Hace ya algunos años que el desarrollo sostenible aparece en un lugar destacado del programa electoral del PSOE en nuestro país y en las Comunidades Autónomas en las que gobierna. Con lo cual, se anuncian a bombo y platillo las iniciativas sostenibles que se desarrollan con o sin el amparo de las instituciones regidas por el partido. Sin embargo, hay una Comunidad, Extremadura, en la que el ejecutivo está respaldando una iniciativa que nada tiene que ver con un tipo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente. Por ello, el Gobierno ha hecho todo lo posible por silenciar este tema. Se trata de la construcción de una refinería de petróleo. O sea que, para España apadrina un modelo de desarrollo sostenible y en Extremadura, la Comunidad más pobre, receta el modelo que se supone que el resto de la Nación está abandonando.
Desde hace varias décadas, la construcción de refinerías está cayendo en picado en los países desarrollados. Además, gran parte de ellas se encuentran instaladas en ciudades costeras para evitar así la contaminación de los ríos con el agua resultante de su limpieza. Bajo la promesa de la creación de 3.000 empleos, la Junta de Extremadura (en la que también gobierna el PSOE), se ha sacado de la manga esta “iniciativa innovadora” que el Gobierno central ha apoyado desde el principio. Además, las autoridades extremeñas cobijan otros proyectos destinados a convertir la región en el vertedero español, como centrales térmicas, la licencia de explotación de minas de uranio y la prolongación del periodo de vida de la Central Nuclear de Almaraz. Auténtico desarrollo sostenible.
El proyecto no es más que el enésimo favor del ejecutivo regional al empresario Alfonso Gallardo. Odiado por muchos y querido por otros tantos, pero siempre defendido a capa y espada por la Junta de Extremadura, Gallardo es uno de los principales productores europeos de acero, y ostenta además una cementera y varios medios de comunicación, entre otras muchas cosas. Pero también es uno de los empresarios más contaminantes del país y algunas de sus prácticas han rebasado la legalidad en varias ocasiones.
El disparate extremeño encontró rápido la oposición de su Comunidad vecina, Andalucía, ya que la instalación de la refinería requiere de la construcción de un oleoducto de 200 kilómetros que atravesará tierras andaluzas. En concreto, el oleoducto deberá transcurrir a través del pulmón de Andalucía, el Parque de Doñana, para que el petróleo pueda llegar a tierras extremeñas. De esta manera, se ponen en serio riesgo de contaminación y vertidos de crudo las costas onubenses además de Doñana. Es necesario recordar que Huelva es la Comunidad más afectada por los distintos tipos de cáncer existentes, según el Atlas Municipal de Mortalidad por Cáncer en España, debido a la existencia de una refinería (qué casualidad, justo lo que el Gobierno quiere recetar ahora para Extremadura) y un Polo Químico.
La Junta de Andalucía, también gobernada por el PSOE, rechazó el paso del oleoducto por sus tierras. Ante la contradicción entre las autoridades extremeñas y andaluzas, pertenecientes al mismo partido, como se ha dicho, el Gobierno central anunció que el proyecto seguiría adelante, salvo que el Ministerio de Medio Ambiente indicara lo contrario. La decisión final calibrará hasta qué punto el ejecutivo presidido por Zapatero cumple, o traiciona, sus palabras.
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