El colapso económico español (2). Los “recortes” tienen finalidad ideológica

La presión ejercida por Alemania y la Unión Europea obligó a imponer duros ajustes en la economía española. ¿Hacia dónde nos conduce la vía de la austeridad?

• El colapso económico español (1). De repente, somos pobres   
• El colapso económico español (3). ¿Excesivo gasto?
• El colapso económico español (4). El ataque de “los mercados”
• El colapso económico español (5). Sobre el rescate bancario
• El colapso económico español (6). ¿Rescatar al país?
• El colapso económico español (7). Un futuro incierto  
• El colapso económico español (y 8). Conclusiones finales

Nada más estallar la crisis, el entonces presidente, Rodríguez Zapatero, se entretuvo en negarla y subestimar sus efectos en lugar de trabajar para sacarnos de ella cuanto antes. Después, su gobierno intentó resolver la situación con medidas de gasto público improductivo que ofrecieron pésimos resultados, hasta que en mayo de 2010 su política económica dio un giro de 360 grados. La enorme presión de la Unión Europea, personificada en Angela Merkel, fue la causa. Desde entonces, comenzó en España la era de la austeridad. Y el gobierno popular ha profundizado este modelo iniciado por el PSOE que nos conduce al suicidio. 

Para justificar este camino, el poder político y mediático intenta hacernos creer que la causa del incremento del déficit es el “elevado gasto público”, y han puesto de moda términos como “despilfarro” o “recorte”, muy de moda actualmente y convertidos en una especie de  dogma incuestionable. Así, nos transmiten la idea de que habíamos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades, que los gastos del Estado y las Comunidades Autónomas eran insostenibles, o “que tendremos el Estado del Bienestar que nos podamos permitir” (en palabras del presidente Rajoy). Algunos, incluso, han llegado a acusar a los extranjeros de la situación que vivimos, cuando, según un estudio realizado por la Fundación La Caixa, los inmigrantes aportan al Estado del Bienestar más de lo que reciben de él. “Se calcula que la alta tasa de actividad de los inmigrantes contribuirá a retrasar en cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones, además de frenar el envejecimiento poblacional”, indica la nota de prensa referida al estudio. 

Así pues, se nos insinúa que no se pueden detener estos recortes porque, de lo contrario, nuestro país podría quebrar. Sin embargo, numerosos expertos se han encargado de demostrar que el gasto público no ha provocado la situación que vivimos ahora. Si así fuera, ¿cómo nos permitió dicho gasto público alcanzar superávit y reducir el desempleo al mínimo histórico en 2007?

En mayo de 2010, el ejecutivo de Zapatero llevó a cabo un ajuste de 15.000 millones de euros, para lo cual tomó medidas como la reducción del sueldo de los funcionarios, la subida del IVA o la congelación de las pensiones. Por su parte, el actual gobierno popular se ha propuesto reducir el déficit público durante este año del 8,5% del PIB (en realidad el 8,9%, debido a la desviación de las CCAA gobernadas por el PP) al 5,3%. Para ello, ha llevado a cabo una reducción del gasto público en 32.000 millones de euros y acaba de anunciar otro brutal ajuste de 65.000 millones, con medidas que golpearán en mayor medida a los menos pudientes. Y, con el objetivo de que el déficit no supere el 3% en 2013, el próximo año nos espera otro duro ajuste en el presupuesto. ¿Por qué hay tanta prisa en reducir el déficit público en dos años? ¿No puede ser en tres, o en cinco, por ejemplo? ¿No hay partidas en las que recortar sin afectar tanto al bienestar de la población? ¿Cómo puede ser que los ciudadanos no tengamos un segundo de respiro mientras a los clubes de fútbol se les permite retrasar el pago de sus deudas con Hacienda hasta 2020?

Desde que se impuso la vía de la austeridad, se ha reducido el gasto en Innovación y Desarrollo (I+D) y el presupuesto en educación y sanidad; se ha rebajado el sueldo de los funcionarios; se ha retrasado la edad de jubilación y se han congelado las pensiones; se han recortado los derechos laborales y abaratado el despido; se han encarecido las matrículas universitarias; se ha eliminado la universalidad del sistema sanitario y se ha impuesto el copago farmacéutico; se ha elevado el IVA y otros impuestos que disminuyen el consumo y castigan proporcionalmente más a los pobres…Y un largo etcétera. Incluso la UE, precursora de los recortes, ha advertido de que la reforma laboral más agresiva de nuestra historia puede “provocar un aumento del desempleo a corto plazo” (como ha ocurrido) y critica los contratos de aprendizaje y el establecimiento de convenios laborales con un periodo de pruebas. "Existe el riesgo de que las empresas utilicen el periodo de prueba de un año para transformar este contrato en un contrato temporal de hecho, de baja calidad y con costes de rescisión nulos", señala la Comisión Europea en su informe. 

Estos recortes tienen, claramente, una intención ideológica: atacan a los más pobres, evidenciando que lo que persiguen no es otra cosa qua la lucha de clases. De esta forma, se pretende justificar la reducción del Estado del Bienestar, la bajada de sueldos y la privatización de empresas públicas. ¿Por qué, sino, no se reduce el gasto militar o las ayudas fiscales a la Iglesia? ¿Por qué mientras se recortaba en gastos sociales se eliminó el Impuesto de Patrimonio, se ha rebajado el de Sucesiones y se ha aplicado una amnistía fiscal a quienes defraudan a Hacienda? Vicenç Navarro demostró en el programa Salvados de La Sexta que hubiese sido más fácil ahorrar en gasto militar o en ayudas a la Iglesia, entre otras partidas, que hacerlo en gasto social. Y es que, según sus datos, el recorte de 600 millones de euros en ayudas a la Dependencia practicado por Zapatero equivale a las subvenciones para pagar a los profesores de Religión. ¿Por qué no corre la Iglesia con estos gastos? Mientras, la congelación de las pensiones –también de Zapatero- supone el mismo dinero que las últimas adquisiciones de aviones de combate para el Ejército (1.500 millones de euros). “Desde que la crisis se inició en 2007, la población española ha estado sometida a toda una serie de políticas públicas que han significado un gran recorte de sus derechos laborales y sociales, que han afectado de una manera muy notable al bienestar social y a la calidad de vida de las clases populares”, señalan Vicenç Navarro y Juan Torres.

El Impuesto de Patrimonio, que afecta a las personas más ricas del país, fue suprimido por el gobierno de Zapatero en 2008 para ser nuevamente reintroducido en septiembre de 2011 en una versión aún más light, de manera que se recauda cada vez menos por este tributo para no molestar a los multimillonarios. Además, el gobierno del PP ha dejado claro que no prorrogará la vigencia de esta norma cuando concluya en 2013, ya que fue establecida para un periodo de dos años solamente.

Mientras, la amnistía fiscal aplicada por el gobierno popular ha sido ampliada posteriormente para cubrir todo el dinero en metálico que no haya sido declarado hasta ahora. Así, aquellas personas que tengan montañas de dinero procedentes de actividades ilícitas, sólo tienen que afirmar que poseen ese dinero desde 2010 para regularizarlo tributando un mísero 10%, cantidad muy inferior a la que estas habrían defraudado. Además, el gobierno pretende que, en lugar de tributar por todos los capitales reconocidos, los evasores paguen impuestos sólo por los beneficios logrados en los tres últimos años, que es el plazo en que prescribe la ocultación de capitales a la Agencia Tributaria. Así, podrán darse casos en que estos contribuyan con menos de un 1% del dinero defraudado. Esta amnistía cuenta con el rechazo de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la cual considera que "supondrá tasas efectivas de tributación ridículas para los grandes evasores fiscales" y que incumple la legislación vigente en esta materia. En este sentido, el PSOE ha presentado un recurso contencioso-administrativo que ha sido admitido a trámite en la Audiencia Nacional.

Respecto a la Iglesia, hay que destacar que no sólo se beneficia de los ingresos aportados por las personas que marcan su casilla al declarar la renta. Esta cuenta también con una exención en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de manera que no aporta nada al Estado por los numerosos edificios que tiene en su poder. Andrés Gil estima en unos 45 millones de euros al año la cantidad que el gobierno deja de recaudar por este concepto. Además, la Iglesia no sólo posee edificios, sino que también participa en el negocio bancario, los medios de comunicación, las editoriales de material educativo y tiene inversiones en Bolsa. 

Por otra parte, la institución religiosa recibe cuantiosas subvenciones por conceptos como la atención al culto en los centros penitenciarios, conservación y restauración de bienes culturales, sostenimiento de centros culturales y educativos, etc. De esta manera, según los cálculos de Andrés Gil, la ayuda directa e indirecta del Estado a la Iglesia alcanza los 5.165 millones de euros aproximadamente. “Es decir, la mitad del recorte en sanidad y educación previsto para 2012”. Izquierda Unida presentó en el Congreso una iniciativa encaminada a eliminar los privilegios de la Iglesia y "abrir el camino para su autofinanciación". Pero el PP, CIU y UPyD tumbaron su propuesta. El presidente del gobierno señaló que no cree oportuno modificar la fiscalidad de la Iglesia “con la que está cayendo”. Mientras, el 80% de la población se muestra partidario de que la Iglesia pague el IBI, según una encuesta elaborada por Metroscopia para El País. 

Otro dato sobre el que sería necesario reflexionar: según un informe publicado por el diario online El Aguijón, que cita como fuentes a "tres asesores de la Presidencia del Gobierno", en España tenemos 445.568 políticos a cargo de la Administración. Mientras, otros autores discuten la veracidad de esta cifra, y critican que dentro de la misma se incluyen a muchos trabajadores que no son políticos, como los liberados sindicales y patronales o los empleados de las empresas públicas y otras organizaciones. Enrique Bethencourt, calcula que el número real de cargos ronda los 100.000.

De ser cierta la cifra que publica El Aguijón, seríamos el país europeo con más cargos públicos por habitante de toda Europa, con una proporción que duplicaría a la de Italia y Francia, por ejemplo. En todo caso, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos son las administraciones a través de las que acceden la mayor parte de los políticos colocados en la Administración, muchos de ellos enmascarados bajo el cargo de “asesor”. Incluso, existen numerosos casos en los que el asesor contrata a su vez a otras personas para asesorarle. ¿Tampoco se podría haber recortado por aquí? 

Así pues, es evidente que los recortes podrían haber ido en otra dirección. Pero la intención verdadera es reducir, o eliminar, un Estado del Bienestar que beneficia sobre todo a los más pobres. Para ello, el poder político se apoya en los medios de comunicación, intentando convencernos de que la causa de todo mal es el “excesivo gasto público”, y justificando así los recortes. “Es de conocimiento universal que el cáncer de la economía española radica en el desaforado gasto público surgido del sistema autonómico que ahora padecemos”, escribió César Vidal. El objetivo que persiguen tales afirmaciones es desmontar el Estado del Bienestar, recortar la protección social y privatizar todo aquello que pueda interesar al sector privado.

También se critica la magnitud del Estado y el gasto social, alentando su reducción, cuando en realidad somos uno de los países europeos que menos empleo crea en el sector público. Tenemos unos 3,1 millones de empleados públicos, lo que supone el 13,1% de la población activa, uno de los porcentajes más bajos de la UE-15, donde la media es del 16%, señala Juan Torres. “En los países europeos cuyas economías son de las más competitivas y eficientes del mundo, según la OCDE, ese porcentaje era aún mayor: 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia”, añade.  Además, “el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar español (sanidad, educación y servicios sociales entre otros) representa sólo 9%, el porcentaje más bajo de la UE-15 (cuyo promedio es del 15%)”, destaca Vicenç Navarro.

 

“En nombre de cómo salir de la crisis se están cometiendo tropelías y ataques a los derechos sociales, laborales y de todo tipo jamás conocido en nuestra aun joven democracia. La crisis y como salir de ella se ha convertido ya en el nuevo dios, patria o nación para en su nombre machacar a las capas más vulnerables y justificar lo que no es más que la imposición de los planteamientos que conforman el ideario de las derechas más recalcitrantes, arcaicas y ultra liberales que gobiernan por Europa”. Julio Ruiz

Con los recortes en sanidad y educación, pilares básicos del Estado del Bienestar, el poder político pretende justificar la privatización de ambos servicios, muy apetecibles para el capital privado. Y este es un objetivo en el que se lleva mucho tiempo actuando.  Así, entre 2004 y 2009, las subvenciones a la educación privada no universitaria se incrementaron en un 30%, de manera que las aportaciones estatales han llegado a alcanzar el 58,8% de los ingresos en las empresas que prestan este servicio. Mientras, cada vez son más los españoles que hacen uso de la sanidad privada, lo que sitúa a nuestro país como el segundo de Europa que más gasta en este sentido, con un 26% del gasto sanitario total.

Los ajustes practicados van, poco a poco, ahogando las escasas posibilidades de recuperación. Y es que las “reformas” practicadas por los gobiernos de este sistema bipartidista no sólo no han mejorado la situación, sino todo lo contrario, dejando así patente su verdadera intención. El descenso del consumo que han provocado, junto con la ausencia de financiación a familias y empresas por parte de la banca, ha triplicado las cifras de desempleo, que hoy rondan el 25%. Y el paro juvenil alcanza el 50%, erosionando las posibilidades de una generación entera, la más preparada. Por eso, cada vez son más los jóvenes que optan por emigrar al extranjero en busca de un empleo acorde a su preparación. 

Próximo artículo: El colapso económico español (3). ¿Excesivo gasto?

El colapso económico español (1). De repente, somos pobres

El estallido de la crisis financiera puso de relieve las graves consecuencias de un modelo económico basado en la especulación inmobiliaria. El enorme agujero de la banca convirtió el crecimiento logrado hasta entonces en un mero espejismo. Mientras, muchos españoles nos preguntamos: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

• El colapso económico español (2). Los "recortes" tienen finalidad ideológica 
• El colapso económico español (3). ¿Excesivo gasto?
• El colapso económico español (4). El ataque de “los mercados”
• El colapso económico español (5). Sobre el rescate bancario
• El colapso económico español (6). ¿Rescatar al país?
• El colapso económico español (7). Un futuro incierto  
• El colapso económico español (y 8). Conclusiones finales

La crisis española comenzó en 2008. Hasta entonces, todo iba bien: éramos uno de los países que más crecía de Europa, en torno al 3% anual, se creaba empleo y la inversión científica crecía. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero logró en 2007 un superávit equivalente al 1,9% del PIB, de manera que los ingresos superaban ampliamente a los gastos. A finales del mismo año se alcanzó la tasa de paro más baja de la democracia (8%) y la renta por habitante superó a la de Italia. Desde 1996 se habían creado ocho millones de empleos, una parte importante de ellos en el sector de la construcción. El ejecutivo socialista había heredado una deuda pública equivalente al 27% del PIB, una de las más bajas en la UE. Entonces, nuestro país era de los pocos que cumplía el Pacto de Estabilidad de la UE, que impide tener un déficit público superior al 3% del PIB.  Todo iba viento en popa.

En septiembre de 2008, estalló en Estados Unidos la crisis de las hipotecas subprime y los bancos comenzaron a sufrir los impagos hipotecarios derivados de su irrefrenable carrera por hacer subir los precios de las viviendas y aumentar los beneficios. Dichas hipotecas se concedían a clientes que no cumplían las condiciones para ello, de manera que había muchas posibilidades de que no pudieran pagarlas, pero se les aplicaba un interés más alto, bajo la creencia de que los precios de las viviendas nunca dejarían de subir. Además, los banqueros que las colocaban solían llevarse grandes comisiones por ello.

Esta crisis se extendió rápidamente por todo el mundo a través de los mercados financieros (la Bolsa). Las entidades bancarias se dieron cuenta de que gran parte de esas hipotecas no las podrían cobrar y que las viviendas embargadas ya no se venderían al precio esperado, por lo que decidieron restringir bruscamente el flujo de sus préstamos a toda la economía. La banca española se encontraba completamente atrapada en la crisis de las subprime. Y es que, durante años, las entidades financieras de nuestro país habían volcado gran parte de su actividad y sus recursos a financiar la construcción, el sector que estaba motorizando el rápido crecimiento de la economía. Entre 2000 y 2007, los bancos multiplicaron por nueve el crédito destinado al negocio inmobiliario y triplicaron la financiación a la edificación de viviendas. “Y eso que cada vez disponían de menos depósitos para generarlo: en 2000 la banca española recibía 1,43 euros en depósitos por cada euro que concedía a crédito, mientras que en 2007 solo 0,76 euros”, señala Juan Torres. Para ello, las entidades bancarias se endeudaron masivamente con otros bancos, alemanes y franceses sobre todo, a los que pidieron más de 400.000 millones de euros en préstamos.

Era evidente que algo se estaba haciendo mal. Si todo esto se veía venir, ¿por qué el gobierno, el Banco de España y la Unión Europea no llamaron la atención sobre ello? En opinión de Vicenç Navarro, “no hay duda de que la banca, las cajas, el Banco de España y las autoridades públicas, tanto españolas, como europeas, eran conscientes de ello. Bastaba con ver un gráfico en el que se comparara la evolución de los precios de la vivienda y de los salarios (la gran mayoría de compradores de vivienda derivan su dinero de las rentas del trabajo), para ver que los primeros crecían mucho más rápidamente que los segundos. La distancia entre los dos precios se intentaba llenar con crédito. Y de ahí el enorme endeudamiento de las familias”. “El gobernador del Banco de España que había colocado el PP, Caruana, se pasaba por el arco del triunfo la denuncia de sus inspectores que en 2006 le señalaban formalmente que no se hacía nada frente a un endeudamiento creciente y muy peligroso de la banca española. Pero eso sí, no había declaración suya o más tarde de su sucesor, el socialista Fernández, en la que no reclamasen moderación salarial y recortes de gasto social”, añade Juan Torres. En definitiva, el ejecutivo socialista se negó a pinchar a tiempo la burbuja inmobiliaria. Tampoco modificó el modelo económico para apostar por nuevas industrias como las energías renovables o la alimentación ecológica (es más, el gobierno de Zapatero fue el mayor benefactor de la industria transgénica).

Así pues, los bancos, constructoras e inmobiliarias, con la ayuda del poder político, se encargaron de hacer subir el precio de la vivienda, mientras los salarios permanecían inmóviles. “Durante el boom inmobiliario se construyeron 800.000 viviendas al año, más que Alemania, Gran Bretaña y Francia juntas. Los precios subieron un 155% durante una década, crecimiento artificial, que no se correspondía con el crecimiento del nivel de vida del país, y que se consiguió gracias a las prácticas especulativas de la banca”, destaca Vicenç Navarro. Los bancos eran conscientes de que estaban concediendo más préstamos hipotecarios de la cuenta, y de que para ello se estaban endeudando demasiado. Pero no quisieron reducir un negocio que les estaba resultando tan rentable. “No contentos con los beneficios que les daba el negocio inmobiliario que condenaba al monocultivo a la economía nacional, impusieron políticas de bajos ingresos y recortes salariales para que las familias y pequeños empresarios vivieran en el filo de la navaja y tuvieran que endeudarse hasta las cejas”, critica Juan Torres. “Y eso, por no hablar de las estafas estrella, que han podido suponer un auténtico robo de entre 12.000 y 15.000 millones de euros, si no más, mediante las participaciones preferentes, las cláusulas suelo, etc.”, añade.

En el momento que la crisis comenzó a hacer estragos, supimos que gran parte del periodo de bonanza que habíamos vivido hasta ese momento se sustentaba en un enorme endeudamiento, principalmente privado, con el que los bancos se habían llenado los bolsillos. Ante esta situación, se desencadenó el pánico financiero. “Los bancos, todos, y no solo las cajas, estaban tocados del ala y en el fondo de sus balances había un deterioro estructural gravísimo como consecuencia de la crisis del ladrillo que ellos mismos habían provocado facilitando el endeudamiento explosivo de toda la economía”, destaca Juan Torres. Las entidades financieras dejaron de prestar, cortando bruscamente el crédito a las familias y las empresas, muchas de las cuales echaron el cierre ante la falta de financiación para seguir funcionando. El golpe fue tremendo: pasamos a ser el país que más empleo destruía y cuyo déficit público crecía más rápidamente.

En opinión de Vicenç Navarro, 

cuando la burbuja especulativa inmobiliaria explotó, a la banca alemana le entró el pánico, pues tenía gran parte de su capital prestado a la banca española y, en mucho menor grado, al Estado español (un 10% de su inversión bancaria). Y comenzó a promover la idea falsa de que el euro estaba en peligro. Lo que estaba en peligro, sin embargo, es que la banca alemana perdiera los fondos prestados a España y a otros países periféricos de la Eurozona. En realidad, el euro nunca estuvo en peligro. Su valor osciló, pero no bajó sustancialmente de valor comparado con el dólar. Y de ahí derivan las políticas de austeridad, cuyo único objetivo es que se pague a los bancos alemanes (y franceses) la deuda tanto privada como pública que tienen. La mal llamada ayuda de la Unión Europea y del FMI a los países periféricos es ayuda para que paguen a los bancos alemanes y franceses primordialmente.

Llegados a este punto, el poder político y los medios de comunicación comenzaron a difundir la idea de que era necesario salvar a las instituciones financieras para que estas pudieran seguir financiando a la economía. A través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), se les concedieron miles de millones de euros en forma de préstamo que muchos bancos no llegarán nunca a pagar. Este dinero, unido al que las instituciones reciben del BCE al 1%, les permite comprar deuda pública y, con las ganancias, sanear sus cuentas, repartir dividendos entre sus accionistas y continuar especulando en Bolsa. Pero de prestar a las empresas y familias necesitadas, nada de nada. ¿Por qué no se les pudo dejar caer como ocurre con el resto de empresas privadas? ¿Por qué los gobiernos –el socialista de Zapatero y el popular de Rajoy- no pensaron en la creación de un banco público que financiara a la población?

La cobertura y aval de las deudas bancarias, junto con el descenso de las cotizaciones por el creciente desempleo hicieron caer al Estado en déficit fiscal en 2008. Desde entonces, el presupuesto nacional comenzó a arrojar pérdidas, y el Estado ha tenido que endeudarse para financiarlas a unas tasas de interés que no dejan de subir. La deuda pública ha crecido en unos 350.000 millones de euros desde que el gobierno acudió en auxilio de la banca, sin tener en cuenta los 100.000 millones del rescate solicitado el pasado 9 de junio a las autoridades europeas. 

Para reducir la enorme deuda, el poder político y mediático transmitió la necesidad de realizar numerosos “recortes”. Fue así como se empezó a culpar de todo lo que estaba ocurriendo al “excesivo gasto público”. Algunos expertos se encargaron de rebatir este argumento, aunque no gozaron de la atención del establishment mediático, más interesado en hacernos olvidar que hemos llegado a esta situación por culpa de la especulación bancaria. Retomaré este argumento en el siguiente artículo. 

Mientras, los bancos se encuentran totalmente descapitalizados. Tienen enormes pérdidas y, aunque siguen recibiendo dinero muy barato, al 1%, se niegan a conceder préstamos a la economía. Para no reconocer unas enormes pérdidas, las instituciones financieras siguen valorando las viviendas en su poder al precio que estas tenían durante la burbuja, y no al que tienen hoy en el mercado, en torno a un 20% menos. ¿Cómo pagar ahora las deudas que reclaman los acreedores extranjeros si los activos en poder de la banca han perdido parte de su valor? Por eso, los bancos se niegan a hacer públicos sus balances. Y este es uno de los principales motivos que provocan diariamente la caída de la cotización de la Bolsa española, al ser una de las excusas que usan “los mercados” para atacar nuestra deuda pública y enriquecerse con ello. 

El FMI calculó en 40.000 millones el agujero financiero de la banca debido a explosión de la burbuja inmobiliaria. Además, el gobierno encargó una auditoría a las consultoras extranjeras Oliver Wyman y Roland Berger, las cuales concluyeron que las entidades españolas necesitarán como máximo 62.000 millones de euros. Pero la cantidad real que requieren es muy superior, y la primera de estas empresas ha advertido que los bancos están calificando parte de sus créditos inmobiliarios como si no lo fueran, con la intención de ocultar su verdadera situación. “Los casos de los que se tiene conocimiento parecen indicar que partes significativas de los créditos para la promoción y construcción inmobiliaria han sido mal clasificados como créditos empresariales corrientes”, indica la consultora Oliver Wyman. 

La presión de los mercados obligó al Gobierno a solicitar el pasado 9 de junio un rescate bancario que puede llegar hasta los 100.000 millones de euros, del cual se hablará en los siguientes posts. “La deuda inmobiliaria con los bancos no es menor de 400.000 millones de euros, así que 100.000 millones (el techo más alto del rescate) serán insuficiente incluso en los escenarios más optimistas de su recuperación”, señalan Vicenç Navarro y Juan Torres.

Bankia, un pozo sin fondo

Recientemente, el gobierno popular decidió acudir en ayuda de Bankia, una institución creada de la unión de siete cajas de ahorros ahogadas por las pérdidas derivadas de la burbuja inmobiliaria. El ministro Luis de Guindos dejó claro entonces que “el Estado aportará todo el capital que necesite Bankia”. Es decir, que para los bancos sí hay dinero. Mientras, nos transmiten al resto de la población la necesidad de realizar “recortes”. “Es normal que la gente se indigne cuando se entera de estas cosas. ¿Cómo se puede explicar que no haya límites impuestos por el déficit y la deuda a la hora de destinar dinero público a los bancos y que al mismo tiempo no haya ni un euro para los servicios públicos?”, critica Juan Torres. Además, se da la paradoja de que las personas que han sido desahuciadas por esta institución tienen que colaborar en salvarla. Juzguen ustedes mismos.  

A parte de los 4.465 millones de euros que había recibido anteriormente del FROB, la entidad tuvo que pedir otros 19.000 millones debido a las nuevas leyes que obligan al sector a provisionar un mayor porcentaje de capital para prevenir posibles impagos. Es decir, más de 23.000 millones en total, casi ocho veces más que el presupuesto del Ministerio de Educación para este año. “Quien necesita ese dinero son las pequeñas y medianas empresas que han de pagar el escasísimo crédito que ahora reciben al 12 o 15%, o incluso al 30% si se da en circunstancias más extraordinarias o urgentes”, destaca Torres. Dicha aportación convertirá al Estado en accionista mayoritario del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de la entidad y propietaria de Bankia. Sin embargo, cuando la empresa  comience a dar beneficios será nuevamente privatizada. O sea, que las pérdidas son cubiertas por todos los españoles y los rendimientos futuros serán repartidos entre un selecto grupo de accionistas. Todo un ejercicio de socialización de pérdidas y privatización de las ganancias. Capitalismo puro y duro.

Mientras, muchos españoles nos preguntamos: ¿por qué es necesario salvar a Bankia?, ¿no se le puede dejar caer? ¿Por qué en su lugar no se contempla rescatar a las miles de pymes que han tenido que cerrar a causa de la restricción de créditos aplicada por los bancos? ¿Por qué no se ha creado un banco público que financie a las empresas que lo necesitan y no reciben créditos de la banca? Si, en lugar de rescatar al banco, el gobierno hubiera acudido en ayuda de todas las familias a las que este ha desahuciado, Bankia habría recuperado el dinero y miles de personas no estarían acercándose peligrosamente a la pobreza. Izquierda Plural ha propuesto dos veces en el Congreso la formación de una comisión que investigue cómo se ha creado semejante agujero financiero en la entidad y depure responsabilidades. Pero el gobierno popular, con mayoría parlamentaria, lo ha rechazado.

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