Según las modificaciones legislativas aprobadas por el Parlamento italiano en agosto, ser inmigrante en el país transalpino y carecer de papeles constituye un delito y puede ser castigado con la expulsión. Y las autoridades italianas ya han comenzado a aplicar la nueva ley. Un ciudadano argelino y otro de nacionalidad ucraniana han sido expulsados del país.
En una medida sin precedentes en Europa, el Gobierno de Berlusconi introdujo este hecho como delito de “clandestinidad” en el Código Penal. Además de convertirse la inmigración clandestina en delito, se autoriza la creación de patrullas ciudadanas para colaborar con la policía en la denuncia y detención de inmigrantes sin papeles. También se amplía el periodo de detención de estos a seis meses, el máximo permitido en Europa, se prohíbe realizar gestiones administrativas a los inmigrantes sin permiso de residencia y se les impide registrar a sus hijos recién nacidos.
Las nuevas medidas sobre inmigración y seguridad ciudadana fueron impulsadas por la Liga Norte, el partido ultraderechista con el que Berlusconi gobierna en coalición. Incluso, esta formación llegó a crear en su página web un juego llamado "Rebota al clandestino", en la que los jugadores conseguían puntos según el número de pateras que pudieran hundir en dirección a las costas italianas. La aplicación fue alegremente difundida por el partido a través de la red social Facebook.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
La llegada de las lluvias torrenciales puede provocar un drama humanitario en Sri Lanka
La aproximación de la temporada de los monzones en el sudeste asiático amenaza la supervivencia de los más de 300.000 refugiados de la etnia tamil que se encuentran en campos de concentración tras la guerra que libraron las fuerzas gubernamentales y la guerrilla de Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE). Las lluvias torrenciales que se esperan para los próximos dos meses en la zona hacen presagiar que se puede alcanzar una situación humanitaria dramática. Y es que las lluvias caídas el pasado agosto ya anegaron Menik Farm, campo en el que se concentra la mayoría de los refugiados, por lo que se reducen las esperanzas de que las instalaciones aguanten más de dos meses de precipitaciones casi ininterrumpidas. Las organizaciones humanitarias advierten de que la situación humanitaria es “insostenible”.
El ejército de Sri Lanka tiene prohibida la entrada a los periodistas en los campos de concentración. Además, las autoridades están obstaculizando la labor de las ONG en la zona. Los desplazados conviven hacinados y tienen limitados los movimientos dentro de los campos. La mayoría de ellos se encuentran separados de sus familiares y el ejército ceilandés intimida mediante palizas y vejaciones a aquellos que se atreven a conversar con miembros de organizaciones humanitarias.
El ejército de Sri Lanka tiene prohibida la entrada a los periodistas en los campos de concentración. Además, las autoridades están obstaculizando la labor de las ONG en la zona. Los desplazados conviven hacinados y tienen limitados los movimientos dentro de los campos. La mayoría de ellos se encuentran separados de sus familiares y el ejército ceilandés intimida mediante palizas y vejaciones a aquellos que se atreven a conversar con miembros de organizaciones humanitarias.
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Wall Street, la avaricia por sistema
Hace ya bastante tiempo que nos quedó claro que los culpables de la crisis en la que nos encontramos inmersos fueron los altos ejecutivos de los bancos de inversión norteamericanos. Sin citar a nadie, el presidente Obama afirmó en los inicios de su mandato que la “codicia e irresponsabilidad por parte de algunos” habían dejado la economía norteamericana -más bien mundial- en una situación “muy debilitada”. Como consecuencia, grandes empresas como Lehman Brothers murieron ahogadas en la burbuja que ellas mismas habían creado. Fue entonces cuando otras instituciones, a las que también había salpicado la burbuja, reclamaron ayudas públicas para frenar la caída y reactivar la economía. El Gobierno consideraba que había bancos “demasiado grandes para hundirse” ya que se provocaría un caos financiero en el país, por lo que acudió en su auxilio. Entre las numerosas instituciones que acudieron al fondo de 491.000 millones de euros aportado por el Gobierno se encontraban los seis grandes bancos de Wall Street: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley Citigroup, Bank of America y Wells Fargo. De esta manera, el ejecutivo confundía rescatar a los bancos con rescatar a los banqueros y los accionistas. Según el economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz, ahora estas empresas “si hacen grandes apuestas y ganan, se largan con la recaudación; si les salen mal, el Gobierno paga la cuenta”. 
De esta manera, el ejecutivo socializa las pérdidas y privatiza los beneficios de unas entidades que, no hay que olvidarlo, provocaron la crisis con su avaricia y falta de ética. Por ello, el congreso y el nuevo gobierno de Obama han puesto en el punto de mira a las instituciones que fueron rescatadas, con el objetivo de poner fin a las gigantescas primas y subsidios que obtienen los altos ejecutivos de las grandes entidades mientras estas se mantienen a flote gracias a las ayudas del Gobierno. Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó una ley para poner coto a estas prácticas en las entidades que han recibido ayudas públicas. Ahora falta que el Senado ratifique esta norma, a la que se opusieron una buena parte de los republicanos.
Sin embargo, los grandes de la banca, carentes de ética, desean volver cuanto antes a la situación del pasado. Un estudio elaborado por el inglés Insitute for Public Policy Research (IPPR) afirma que la rápida vuelta a la "cultura de las primas" para los directivos de la banca demuestra que la reforma en el sector ha sido "muy limitada". A pesar de que su rentabilidad lograda es ficticia y se basa en las ayudas otorgadas por el Gobierno, los seis grandes bancos de EEUU (Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley Citigroup, Bank of America y Wells Fargo) ya tienen puestos en reserva 52.000 millones de euros para pagar a sus ejecutivos y empleados. Esta cantidad, que incluye sueldos, seguros, pensiones y primas, supone un 20% más que en el primer trimestre de 2008. Para evitar ser controlados, Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Morgan Stanley devolvieron las ayudas a principios de este verano. El primero de ellos había abandonado su condición de banco de inversión el pasado invierno para poder acceder a estos fondos. Además, Citigroup está intentando encontrar un comprador para el 34% de su capital que actualmente está en manos del Estado para poder escapar al control del Gobierno.
El fiscal neoyorquino Andrew Cuomo, que investiga estas prácticas en el sector financiero, considera necesario cambiar el sistema actual de retribuciones. Según un estudio suyo, Citigroup, Merrill Lynch, Bank of America y otras seis grandes entidades pagaron el año pasado 32.600 millones en bonus, mientras recibieron 175.000 millones en fondos públicos. Los ciudadanos norteamericanos consideran que la vuelta a las prácticas del pasado es algo “terriblemente injusto, especialmente después de haber visto a los bancos desviar los miles de millones destinados a permitirles reactivar el préstamo hacia pagos de primas y dividendos gigantescos”, afirma Joseph Stiglitz.
El caso de HP
Si hablamos de primas desproporcionadas, el caso más sangrante lo ejemplifica Hewlett-Packard (HP), el gigante mundial de la informática, aunque esta no resultó beneficiada de las ayudas públicas. Su presidente ejecutivo, Mark Hurd, se llevó el pasado año 42 millones de dólares en compensaciones. La empresa, que ha visto crecer sus beneficios en un 15% desde la llegada de Hurd en 2005, considera apropiada la suma por el crecimiento “excepcional y sostenido” que ha experimentado bajo su mando. Sin embargo, desde su llegada se ha eliminado el plan de pensiones para los empleados más jóvenes y se ha despedido a un total de 40.000 personas. Mientras el precio de sus productos no para de subir, lo que sí lo hace es la calidad. La revista especializada PCWorld, tras encuestar a 44.000 lectores, afirmó que HP cayó a la última posición en confianza y servicios en portátiles e impresoras, y se encuentra también entre las peor consideradas en ordenadores de mesa.
De esta manera, el ejecutivo socializa las pérdidas y privatiza los beneficios de unas entidades que, no hay que olvidarlo, provocaron la crisis con su avaricia y falta de ética. Por ello, el congreso y el nuevo gobierno de Obama han puesto en el punto de mira a las instituciones que fueron rescatadas, con el objetivo de poner fin a las gigantescas primas y subsidios que obtienen los altos ejecutivos de las grandes entidades mientras estas se mantienen a flote gracias a las ayudas del Gobierno. Recientemente, la Cámara de Representantes aprobó una ley para poner coto a estas prácticas en las entidades que han recibido ayudas públicas. Ahora falta que el Senado ratifique esta norma, a la que se opusieron una buena parte de los republicanos.
Sin embargo, los grandes de la banca, carentes de ética, desean volver cuanto antes a la situación del pasado. Un estudio elaborado por el inglés Insitute for Public Policy Research (IPPR) afirma que la rápida vuelta a la "cultura de las primas" para los directivos de la banca demuestra que la reforma en el sector ha sido "muy limitada". A pesar de que su rentabilidad lograda es ficticia y se basa en las ayudas otorgadas por el Gobierno, los seis grandes bancos de EEUU (Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley Citigroup, Bank of America y Wells Fargo) ya tienen puestos en reserva 52.000 millones de euros para pagar a sus ejecutivos y empleados. Esta cantidad, que incluye sueldos, seguros, pensiones y primas, supone un 20% más que en el primer trimestre de 2008. Para evitar ser controlados, Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Morgan Stanley devolvieron las ayudas a principios de este verano. El primero de ellos había abandonado su condición de banco de inversión el pasado invierno para poder acceder a estos fondos. Además, Citigroup está intentando encontrar un comprador para el 34% de su capital que actualmente está en manos del Estado para poder escapar al control del Gobierno.
El fiscal neoyorquino Andrew Cuomo, que investiga estas prácticas en el sector financiero, considera necesario cambiar el sistema actual de retribuciones. Según un estudio suyo, Citigroup, Merrill Lynch, Bank of America y otras seis grandes entidades pagaron el año pasado 32.600 millones en bonus, mientras recibieron 175.000 millones en fondos públicos. Los ciudadanos norteamericanos consideran que la vuelta a las prácticas del pasado es algo “terriblemente injusto, especialmente después de haber visto a los bancos desviar los miles de millones destinados a permitirles reactivar el préstamo hacia pagos de primas y dividendos gigantescos”, afirma Joseph Stiglitz.
El caso de HP
Si hablamos de primas desproporcionadas, el caso más sangrante lo ejemplifica Hewlett-Packard (HP), el gigante mundial de la informática, aunque esta no resultó beneficiada de las ayudas públicas. Su presidente ejecutivo, Mark Hurd, se llevó el pasado año 42 millones de dólares en compensaciones. La empresa, que ha visto crecer sus beneficios en un 15% desde la llegada de Hurd en 2005, considera apropiada la suma por el crecimiento “excepcional y sostenido” que ha experimentado bajo su mando. Sin embargo, desde su llegada se ha eliminado el plan de pensiones para los empleados más jóvenes y se ha despedido a un total de 40.000 personas. Mientras el precio de sus productos no para de subir, lo que sí lo hace es la calidad. La revista especializada PCWorld, tras encuestar a 44.000 lectores, afirmó que HP cayó a la última posición en confianza y servicios en portátiles e impresoras, y se encuentra también entre las peor consideradas en ordenadores de mesa.
jueves, 10 de septiembre de 2009
El PSOE y el disparate extremeño
Hace ya algunos años que el desarrollo sostenible aparece en un lugar destacado del programa electoral del PSOE en nuestro país y en las Comunidades Autónomas en las que gobierna. Con lo cual, se anuncian a bombo y platillo las iniciativas sostenibles que se desarrollan con o sin el amparo de las instituciones regidas por el partido. Sin embargo, hay una Comunidad, Extremadura, en la que el ejecutivo está respaldando una iniciativa que nada tiene que ver con un tipo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente. Por ello, el Gobierno ha hecho todo lo posible por silenciar este tema. Se trata de la construcción de una refinería de petróleo. O sea que, para España apadrina un modelo de desarrollo sostenible y en Extremadura, la Comunidad más pobre, receta el modelo que se supone que el resto de la Nación está abandonando.
Desde hace varias décadas, la construcción de refinerías está cayendo en picado en los países desarrollados. Además, gran parte de ellas se encuentran instaladas en ciudades costeras para evitar así la contaminación de los ríos con el agua resultante de su limpieza. Bajo la promesa de la creación de 3.000 empleos, la Junta de Extremadura (en la que también gobierna el PSOE), se ha sacado de la manga esta “iniciativa innovadora” que el Gobierno central ha apoyado desde el principio. Además, las autoridades extremeñas cobijan otros proyectos destinados a convertir la región en el vertedero español, como centrales térmicas, la licencia de explotación de minas de uranio y la prolongación del periodo de vida de la Central Nuclear de Almaraz. Auténtico desarrollo sostenible.
El proyecto no es más que el enésimo favor del ejecutivo regional al empresario Alfonso Gallardo. Odiado por muchos y querido por otros tantos, pero siempre defendido a capa y espada por la Junta de Extremadura, Gallardo es uno de los principales productores europeos de acero, y ostenta además una cementera y varios medios de comunicación, entre otras muchas cosas. Pero también es uno de los empresarios más contaminantes del país y algunas de sus prácticas han rebasado la legalidad en varias ocasiones.
El disparate extremeño encontró rápido la oposición de su Comunidad vecina, Andalucía, ya que la instalación de la refinería requiere de la construcción de un oleoducto de 200 kilómetros que atravesará tierras andaluzas. En concreto, el oleoducto deberá transcurrir a través del pulmón de Andalucía, el Parque de Doñana, para que el petróleo pueda llegar a tierras extremeñas. De esta manera, se ponen en serio riesgo de contaminación y vertidos de crudo las costas onubenses además de Doñana. Es necesario recordar que Huelva es la Comunidad más afectada por los distintos tipos de cáncer existentes, según el Atlas Municipal de Mortalidad por Cáncer en España, debido a la existencia de una refinería (qué casualidad, justo lo que el Gobierno quiere recetar ahora para Extremadura) y un Polo Químico.
La Junta de Andalucía, también gobernada por el PSOE, rechazó el paso del oleoducto por sus tierras. Ante la contradicción entre las autoridades extremeñas y andaluzas, pertenecientes al mismo partido, como se ha dicho, el Gobierno central anunció que el proyecto seguiría adelante, salvo que el Ministerio de Medio Ambiente indicara lo contrario. La decisión final calibrará hasta qué punto el ejecutivo presidido por Zapatero cumple, o traiciona, sus palabras.
Desde hace varias décadas, la construcción de refinerías está cayendo en picado en los países desarrollados. Además, gran parte de ellas se encuentran instaladas en ciudades costeras para evitar así la contaminación de los ríos con el agua resultante de su limpieza. Bajo la promesa de la creación de 3.000 empleos, la Junta de Extremadura (en la que también gobierna el PSOE), se ha sacado de la manga esta “iniciativa innovadora” que el Gobierno central ha apoyado desde el principio. Además, las autoridades extremeñas cobijan otros proyectos destinados a convertir la región en el vertedero español, como centrales térmicas, la licencia de explotación de minas de uranio y la prolongación del periodo de vida de la Central Nuclear de Almaraz. Auténtico desarrollo sostenible.
El proyecto no es más que el enésimo favor del ejecutivo regional al empresario Alfonso Gallardo. Odiado por muchos y querido por otros tantos, pero siempre defendido a capa y espada por la Junta de Extremadura, Gallardo es uno de los principales productores europeos de acero, y ostenta además una cementera y varios medios de comunicación, entre otras muchas cosas. Pero también es uno de los empresarios más contaminantes del país y algunas de sus prácticas han rebasado la legalidad en varias ocasiones.
El disparate extremeño encontró rápido la oposición de su Comunidad vecina, Andalucía, ya que la instalación de la refinería requiere de la construcción de un oleoducto de 200 kilómetros que atravesará tierras andaluzas. En concreto, el oleoducto deberá transcurrir a través del pulmón de Andalucía, el Parque de Doñana, para que el petróleo pueda llegar a tierras extremeñas. De esta manera, se ponen en serio riesgo de contaminación y vertidos de crudo las costas onubenses además de Doñana. Es necesario recordar que Huelva es la Comunidad más afectada por los distintos tipos de cáncer existentes, según el Atlas Municipal de Mortalidad por Cáncer en España, debido a la existencia de una refinería (qué casualidad, justo lo que el Gobierno quiere recetar ahora para Extremadura) y un Polo Químico.
La Junta de Andalucía, también gobernada por el PSOE, rechazó el paso del oleoducto por sus tierras. Ante la contradicción entre las autoridades extremeñas y andaluzas, pertenecientes al mismo partido, como se ha dicho, el Gobierno central anunció que el proyecto seguiría adelante, salvo que el Ministerio de Medio Ambiente indicara lo contrario. La decisión final calibrará hasta qué punto el ejecutivo presidido por Zapatero cumple, o traiciona, sus palabras.
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