El colapso económico español (1). De repente, somos pobres

El estallido de la crisis financiera puso de relieve las graves consecuencias de un modelo económico basado en la especulación inmobiliaria. El enorme agujero de la banca convirtió el crecimiento logrado hasta entonces en un mero espejismo. Mientras, muchos españoles nos preguntamos: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

• El colapso económico español (2). Los "recortes" tienen finalidad ideológica 
• El colapso económico español (3). ¿Excesivo gasto?
• El colapso económico español (4). El ataque de “los mercados”
• El colapso económico español (5). Sobre el rescate bancario
• El colapso económico español (6). ¿Rescatar al país?
• El colapso económico español (7). Un futuro incierto  
• El colapso económico español (y 8). Conclusiones finales

La crisis española comenzó en 2008. Hasta entonces, todo iba bien: éramos uno de los países que más crecía de Europa, en torno al 3% anual, se creaba empleo y la inversión científica crecía. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero logró en 2007 un superávit equivalente al 1,9% del PIB, de manera que los ingresos superaban ampliamente a los gastos. A finales del mismo año se alcanzó la tasa de paro más baja de la democracia (8%) y la renta por habitante superó a la de Italia. Desde 1996 se habían creado ocho millones de empleos, una parte importante de ellos en el sector de la construcción. El ejecutivo socialista había heredado una deuda pública equivalente al 27% del PIB, una de las más bajas en la UE. Entonces, nuestro país era de los pocos que cumplía el Pacto de Estabilidad de la UE, que impide tener un déficit público superior al 3% del PIB.  Todo iba viento en popa.

En septiembre de 2008, estalló en Estados Unidos la crisis de las hipotecas subprime y los bancos comenzaron a sufrir los impagos hipotecarios derivados de su irrefrenable carrera por hacer subir los precios de las viviendas y aumentar los beneficios. Dichas hipotecas se concedían a clientes que no cumplían las condiciones para ello, de manera que había muchas posibilidades de que no pudieran pagarlas, pero se les aplicaba un interés más alto, bajo la creencia de que los precios de las viviendas nunca dejarían de subir. Además, los banqueros que las colocaban solían llevarse grandes comisiones por ello.

Esta crisis se extendió rápidamente por todo el mundo a través de los mercados financieros (la Bolsa). Las entidades bancarias se dieron cuenta de que gran parte de esas hipotecas no las podrían cobrar y que las viviendas embargadas ya no se venderían al precio esperado, por lo que decidieron restringir bruscamente el flujo de sus préstamos a toda la economía. La banca española se encontraba completamente atrapada en la crisis de las subprime. Y es que, durante años, las entidades financieras de nuestro país habían volcado gran parte de su actividad y sus recursos a financiar la construcción, el sector que estaba motorizando el rápido crecimiento de la economía. Entre 2000 y 2007, los bancos multiplicaron por nueve el crédito destinado al negocio inmobiliario y triplicaron la financiación a la edificación de viviendas. “Y eso que cada vez disponían de menos depósitos para generarlo: en 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo 0,76 euros”, señala Juan Torres. Para ello, las entidades bancarias se endeudaron masivamente con otros bancos, alemanes y franceses sobre todo, a los que pidieron más de 400.000 millones de euros en préstamos.

Era evidente que algo se estaba haciendo mal. Si todo esto se veía venir, ¿por qué el gobierno, el Banco de España y la Unión Europea no llamaron la atención sobre ello? En opinión de Vicenç Navarro, “no hay duda de que la banca, las cajas, el Banco de España y las autoridades públicas, tanto españolas, como europeas, eran conscientes de ello. Bastaba con ver un gráfico en el que se comparara la evolución de los precios de la vivienda y de los salarios (la gran mayoría de compradores de vivienda derivan su dinero de las rentas del trabajo), para ver que los primeros crecían mucho más rápidamente que los segundos. La distancia entre los dos precios se intentaba llenar con crédito. Y de ahí el enorme endeudamiento de las familias”. “El gobernador del Banco de España que había colocado el PP, Caruana, se pasaba por el arco del triunfo la denuncia de sus inspectores que en 2006 le señalaban formalmente que no se hacía nada frente a un endeudamiento creciente y muy peligroso de la banca española. Pero eso sí, no había declaración suya o más tarde de su sucesor, el socialista Fernández, en la que no reclamasen moderación salarial y recortes de gasto social”, añade Juan Torres. En definitiva, el ejecutivo socialista se negó a pinchar a tiempo la burbuja inmobiliaria. Tampoco modificó el modelo económico para apostar por nuevas industrias como las energías renovables o la alimentación ecológica (es más, el gobierno de Zapatero fue el mayor benefactor de la industria transgénica).

Así pues, los bancos, constructoras e inmobiliarias, con la ayuda del poder político, se encargaron de hacer subir el precio de la vivienda, mientras los salarios permanecían inmóviles. “Durante el boom inmobiliario se construyeron 800.000 viviendas al año, más que Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas. Los precios subieron un 155% durante una década, crecimiento artificial, que no se correspondía con el crecimiento del nivel de vida del país, y que se consiguió gracias a las prácticas especulativas de la banca”, destaca Vicenç Navarro. Los bancos eran conscientes de que estaban concediendo más préstamos hipotecarios de la cuenta, y de que para ello se estaban endeudando demasiado. Pero no quisieron reducir un negocio que les estaba resultando tan rentable. “No contentos con los beneficios que les daba el negocio inmobiliario que condenaba al monocultivo a la economía nacional, impusieron políticas de bajos ingresos y recortes salariales para que las familias y pequeños empresarios vivieran en el filo de la navaja y tuvieran que endeudarse hasta las cejas”, critica Juan Torres. “Y eso, por no hablar de las estafas estrella, que han podido suponer un auténtico robo de entre 12.000 y 15.000 millones de euros, si no más, mediante las participaciones preferentes, las cláusulas suelo, etc.”, añade.

En el momento que la crisis comenzó a hacer estragos, supimos que gran parte del periodo de bonanza que habíamos vivido hasta ese momento se sustentaba en un enorme endeudamiento, principalmente privado, con el que los bancos se habían llenado los bolsillos. Ante esta situación, se desencadenó el pánico financiero. “Los bancos, todos, y no solo las cajas, estaban tocados del ala y en el fondo de sus balances había un deterioro estructural gravísimo como consecuencia de la crisis del ladrillo que ellos mismos habían provocado facilitando el endeudamiento explosivo de toda la economía”, destaca Juan Torres. Las entidades financieras dejaron de prestar, cortando bruscamente el crédito a las familias y las empresas, muchas de las cuales echaron el cierre ante la falta de financiación para seguir funcionando. El golpe fue tremendo: pasamos a ser el país que más empleo destruía y cuyo déficit público crecía más rápidamente.

En opinión de Vicenç Navarro, 

cuando la burbuja especulativa inmobiliaria explotó, a la banca alemana le entró el pánico, pues tenía gran parte de su capital prestado a la banca española y, en mucho menor grado, al Estado español (un 10% de su inversión bancaria). Y comenzó a promover la idea falsa de que el euro estaba en peligro. Lo que estaba en peligro, sin embargo, es que la banca alemana perdiera los fondos prestados a España y a otros países periféricos de la Eurozona. En realidad, el euro nunca estuvo en peligro. Su valor osciló, pero no bajó sustancialmente de valor comparado con el dólar. Y de ahí derivan las políticas de austeridad, cuyo único objetivo es que se pague a los bancos alemanes (y franceses) la deuda tanto privada como pública que tienen. La mal llamada ayuda de la Unión Europea y del FMI a los países periféricos es ayuda para que paguen a los bancos alemanes y franceses primordialmente.

Llegados a este punto, el poder político y los medios de comunicación comenzaron a difundir la idea de que era necesario salvar a las instituciones financieras para que estas pudieran seguir financiando a la economía. A través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se les concedieron miles de millones de euros en forma de préstamo que muchos bancos no llegarán nunca a pagar. Este dinero, unido al que las instituciones reciben del BCE al 1%, les permite comprar deuda pública y, con las ganancias, sanear sus cuentas, repartir dividendos entre sus accionistas y continuar especulando en Bolsa. Pero de prestar a las empresas y familias necesitadas, nada de nada. ¿Por qué no se les pudo dejar caer como ocurre con el resto de empresas privadas? ¿Por qué los gobiernos –el socialista de Zapatero y el popular de Rajoy- no pensaron en la creación de un banco público que financiara a la población?

La cobertura y aval de las deudas bancarias, junto con el descenso de las cotizaciones por el creciente desempleo hicieron caer al Estado en déficit fiscal en 2008. Desde entonces, el presupuesto nacional comenzó a arrojar pérdidas, y el Estado ha tenido que endeudarse para financiarlas a unas tasas de interés que no dejan de subir. La deuda pública ha crecido en unos 350.000 millones de euros desde que el gobierno acudió en auxilio de la banca, sin tener en cuenta los 100.000 millones del rescate solicitado el pasado 9 de junio a las autoridades europeas. 

Para reducir la enorme deuda, el poder político y mediático transmitió la necesidad de realizar numerosos “recortes”. Fue así como se empezó a culpar de todo lo que estaba ocurriendo al “excesivo gasto público”. Algunos expertos se encargaron de rebatir este argumento, aunque no gozaron de la atención del establishment mediático, más interesado en hacernos olvidar que hemos llegado a esta situación por culpa de la especulación bancaria. Retomaré este argumento en el siguiente artículo. 

Mientras, los bancos se encuentran totalmente descapitalizados. Tienen enormes pérdidas y, aunque siguen recibiendo dinero muy barato, al 1%, se niegan a conceder préstamos a la economía. Para no reconocer unas enormes pérdidas, las instituciones financieras siguen valorando las viviendas en su poder al precio que estas tenían durante la burbuja, y no al que tienen hoy en el mercado, en torno a un 20% menos. ¿Cómo pagar ahora las deudas que reclaman los acreedores extranjeros si los activos en poder de la banca han perdido parte de su valor? Por eso, los bancos se niegan a hacer públicos sus balances. Y este es uno de los principales motivos que provocan diariamente la caída de la cotización de la Bolsa española, al ser una de las excusas que usan “los mercados” para atacar nuestra deuda pública y enriquecerse con ello. 

El FMI calculó en 40.000 millones el agujero financiero de la banca debido a explosión de la burbuja inmobiliaria. Además, el gobierno encargó una auditoría a las consultoras extranjeras Oliver Wyman y Roland Berger, las cuales concluyeron que las entidades españolas necesitarán como máximo 62.000 millones de euros. Pero la cantidad real que requieren es muy superior, y la primera de estas empresas ha advertido que los bancos están calificando parte de sus créditos inmobiliarios como si no lo fueran, con la intención de ocultar su verdadera situación. “Los casos de los que se tiene conocimiento parecen indicar que partes significativas de los créditos para la promoción y construcción inmobiliaria han sido mal clasificados como créditos empresariales corrientes”, indica la consultora Oliver Wyman. 

La presión de los mercados obligó al Gobierno a solicitar el pasado 9 de junio un rescate bancario que puede llegar hasta los 100.000 millones de euros, del cual se hablará en los siguientes posts. “La deuda inmobiliaria con los bancos no es menor de 400.000 millones de euros, así que 100.000 millones (el techo más alto del rescate) serán insuficiente incluso en los escenarios más optimistas de su recuperación”, señalan Vicenç Navarro y Juan Torres.

Bankia, un pozo sin fondo

Recientemente, el gobierno popular decidió acudir en ayuda de Bankia, una institución creada de la unión de siete cajas de ahorros ahogadas por las pérdidas derivadas de la burbuja inmobiliaria. El ministro Luis de Guindos dejó claro entonces que “el Estado aportará todo el capital que necesite Bankia”. Es decir, que para los bancos sí hay dinero. Mientras, nos transmiten al resto de la población la necesidad de realizar “recortes”. “Es normal que la gente se indigne cuando se entera de estas cosas. ¿Cómo se puede explicar que no haya límites impuestos por el déficit y la deuda a la hora de destinar dinero público a los bancos y que al mismo tiempo no haya ni un euro para los servicios públicos?”, critica Juan Torres. Además, se da la paradoja de que las personas que han sido desahuciadas por esta institución tienen que colaborar en salvarla. Juzguen ustedes mismos.  

A parte de los 4.465 millones de euros que había recibido anteriormente del FROB, la entidad tuvo que pedir otros 19.000 millones debido a las nuevas leyes que obligan al sector a provisionar un mayor porcentaje de capital para prevenir posibles impagos. Es decir, más de 23.000 millones en total, casi ocho veces más que el presupuesto del Ministerio de Educación para este año. “Quien necesita ese dinero son las pequeñas y medianas empresas que han de pagar el escasísimo crédito que ahora reciben al 12 o 15%, o incluso al 30% si se da en circunstancias más extraordinarias o urgentes”, destaca Torres. Dicha aportación convertirá al Estado en accionista mayoritario del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de la entidad y propietaria de Bankia. Sin embargo, cuando la empresa  comience a dar beneficios será nuevamente privatizada. O sea, que las pérdidas son cubiertas por todos los españoles y los rendimientos futuros serán repartidos entre un selecto grupo de accionistas. Todo un ejercicio de socialización de pérdidas y privatización de las ganancias. Capitalismo puro y duro.

Mientras, muchos españoles nos preguntamos: ¿por qué es necesario salvar a Bankia?, ¿no se le puede dejar caer? ¿Por qué en su lugar no se contempla rescatar a las miles de pymes que han tenido que cerrar a causa de la restricción de créditos aplicada por los bancos? ¿Por qué no se ha creado un banco público que financie a las empresas que lo necesitan y no reciben créditos de la banca? Si, en lugar de rescatar al banco, el gobierno hubiera acudido en ayuda de todas las familias a las que este ha desahuciado, Bankia habría recuperado el dinero y miles de personas no estarían acercándose peligrosamente a la pobreza. Izquierda Plural ha propuesto dos veces en el Congreso la formación de una comisión que investigue cómo se ha creado semejante agujero financiero en la entidad y depure responsabilidades. Pero el gobierno popular, con mayoría parlamentaria, lo ha rechazado.

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