la dispersión del polen puede alcanzar distancias "kilométricas". Por su parte, Alemania ha vetado recientemente el cultivo de una modalidad transgénica de Monsanto destacando que existen "pruebas suficientes de que el maíz del tipo MON 810 implica un deterioro del medio ambiente", según destacó la ministra de Agricultura Ilse Aigner.

Las organizaciones ecologistas advierten de que el espacio comunitario carece de legislación relativa a la responsabilidad en caso de daños a la salud y al medio ambiente. A pesar de que la normativa exige el etiquetado de todos los alimentos procedentes de OMG, Ecologistas en Acción considera una “trampa” que estén exentos de esta obligación la leche, los huevos y la carne de animales alimentados con piensos transgénicos. “Teniendo en cuenta que la mayor parte de los cultivos transgénicos actuales (soja, maíz, colza) van destinados a piensos compuestos, esto quiere decir que los transgénicos siguen entrando en la cadena alimentaria sin que el consumidor pueda percibirlo, y decidir por tanto si quiere consumir este tipo de productos o no”, añade la organización. 

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El corralito español

Unas 700.000 familias tienen atrapados sus ahorros en las participaciones preferentes.

Publicado en Sevilla Report 

• Voracidad preferente

A pesar de las irregularidades cometidas en su comercialización, las participaciones preferentes funcionaron sin sobresaltos en nuestro país durante casi una década. Sin embargo, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se convirtieron en una inversión aún más peligrosa si cabe. Y es que el descenso de la cotización en los mercados bursátiles disminuyó notablemente su precio, de manera que, los propietarios estaban perdiendo gran parte de la inversión. Además, cómo las entidades que las emitieron acumularon enormes pérdidas a partir de 2008, dejaron de estar obligadas a abonar los intereses a los propietarios de este producto. Es más, las nuevas medidas tomadas para el saneamiento del sector financiero permitieron a los bancos y cajas negar el pago de los intereses de las preferentes durante un año aunque no tengan pérdidas.

Entonces, muchos clientes se dirigieron a las oficinas donde habían contratado el producto, con la intención de informarse e intentar recuperar su dinero cuanto antes. Fue en aquel momento cuando se dieron cuenta de que sus ahorros se encuentran atrapados en una inversión perpetua de altísimo riesgo. “Ya no sabemos dónde recurrir, estamos desesperadas. Por culpa del banco, a mi madre se le ha ido el sueño. No sabemos qué hacer para que nos devuelvan lo que es nuestro”, declaró a El País Rosa Ordóñez, una de las afectadas.

Se estima que los bancos y cajas españoles emitieron más de 30.000 millones de euros en preferentes entre 1999 y 2011. Fueron más de 50 las entidades que comercializaron este producto por todo el país. La cifra total de afectados supera los 700.000, según datos de Adicae. Solamente en Bankia, hay unas  100.000 personas cuyos ahorros se encuentran actualmente retenidos. Pero la entidad líder en la comercialización de preferentes fue La Caixa, con casi 5.000 millones de euros emitidos en esta inversión. 

Las entidades rechazaron canjear las preferentes, a pesar de que muchas de ellas recibieron miles de millones de euros del erario público. “Cuando vamos a preguntar, nos dan largas. No nos ofrecen ninguna solución que nos convenza. En todas las posibles alternativas somos nosotras las que salimos perdiendo”, añade Rosa Ordóñez, una de las miles de personas afectadas. Ahora, según Alberto Garzón, “los reguladores se limpian las manos asegurando que hicieron lo que las leyes dictaban –revelando la insuficiencia legislativa– y los directivos de las entidades financieras aseguran que no son culpables. Usaron y engañaron a los pequeños ahorradores para satisfacer su ambición especulativa y su infinita avaricia, pero las leyes les siguen protegiendo”. 

De esta manera, las participaciones preferentes son actualmente el ejemplo más cercano al corralito que sufrió Argentina en 2001, cuando las autoridades impusieron severas limitaciones a la retirada de fondos del sistema bancario, lo cual paralizó la economía. Estas medidas fueron las que acabaron provocando un estallido social que convirtió en ingobernable el país (cinco presidentes dimitieron en una semana) y obligaron a dar marcha atrás en el camino emprendido.  

Han surgido diversas plataformas de afectados por las participaciones preferentes, y muchos de ellos han recurrido de manera individual a la justicia. Sin embargo, un porcentaje importante de los afectados se resiste a denunciar a las instituciones bancarias porque creen que, si estas han conseguido engañarles, también podrían ganarles el juicio. Las plataformas propusieron la puesta en marcha de una investigación para determinar las posibles responsabilidades de las entidades financieras. Sin embargo, el PP, con su mayoría parlamentaria, vetó esta posibilidad.

Adicae ha presentado numerosas demandas colectivas sobre la comercialización de preferentes, y también ha denunciado ante la CNMV a las 52 entidades que emitieron este producto, instando al citado organismo a iniciar una investigación exhaustiva. “Estas demandas van en contra de la comercialización de las preferentes para demostrar que ha habido un fraude generalizado a todos los cientos de miles de familias que han caído en manos de la usura y la rapiña de la banca”, señala la plataforma de usuarios. 

Foto: Adicae

Actualmente, se investigan en los tribunales miles de irregularidades en la comercialización de este producto, como la venta a personas sin conocimientos financieros, la existencia de cláusulas abusivas o la falsificación de firmas en los contratos. La simple demostración de que muchos clientes no sabían lo que contrataban debería bastar para invalidar los contratos y recuperar la inversión, pero no parece que vaya a ser tan fácil. Eso sí, hasta ahora, la mayoría de casos resueltos mediante esta fórmula han obligado a las entidades a indemnizar a sus clientes con el 100% del capital invertido. 

Ante la presión ciudadana, la mayoría de entidades han ido ofreciendo el canje de sus participaciones preferentes por otros productos como los depósitos a plazo fijo o las acciones de la empresa. Estas ofertas de canje suponen un reconocimiento explícito por parte de la banca a los abusos que han venido realizando en los últimos años. Hasta el momento, se han intercambiado unos 11.000 millones de euros en estos títulos. En estos casos, las preferentes se suelen reconocer al mismo precio al que fueron vendidas. Sin embargo, con estos productos, que también dependen de los vaivenes de la Bolsa, los inversores tienen actualmente muchas posibilidades de perder parte de su inversión. 

En este sentido, al concretar el rescate a nuestra banca, la Unión Europea impuso la obligación de que, en las entidades que han sido nacionalizadas, estos títulos se canjeen obligatoriamente a precio de mercado (es decir, con pérdidas en la inversión inicial), más una compensación opcional que no podrá exceder el 10% de su valor. "Los titulares de preferentes de entidades rescatadas deberán contribuir a su reestructuración con sus propios recursos", señaló el ministro De Guindos. Y es que la UE ha decidido considerar a los afectados por este producto como “inversores” y no como “ahorradores”, sin tener en cuenta la abusiva comercialización del mismo. 

Siguiendo esta indicación, Bankia ha ofrecido un canje en el que las participaciones preferentes se intercambiarán obligatoriamente por acciones con una pérdida de valor del 39% (de manera que se reconocen al 61% de su precio original). Los clientes que no estén de acuerdo pueden acudir a un proceso de arbitraje, según señala la entidad. Por su parte, el Banco de Valencia (hoy integrado en Caixabank) ha establecido un canje de preferentes al 10% del valor nominal, de manera que los inversores perderán el 90% de su inversión. Y con el dinero que reciban, estarán obligados a acudir a una ampliación de capital de la entidad, en la cual este se convertirá en acciones de Caixabank. Así pues, los sufridos clientes no sólo perderán gran parte de lo aportado, sino que deberán participar, sin desearlo, en un proceso que aumentará el tamaño de la entidad y que, por tanto, sólo le beneficiará a ella. 

Otras compañías han ofrecido a sus clientes acudir al arbitraje de otra institución para determinar el porcentaje de la inversión que podrán recuperar. Esta solución es la que proponen también el Gobierno y los partidos mayoritarios, y se aplicará en todas las entidades que han recibido ayudas públicas. Sin embargo, el arbitraje no contenta del todo a los afectados, ya que cierra la opción de recurrir judicialmente el caso. Además, no todos los inversores podrán acudir a esta vía, ya que está pensada principalmente para los casos más flagrantes. Por ello, las plataformas de afectados critican que el plan de los grandes partidos no tiene en cuenta al 80% de los propietarios de participaciones preferentes. 

Para iniciar un proceso de arbitraje, la entidad emisora debe dar su consentimiento anteriormente. Aunque aún no ha sido autorizada por la Unión Europea, esta solución es la que ya han acordado con sus clientes algunas entidades, como NovaCaixa Galicia o Catalunya Bank. Bankia, por su parte, iniciará un proceso de arbitraje cuando todos los títulos se hayan intercambiado por acciones. En algunos casos ya se ha dado la razón a los clientes, obligando a las entidades a devolverles el total de la inversión. 

Es importante recordar que, mientras el escándalo de las preferentes fue creciendo, el poder político se mantuvo ausente. Durante años, los partidos mayoritarios (los únicos que tienen en sus manos acabar con esta situación) han mirado para otro lado a pesar de las numerosas evidencias de fraude. Sólo aparecieron en escena cuando les obligó el clamor social generado en torno a esta enorme estafa. 

Fue entonces cuando se iniciaron procesos de arbitraje público que fueron transferidos a los organismos autónomos de consumo. Posteriormente, tras el rescate bancario, la Unión Europea impuso la obligación de llevar a cabo quitas (penalizaciones) en la cantidad que recibirían los afectados, salvo los que acudan a los tribunales de justicia. Así, según indicó el ministro de Economía, Luis De Guindos, los clientes que se sometan al arbitraje podrían recuperar hasta un 60% de la inversión que realizaron como máximo. “En la mayor parte de los casos tendrán que aceptar canjes por instrumentos computables como recursos propios de primera calidad, es decir, por acciones nuevas de las entidades tras su saneamiento”, añadió De Guindos. 

A finales de enero, PP y PSOE pactaron la creación de una comisión parlamentaria que definirá los criterios que deberán cumplir los clientes para que les sea devuelto todo el dinero invertido en las entidades que han sido rescatadas por el Estado. Dicha comisión supervisará a partir de ahora los procesos de arbitraje autonómico, y será la encargada de determinar qué clientes fueron estafados al adquirir este producto. Está por ver lo lejos que quiere llegar dicha comisión, que aún no se ha reunido por primera vez, en este asunto.

Parece difícil que la solución ofrecida por los grandes partidos satisfaga a los afectados. Mientras, Adicae insiste en que “la única solución posible para los más de 700.000 afectados es la devolución total de todos los ahorros defraudados por la comercialización engañosa, ilegal e ilegítima de las participaciones preferentes”.

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