Italia comienza a deportar inmigrantes

Según las modificaciones legislativas aprobadas por el Parlamento italiano en agosto, ser inmigrante en el país transalpino y carecer de papeles constituye un delito y puede ser castigado con la expulsión. Y las autoridades italianas ya han comenzado a aplicar la nueva ley. Un ciudadano argelino y otro de nacionalidad ucraniana han sido expulsados del país.
En una medida sin precedentes en Europa, el Gobierno de Berlusconi introdujo este hecho como delito de “clandestinidad” en el Código Penal. Además de convertirse la inmigración clandestina en delito, se autoriza la creación de patrullas ciudadanas para colaborar con la policía en la denuncia y detención de inmigrantes sin papeles. También se amplía el periodo de detención de estos a seis meses, el máximo permitido en Europa, se prohíbe realizar gestiones administrativas a los inmigrantes sin permiso de residencia y se les impide registrar a sus hijos recién nacidos.
Las nuevas medidas sobre inmigración y seguridad ciudadana fueron impulsadas por la Liga Norte, el partido ultraderechista con el que Berlusconi gobierna en coalición. Incluso, esta formación llegó a crear en su página web un juego llamado "Rebota al clandestino", en la que los jugadores conseguían puntos según el número de pateras que pudieran hundir en dirección a las costas italianas. La aplicación fue alegremente difundida por el partido a través de la red social Facebook.

La llegada de las lluvias torrenciales puede provocar un drama humanitario en Sri Lanka

La aproximación de la temporada de los monzones en el sudeste asiático amenaza la supervivencia de los más de 300.000 refugiados de la etnia tamil que se encuentran en campos de concentración tras la guerra que libraron las fuerzas gubernamentales y la guerrilla de Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE). Las lluvias torrenciales que se esperan para los próximos dos meses en la zona hacen presagiar que se puede alcanzar una situación humanitaria dramática. Y es que las lluvias caídas el pasado agosto ya anegaron Menik Farm, campo en el que se concentra la mayoría de los refugiados, por lo que se reducen las esperanzas de que las instalaciones aguanten más de dos meses de precipitaciones casi ininterrumpidas. Las organizaciones humanitarias advierten de que la situación humanitaria es “insostenible”.
El ejército de Sri Lanka tiene prohibida la entrada a los periodistas en los campos de concentración. Además, las autoridades están obstaculizando la labor de las ONG en la zona. Los desplazados conviven hacinados y tienen limitados los movimientos dentro de los campos. La mayoría de ellos se encuentran separados de sus familiares y el ejército ceilandés intimida mediante palizas y vejaciones a aquellos que se atreven a conversar con miembros de organizaciones humanitarias.

Wall Street, la avaricia por sistema

Hace ya bastante tiempo que nos quedó claro que los culpables de la crisis en la que nos encontramos inmersos fueron los altos ejecutivos de los bancos de inversión norteamericanos. Sin citar a nadie, el presidente Obama afirmó en los inicios de su mandato que la “codicia e irresponsabilidad por parte de algunos” habían dejado la economía norteamericana -más bien mundial- en una situación “muy debilitada”. Como consecuencia, grandes empresas como Lehman Brothers murieron ahogadas en la burbuja que ellas mismas habían creado. Fue entonces cuando otras instituciones, a las que también había salpicado la burbuja, reclamaron ayudas públicas para frenar la caída y reactivar la economía. El Gobierno consideraba que había bancos “demasiado grandes para hundirse” ya que se provocaría un caos financiero en el país, por lo que acudió en su auxilio. Entre las numerosas instituciones que acudieron al fondo de 491.000 millones de euros aportado por el Gobierno se encontraban los seis grandes bancos de Wall Street: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley Citigroup, Bank of America y Wells Fargo. De esta manera, el ejecutivo confundía rescatar a los bancos con rescatar a los banqueros y los accionistas. Según el economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz, ahora estas empresas “si hacen grandes apuestas y ganan, se largan con la recaudación; si les salen mal, el Gobierno paga la cuenta”.
De esta manera, el ejecutivo socializa las pérdidas y privatiza los beneficios de unas entidades que, no hay que olvidarlo, provocaron la crisis con su avaricia y falta de ética. Por ello, el congreso y el nuevo gobierno de Obama han puesto en el punto de mira a las instituciones que fueron rescatadas, con el objetivo de poner fin a las gigantescas primas y subsidios que obtienen los altos ejecutivos de las grandes entidades mientras estas se mantienen a flote gracias a las ayudas del Gobierno. Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó una ley para poner coto a estas prácticas en las entidades que han recibido ayudas públicas. Ahora falta que el Senado ratifique esta norma, a la que se opusieron una buena parte de los republicanos.

Sin embargo, los grandes de la banca, carentes de ética, desean volver cuanto antes a la situación del pasado. Un estudio elaborado por el inglés Insitute for Public Policy Research (IPPR) afirma que la rápida vuelta a la "cultura de las primas" para los directivos de la banca demuestra que la reforma en el sector ha sido "muy limitada". A pesar de que su rentabilidad lograda es ficticia y se basa en las ayudas otorgadas por el Gobierno, los seis grandes bancos de EEUU (Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley Citigroup, Bank of America y Wells Fargo) ya tienen puestos en reserva 52.000 millones de euros para pagar a sus ejecutivos y empleados. Esta cantidad, que incluye sueldos, seguros, pensiones y primas, supone un 20% más que en el primer trimestre de 2008. Para evitar ser controlados, Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Morgan Stanley devolvieron las ayudas a principios de este verano. El primero de ellos había abandonado su condición de banco de inversión el pasado invierno para poder acceder a estos fondos. Además, Citigroup está intentando encontrar un comprador para el 34% de su capital que actualmente está en manos del Estado para poder escapar al control del Gobierno.

El fiscal neoyorquino Andrew Cuomo, que investiga estas prácticas en el sector financiero, considera necesario cambiar el sistema actual de retribuciones. Según un estudio suyo, Citigroup, Merrill Lynch, Bank of America y otras seis grandes entidades pagaron el año pasado 32.600 millones en bonus, mientras recibieron 175.000 millones en fondos públicos. Los ciudadanos norteamericanos consideran que la vuelta a las prácticas del pasado es algo “terriblemente injusto, especialmente después de haber visto a los bancos desviar los miles de millones destinados a permitirles reactivar el préstamo hacia pagos de primas y dividendos gigantescos”, afirma Joseph Stiglitz.

El caso de HP
Si hablamos de primas desproporcionadas, el caso más sangrante lo ejemplifica Hewlett-Packard (HP), el gigante mundial de la informática, aunque esta no resultó beneficiada de las ayudas públicas. Su presidente ejecutivo, Mark Hurd, se llevó el pasado año 42 millones de dólares en compensaciones. La empresa, que ha visto crecer sus beneficios en un 15% desde la llegada de Hurd en 2005, considera apropiada la suma por el crecimiento “excepcional y sostenido” que ha experimentado bajo su mando. Sin embargo, desde su llegada se ha eliminado el plan de pensiones para los empleados más jóvenes y se ha despedido a un total de 40.000 personas. Mientras el precio de sus productos no para de subir, lo que sí lo hace es la calidad. La revista especializada PCWorld, tras encuestar a 44.000 lectores, afirmó que HP cayó a la última posición en confianza y servicios en portátiles e impresoras, y se encuentra también entre las peor consideradas en ordenadores de mesa.

El PSOE y el disparate extremeño

Hace ya algunos años que el desarrollo sostenible aparece en un lugar destacado del programa electoral del PSOE en nuestro país y en las Comunidades Autónomas en las que gobierna. Con lo cual, se anuncian a bombo y platillo las iniciativas sostenibles que se desarrollan con o sin el amparo de las instituciones regidas por el partido. Sin embargo, hay una Comunidad, Extremadura, en la que el ejecutivo está respaldando una iniciativa que nada tiene que ver con un tipo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente. Por ello, el Gobierno ha hecho todo lo posible por silenciar este tema. Se trata de la construcción de una refinería de petróleo. O sea que, para España apadrina un modelo de desarrollo sostenible y en Extremadura, la Comunidad más pobre, receta el modelo que se supone que el resto de la Nación está abandonando.

Desde hace varias décadas, la construcción de refinerías está cayendo en picado en los países desarrollados. Además, gran parte de ellas se encuentran instaladas en ciudades costeras para evitar así la contaminación de los ríos con el agua resultante de su limpieza. Bajo la promesa de la creación de 3.000 empleos, la Junta de Extremadura (en la que también gobierna el PSOE), se ha sacado de la manga esta “iniciativa innovadora” que el Gobierno central ha apoyado desde el principio. Además, las autoridades extremeñas cobijan otros proyectos destinados a convertir la región en el vertedero español, como centrales térmicas, la licencia de explotación de minas de uranio y la prolongación del periodo de vida de la Central Nuclear de Almaraz. Auténtico desarrollo sostenible.

El proyecto no es más que el enésimo favor del ejecutivo regional al empresario Alfonso Gallardo. Odiado por muchos y querido por otros tantos, pero siempre defendido a capa y espada por la Junta de Extremadura, Gallardo es uno de los principales productores europeos de acero, y ostenta además una cementera y varios medios de comunicación, entre otras muchas cosas. Pero también es uno de los empresarios más contaminantes del país y algunas de sus prácticas han rebasado la legalidad en varias ocasiones.

El disparate extremeño encontró rápido la oposición de su Comunidad vecina, Andalucía, ya que la instalación de la refinería requiere de la construcción de un oleoducto de 200 kilómetros que atravesará tierras andaluzas. En concreto, el oleoducto deberá transcurrir a través del pulmón de Andalucía, el Parque de Doñana, para que el petróleo pueda llegar a tierras extremeñas. De esta manera, se ponen en serio riesgo de contaminación y vertidos de crudo las costas onubenses además de Doñana. Es necesario recordar que Huelva es la Comunidad más afectada por los distintos tipos de cáncer existentes, según el Atlas Municipal de Mortalidad por Cáncer en España, debido a la existencia de una refinería (qué casualidad, justo lo que el Gobierno quiere recetar ahora para Extremadura) y un Polo Químico.
La Junta de Andalucía, también gobernada por el PSOE, rechazó el paso del oleoducto por sus tierras. Ante la contradicción entre las autoridades extremeñas y andaluzas, pertenecientes al mismo partido, como se ha dicho, el Gobierno central anunció que el proyecto seguiría adelante, salvo que el Ministerio de Medio Ambiente indicara lo contrario. La decisión final calibrará hasta qué punto el ejecutivo presidido por Zapatero cumple, o traiciona, sus palabras.

El desastre de Mugabe's Beach

Zimbabue vive una situación dramática y la comunidad internacional no acude al rescate. El nuevo Gobierno de unidad nacional trata de poner fin al colapso económico, político y sanitario que sufre el país.

Recientemente, el gobierno chino anunció la concesión de un crédito de 675 millones de euros a Zimbabue para remediar la desesperada coyuntura económica que sufre el país africano. Pero dicha cantidad resulta insuficiente frente a los cerca de 6.000 millones que el ejecutivo zimbabuense necesita para reconstruir el país. Nada queda ya de la antigua y próspera Rodesia, colonia que estuvo bajo protectorado inglés hasta 1980, año en que alcanzó su independencia. El nuevo primer ministro, Morgan Tsvangirai, ha llevado a cabo una gira por numerosos países, a los que ha solicitado ayuda económica. Pero la comunidad internacional se muestra contraria a aportar nada mientras Mugabe, el octogenario mandatario que ha dirigido al país de forma desastrosa durante casi treinta años, siga formando parte del ejecutivo. Salvo al gigante asiático, que esta entrando con fuerza en el continente africano, hace la visto gorda hacia las violaciones de los derechos humanos y no realiza ninguna injerencia política; sólo le importan los recursos naturales que cada país le ofrece.

Actualmente, en Zimbabue los sistemas político, económico y sanitario se encuentran en pésimas condiciones. En noviembre de 2008, el Gobierno dejó de medir la inflación porque esta se duplica diariamente. La mayoría de escuelas y hospitales permanecen cerrados porque no hay dinero para pagar a médicos y profesores. Ningún comerciante aceptaba ya los billetes de cien trillones de dólares zimbabuenses que el Gobierno imprimía, por lo que Mugabe se vio obligado a convertir el rand sudafricano en moneda de cambio oficial junto con la nacional. Además, más del 90% de la población se encuentra en paro. Y a principios de este año, un brote de cólera azotó el país, habiéndose cobrado hasta ahora más de 4.000 vidas. Mientras tres cuartas partes de la población no tiene para comer, altos mandos del ejército y funcionarios cercanos a Mugabe se hacen con la moneda extranjera al cambio oficial y la revenden a la población a precios muy por encima de mercado.

Si vivir en Zimbabue se antoja complicado, aún más resulta estar privado de libertad en una de las prisiones del país. Las prisiones albergan al triple de reclusos de los que pueden acoger. En la cárcel de Chikurbi, en Harare, mueren al mes una media de 60 reclusos debido a la falta de alimentos. Sólo algunos privilegiados consiguen probar el menú ofrecido en las prisiones, compuesto de harina mezclada con agua. Y es que, al no haber comida para todos, cada día se libran en las cárceles del país duras peleas por la supervivencia. Y las autoridades han reconocido que algunos presos se alimentan de ratas que cazan en las prisiones.

El desastre que sufre hoy Zimbabue comenzó en los años 90, cuando el Gobierno de Mugabe realizó grandes inversiones en servicios públicos, y desde ahí los gastos públicos no dejaron de crecer. La intervención en la Guerra del Congo (1998-2003) sólo sirvió para seguir vaciando aún más las arcas estatales. El colmo llegó en el año 2000, cuando Mugabe inició una cruzada mediante expropiaciones forzosas contra los granjeros blancos, propietarios de las mejores tierras, las cuales acabaron en manos de altos cargos del Ejército y lacayos del presidente. Pero estos nuevos dueños no tenían conocimientos agrícolas, con lo que ahí comenzó el colapso del sistema agrario del país, la principal fuente de subsistencia de la población hasta entonces. Además, ese mismo año dejó de pagarse la deuda externa. En palabras de Tony Hawkins, economista de la Universidad de Harare, "el declive se inicio cuando el gobierno, tras una inversión necesaria en escuelas, carreteras u hospitales, siguió manteniendo una política insostenible de gasto público". Pero estos gastos ya no se destinaban a servicios para la población, sino para el propio Mugabe y sus siervos. El presidente gastó 200.000 euros para celebrar por todo lo alto su 85 cumpleaños, mientras los hospitales del país permanecen desiertos ante la falta de medios. Y eso que en esta ocasión se habían recortado los gastos de la celebración, los cuales fueron cinco veces superiores el pasado año.

Tras la crisis económica vino la política. Mugabe fue perdiendo apoyo popular tras casi treinta años de mandato semi-dictatorial. Tanto que tuvo que amañar los comicios de marzo de este año para no tener que abandonar el poder, dejando al país al borde de la guerra civil. Para poner fin a la crisis política, en febrero la mediación internacional obligó a Mugabe a ofrecer a su rival en los comicios, Morgan Tsvangirai, la formación de un gobierno de unidad nacional encabezado por este, criticado por amplios sectores de ambos partidos y en el que las desconfianzas saltan a la vista.

“Desde que pusieron los bolos no puedo enviar nada a mi familia”

NIGERIA: ALARMA EN LA PETROCRACIA

La bajada de los precios del petróleo y el florecimiento de grupos armados amenazan la estabilidad alcanzada por Nigeria, el principal exportador africano de crudo. Hace unos años, la falta de oportunidades y las tensiones políticas y religiosas provocaron el éxodo forzado de muchos miles de nigerianos. Como Kingsley, que, tras cinco años en España, intentaba reunir dinero para visitar a su familia. Hasta que una decisión ajena multiplicó sus problemas.

Nigeria es la nación más poblada de África, y en la que un 70% de la población vive en la pobreza. En el sur del país, hace un par de décadas, la población vivía de la agricultura y la pesca. A partir de entonces desembarcaron allí las empresas multinacionales para la extracción de crudo e hidrocarburos, cuyos ingresos fueron permitiendo alcanzar al Gobierno una creciente estabilidad política. De esta manera, el pasado año el PIB nigeriano creció por encima del 6% gracias al aumento de las exportaciones. Sin embargo, la bajada de los precios del petróleo por la crisis económica ha supuesto un recorte drástico en los intercambios comerciales y, ha provocado la pérdida de miles de empleos. Y el aumento de los precios de los alimentos ha golpeado a los más pobres, es decir, la mayoría del país. El Gobierno de Umaru Yaradua afirmó que pondría en práctica un plan destinado a elevar el gasto público y apostar por otros sectores para diversificar la economía nigeriana.

Pero el creciente equilibrio que ha ido alcanzando paulatinamente el país africano se ha visto amenazado ocasionalmente por diversas bandas armadas con reivindicaciones políticas, étnicas o religiosas. Como el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND), al que se acusa de estar detrás del asalto al palacio presidencial de Guinea Ecuatorial el pasado febrero, y la Fuerza Voluntaria del Pueblo del Delta del Níger, que ha pasado de robar petróleo de los oleoductos de la multinacional Shell a luchar por la independencia de la región. Afirman que el petróleo pertenece al pueblo y se muestran contrarias a la contaminación que las empresas extranjeras están provocando en la zona. Las constantes escaramuzas contra instalaciones petrolíferas han provocado numerosas pérdidas a las compañías, e incluso han obligado en ocasiones a detener la producción.

Según Amnistía Internacional, quienes habitan el Delta del Níger tienen que beber, cocinar y lavarse con agua contaminada” debido al deterioro ocasionado por las actividades petroleras. Con lo cual, apenas pueden cultivar sus tierras o pescar. Y la falta de alternativas ha llevado a muchos de sus habitantes a unirse a alguna de las guerrillas existentes en la zona, ya que ofrecen seguridad y educación a quienes se encuentran bajo su dominio. El descenso de las exportaciones y el consiguiente aumento del desempleo, unido al florecimiento de estos grupos, amenazan nuevamente la estabilidad del país africano.

Kingsley es un inmigrante nigeriano nacido en Lagos, la capital del país, hace 38 años. Su trabajo como mecánico apenas le permitía subsistir, por lo que, ante la falta de alternativas, decidió emigrar como ya habían hecho otros antes. “En mi país había violencia y poco trabajo. Con el dinero que ganaba apenas tenía para sobrevivir”, afirma. Dejando atrás a su familia, emprendió sólo el viaje hacia lo desconocido hace cinco años. Primero en autobús, hasta Marruecos, y posteriormente en patera hacia España, jugándose la vida en el mar. “Era la primera vez que lo hacía. Iba acompañado por unas treinta personas. Nadie murió, pero algunos enfermaron durante el camino. Tras cuatro días de viaje, llegamos a Valencia de noche. Nada más bajarnos de la patera, tuvimos que correr y dispersarnos para evitar ser detenidos si la policía aparecía. No he vuelto a ver a ninguna de esas personas”. Allí no encontró el ansiado trabajo, por lo que, tras dos meses viviendo en la calle y subsistiendo gracias a la ayuda de algunos compatriotas y conocidos, decidió probar suerte en Madrid.

En la capital comenzó a ganarse la vida aparcando coches, “aunque la policía me multó al menos tres veces por ello”, recuerda. Tras cuatro años en Madrid, Kingsley decide probar suerte en Sevilla, donde ahora lleva menos de un año. También sobrevivía como aparcacoches en La Cartuja, y pudo alquilar un piso junto con otros cinco inmigrantes de Mali, Senegal y Marruecos. Incluso, la mayoría de meses mandaba algo de dinero a su familia y había comenzado a ahorrar para poder visitarla este verano.

Un buen día, alguien en la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla le advirtió de que no podía continuar aparcando allí. Él no entendió por qué y dijo que seguiría haciéndolo porque era su forma de ganarse la vida. Entonces, fue cuando volvieron a decirle que “pondrían en la acera unos bolos para que no pudiera aparcar y obligarme a marcharme”. A partir de ese momento, las cosas se complicaron para Kingsley. Desde que los bolos fueron colocados, los coches apenas aparcan allí. Y al carecer de papeles para buscar un empleo mejor, tuvo que continuar su actividad aparcando en el mismo lugar, aunque apenas puede hacerlo un par de horas al día. “Antes ganaba más y mandaba dinero a mi familia, pero desde que pusieron los bolos es imposible. Vivo al mes con unos 200 euros. Con ese dinero, aquí se puede sobrevivir, aunque con muchos problemas, pero en mi país no puedes comprar nada”. Ocasionalmente, algunas personas le ayudan dándole ropa y comida, pero ha comenzado a concienciarse de que quizá este verano tampoco pueda visitar a su familia.