El colapso económico español (2). Los “recortes” tienen finalidad ideológica

La presión ejercida por Alemania y la Unión Europea obligó a imponer duros ajustes en la economía española. ¿Hacia dónde nos conduce la vía de la austeridad?

• El colapso económico español (1). De repente, somos pobres   
• El colapso económico español (3). ¿Excesivo gasto?
• El colapso económico español (4). El ataque de “los mercados”
• El colapso económico español (5). Sobre el rescate bancario
• El colapso económico español (6). ¿Rescatar al país?
• El colapso económico español (7). Un futuro incierto  
• El colapso económico español (y 8). Conclusiones finales

Nada más estallar la crisis, el entonces presidente, Rodríguez Zapatero, se entretuvo en negarla y subestimar sus efectos en lugar de trabajar para sacarnos de ella cuanto antes. Después, su gobierno intentó resolver la situación con medidas de gasto público improductivo que ofrecieron pésimos resultados, hasta que en mayo de 2010 su política económica dio un giro de 360 grados. La enorme presión de la Unión Europea, personificada en Angela Merkel, fue la causa. Desde entonces, comenzó en España la era de la austeridad. Y el gobierno popular ha profundizado este modelo iniciado por el PSOE que nos conduce al suicidio. 

Para justificar este camino, el poder político y mediático intenta hacernos creer que la causa del incremento del déficit es el “elevado gasto público”, y han puesto de moda términos como “despilfarro” o “recorte”, muy de moda actualmente y convertidos en una especie de  dogma incuestionable. Así, nos transmiten la idea de que habíamos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, que los gastos del Estado y las Comunidades Autónomas eran insostenibles, o “que tendremos el Estado del Bienestar que nos podamos permitir” (en palabras del presidente Rajoy). Algunos, incluso, han llegado a acusar a los extranjeros de la situación que vivimos, cuando, según un estudio realizado por la Fundación La Caixa, los inmigrantes aportan al Estado del Bienestar más de lo que reciben de él. “Se calcula que la alta tasa de actividad de los inmigrantes contribuirá a retrasar en cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones, además de frenar el envejecimiento poblacional”, indica la nota de prensa referida al estudio. 

Así pues, se nos insinúa que no se pueden detener estos recortes porque, de lo contrario, nuestro país podría quebrar. Sin embargo, numerosos expertos se han encargado de demostrar que el gasto público no ha provocado la situación que vivimos ahora. Si así fuera, ¿cómo nos permitió dicho gasto público alcanzar superávit y reducir el desempleo al mínimo histórico en 2007?

En mayo de 2010, el ejecutivo de Zapatero llevó a cabo un ajuste de 15.000 millones de euros, para lo cual tomó medidas como la reducción del sueldo de los funcionarios, la subida del IVA o la congelación de las pensiones. Por su parte, el actual gobierno popular se ha propuesto reducir el déficit público durante este año del 8,5% del PIB (en realidad el 8,9%, debido a la desviación de las CCAA gobernadas por el PP) al 5,3%. Para ello, ha llevado a cabo una reducción del gasto público en 32.000 millones de euros y acaba de anunciar otro brutal ajuste de 65.000 millones, con medidas que golpearán en mayor medida a los menos pudientes. Y, con el objetivo de que el déficit no supere el 3% en 2013, el próximo año nos espera otro duro ajuste en el presupuesto. ¿Por qué hay tanta prisa en reducir el déficit público en dos años? ¿No puede ser en tres, o en cinco, por ejemplo? ¿No hay partidas en las que recortar sin afectar tanto al bienestar de la población? ¿Cómo puede ser que los ciudadanos no tengamos un segundo de respiro mientras a los clubes de fútbol se les permite retrasar el pago de sus deudas con Hacienda hasta 2020?

Desde que se impuso la vía de la austeridad, se ha reducido el gasto en Innovación y Desarrollo (I+D) y el presupuesto en educación y sanidad; se ha rebajado el sueldo de los funcionarios; se ha retrasado la edad de jubilación y se han congelado las pensiones; se han recortado los derechos laborales y abaratado el despido; se han encarecido las matrículas universitarias; se ha eliminado la universalidad del sistema sanitario y se ha impuesto el copago farmacéutico; se ha elevado el IVA y otros impuestos que disminuyen el consumo y castigan proporcionalmente más a los pobres…Y un largo etcétera. Incluso la UE, precursora de los recortes, ha advertido de que la reforma laboral más agresiva de nuestra historia puede “provocar un aumento del desempleo a corto plazo” (como ha ocurrido) y critica los contratos de aprendizaje y el establecimiento de convenios laborales con un periodo de pruebas. "Existe el riesgo de que las empresas utilicen el periodo de prueba de un año para transformar este contrato en un contrato temporal de hecho, de baja calidad y con costes de rescisión nulos", señala la Comisión Europea en su informe. 

Estos recortes tienen, claramente, una intención ideológica: atacan a los más pobres, evidenciando que lo que persiguen no es otra cosa qua la lucha de clases. De esta forma, se pretende justificar la reducción del Estado del Bienestar, la bajada de sueldos y la privatización de empresas públicas. ¿Por qué, sino, no se reduce el gasto militar o las ayudas fiscales a la Iglesia? ¿Por qué mientras se recortaba en gastos sociales se eliminó el Impuesto de Patrimonio, se ha rebajado el de Sucesiones y se ha aplicado una amnistía fiscal a quienes defraudan a Hacienda? Vicenç Navarro demostró en el programa Salvados de La Sexta que hubiese sido más fácil ahorrar en gasto militar o en ayudas a la Iglesia, entre otras partidas, que hacerlo en gasto social. Y es que, según sus datos, el recorte de 600 millones de euros en ayudas a la Dependencia practicado por Zapatero equivale a las subvenciones para pagar a los profesores de Religión. ¿Por qué no corre la Iglesia con estos gastos? Mientras, la congelación de las pensiones –también de Zapatero- supone el mismo dinero que las últimas adquisiciones de aviones de combate para el Ejército (1.500 millones de euros). “Desde que la crisis se inició en 2007, la población española ha estado sometida a toda una serie de políticas públicas que han significado un gran recorte de sus derechos laborales y sociales, que han afectado de una manera muy notable al bienestar social y a la calidad de vida de las clases populares”, señalan Vicenç Navarro y Juan Torres.

El Impuesto de Patrimonio, que afecta a las personas más ricas del país, fue suprimido por el gobierno de Zapatero en 2008 para ser nuevamente reintroducido en septiembre de 2011 en una versión aún más light, de manera que se recauda cada vez menos por este tributo para no molestar a los multimillonarios. Además, el gobierno del PP ha dejado claro que no prorrogará la vigencia de esta norma cuando concluya en 2013, ya que fue establecida para un periodo de dos años solamente.

Mientras, la amnistía fiscal aplicada por el gobierno popular ha sido ampliada posteriormente para cubrir todo el dinero en metálico que no haya sido declarado hasta ahora. Así, aquellas personas que tengan montañas de dinero procedentes de actividades ilícitas, sólo tienen que afirmar que poseen ese dinero desde 2010 para regularizarlo tributando un mísero 10%, cantidad muy inferior a la que estas habrían defraudado. Además, el gobierno pretende que, en lugar de tributar por todos los capitales reconocidos, los evasores paguen impuestos sólo por los beneficios logrados en los tres últimos años, que es el plazo en que prescribe la ocultación de capitales a la Agencia Tributaria. Así, podrán darse casos en que estos contribuyan con menos de un 1% del dinero defraudado. Esta amnistía cuenta con el rechazo de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la cual considera que "supondrá tasas efectivas de tributación ridículas para los grandes evasores fiscales" y que incumple la legislación vigente en esta materia. En este sentido, el PSOE ha presentado un recurso contencioso-administrativo que ha sido admitido a trámite en la Audiencia Nacional.

Respecto a la Iglesia, hay que destacar que no sólo se beneficia de los ingresos aportados por las personas que marcan su casilla al declarar la renta. Esta cuenta también con una exención en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de manera que no aporta nada al Estado por los numerosos edificios que tiene en su poder. Andrés Gil estima en unos 45 millones de euros al año la cantidad que el gobierno deja de recaudar por este concepto. Además, la Iglesia no sólo posee edificios, sino que también participa en el negocio bancario, los medios de comunicación, las editoriales de material educativo y tiene inversiones en Bolsa. 

Por otra parte, la institución religiosa recibe cuantiosas subvenciones por conceptos como la atención al culto en los centros penitenciarios, conservación y restauración de bienes culturales, sostenimiento de centros culturales y educativos, etc. De esta manera, según los cálculos de Andrés Gil, la ayuda directa e indirecta del Estado a la Iglesia alcanza los 5.165 millones de euros aproximadamente. “Es decir, la mitad del recorte en sanidad y educación previsto para 2012”. Izquierda Unida presentó en el Congreso una iniciativa encaminada a eliminar los privilegios de la Iglesia y "abrir el camino para su autofinanciación". Pero el PP, CIU y UPyD tumbaron su propuesta. El presidente del gobierno señaló que no cree oportuno modificar la fiscalidad de la Iglesia “con la que está cayendo”. Mientras, el 80% de la población se muestra partidario de que la Iglesia pague el IBI, según una encuesta elaborada por Metroscopia para El País. 

Otro dato sobre el que sería necesario reflexionar: según un informe publicado por el diario online El Aguijón, que cita como fuentes a "tres asesores de la Presidencia del Gobierno", en España tenemos 445.568 políticos a cargo de la Administración. Mientras, otros autores discuten la veracidad de esta cifra, y critican que dentro de la misma se incluyen a muchos trabajadores que no son políticos, como los liberados sindicales y patronales o los empleados de las empresas públicas y otras organizaciones. Enrique Bethencourt, calcula que el número real de cargos ronda los 100.000.

De ser cierta la cifra que publica El Aguijón, seríamos el país europeo con más cargos públicos por habitante de toda Europa, con una proporción que duplicaría a la de Italia y Francia, por ejemplo. En todo caso, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos son las administraciones a través de las que acceden la mayor parte de los políticos colocados en la Administración, muchos de ellos enmascarados bajo el cargo de “asesor”. Incluso, existen numerosos casos en los que el asesor contrata a su vez a otras personas para asesorarle. ¿Tampoco se podría haber recortado por aquí? 

Así pues, es evidente que los recortes podrían haber ido en otra dirección. Pero la intención verdadera es reducir, o eliminar, un Estado del Bienestar que beneficia sobre todo a los más pobres. Para ello, el poder político se apoya en los medios de comunicación, intentando convencernos de que la causa de todo mal es el “excesivo gasto público”, y justificando así los recortes. “Es de conocimiento universal que el cáncer de la economía española radica en el desaforado gasto público surgido del sistema autonómico que ahora padecemos”, escribió César Vidal. El objetivo que persiguen tales afirmaciones es desmontar el Estado del Bienestar, recortar la protección social y privatizar todo aquello que pueda interesar al sector privado.

También se critica la magnitud del Estado y el gasto social, alentando su reducción, cuando en realidad somos uno de los países europeos que menos empleo crea en el sector público. Tenemos unos 3,1 millones de empleados públicos, lo que supone el 13,1% de la población activa, uno de los porcentajes más bajos de la UE-15, donde la media es del 16%, señala Juan Torres. “En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia”, añade.  Además, “el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar español (sanidad, educación y servicios sociales entre otros) representa sólo 9%, el porcentaje más bajo de la UE-15 (cuyo promedio es del 15%)”, destaca Vicenç Navarro.

 

“En nombre de cómo salir de la crisis se están cometiendo tropelías y ataques a los derechos sociales, laborales y de todo tipo jamás conocido en nuestra aun joven democracia. La crisis y como salir de ella se ha convertido ya en el nuevo dios, patria o nación para en su nombre machacar a las capas más vulnerables y justificar lo que no es más que la imposición de los planteamientos que conforman el ideario de las derechas más recalcitrantes, arcaicas y ultra liberales que gobiernan por Europa”. Julio Ruiz

Con los recortes en sanidad y educación, pilares básicos del Estado del Bienestar, el poder político pretende justificar la privatización de ambos servicios, muy apetecibles para el capital privado. Y este es un objetivo en el que se lleva mucho tiempo actuando.  Así, entre 2004 y 2009, las subvenciones a la educación privada no universitaria se incrementaron en un 30%, de manera que las aportaciones estatales han llegado a alcanzar el 58,8% de los ingresos en las empresas que prestan este servicio. Mientras, cada vez son más los españoles que hacen uso de la sanidad privada, lo que sitúa a nuestro país como el segundo de Europa que más gasta en este sentido, con un 26% del gasto sanitario total.

Los ajustes practicados van, poco a poco, ahogando las escasas posibilidades de recuperación. Y es que las “reformas” practicadas por los gobiernos de este sistema bipartidista no sólo no han mejorado la situación, sino todo lo contrario, dejando así patente su verdadera intención. El descenso del consumo que han provocado, junto con la ausencia de financiación a familias y empresas por parte de la banca, ha triplicado las cifras de desempleo, que hoy rondan el 25%. Y el paro juvenil alcanza el 50%, erosionando las posibilidades de una generación entera, la más preparada. Por eso, cada vez son más los jóvenes que optan por emigrar al extranjero en busca de un empleo acorde a su preparación. 

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