Tras la irrupción de Wikileaks y sus revelaciones, surgió un debate en torno al derecho a la libertad de información e, incluso, la democracia. Sin embargo, la publicación de estos documentos secretos no ha tenido los efectos esperados.
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Desde el momento en que se conoció la existencia de cables secretos en manos de Wikileaks, surgió el debate en torno a la libertad de información y la pertinencia de su publicación. El hecho de que se tratara de cientos de miles de documentos confidenciales permitió que se interpretara la filtración de Wikileaks como un gran hallazgo para la libertad de información y el análisis de la sociedad internacional. Incluso, se discutió sobre si estas filtraciones podrían suponer el origen de un nuevo periodismo[i] o un hito en la defensa del derecho a la información y la democracia[ii]. Respecto a si resulta conveniente publicar este material, la respuesta es rotunda: sí. Porque la relevancia pública y la veracidad de la información, pilares básicos de la libertad de información, así lo permiten. No obstante, son más discutibles los efectos democratizadores que puedan derivarse de estas publicaciones, pues gran parte de la información no era precisamente muy secreta para parte de la opinión pública.
Los documentos filtrados por Wikileaks tienen distintos niveles de confidencialidad que van desde secreto "noforn" (no entregable a personas o a países que no sean EEUU), secreto, reservado "noforn", reservado, sin clasificar / exclusivamente para uso oficial y, por último, sin clasificar. Del total de documentos hay (97.070) confidenciales, (75.792) no clasificados, (58.095) no clasificados pero sólo para uso oficial, (11.322) secretos, (4.678) reservados y (4.330) reservados sólo para uso interno. Un 60% de los documentos revelados proceden de las embajadas estadounidenses en países árabes y musulmanes o es relativo a ellos.[iii].
La mayoría de documentos filtrados procedentes de las embajadas estadounidenses hacen referencia a países como Turquía (7.918), Irak (6.677), Jordania (4.312), Kuwait (3.717), Sudán (3.078) o Indonesia (3.059)[iv]. Sin embargo, como veremos, no ha sido de estos países de los que más se ha hablado en los medios tras la filtración. También resulta importante señalar que no todos estos documentos publicados sirven realmente para conocer algunos hechos relevantes ocurridos en los últimos conflictos, ya que la mayoría de ellos detallan acciones rutinarias o trámites burocráticos de escasa trascendencia, tales como un control de tráfico.
Por otra parte, los documentos que sí narran acontecimientos importantes sólo han servido para confirmar asuntos poco secretos, como la ausencia de armas de destrucción masiva en Irak, la muerte de cientos de miles de personas ajenas a los conflictos, las torturas y abusos cometidos por los soldados, el ocultamiento de víctimas o la impunidad con la que contratistas privadas se mueven por Afganistán e Irak. También es bien conocida la unilateralidad que caracteriza a la política exterior estadounidense, su irrespeto hacia la legislación internacional, el apoyo iraní a las milicias chiíes que operan en Irak, las ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército iraquí o la complacencia paquistaní hacia la insurgencia talibán. Otros asuntos, como el apoyo estadounidense a la ocupación israelí de Palestina, el golpe de Estado perpetrado en Honduras o los intentos de desestabilización a los gobiernos de izquierda en América Latina, tampoco eran precisamente secretos.
Así pues, los documentos que realmente han aportado información novedosa han sido escasos. Estos han servido para conocer asuntos como el apoyo del gobierno español a los vuelos secretos de la CIA y al bloqueo de la causa judicial abierta contra el ejército estadounidense por la muerte del cámara José Couso. Lo cual tampoco ha sorprendido a nadie.
Convendría detenerse ahora a analizar el tratamiento que han tenido estas filtraciones en los medios de comunicación. En este sentido, es necesario recordar que Wikileaks suministró de forma exclusiva los documentos confidenciales a cinco medios: The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País. ¿Por qué solamente a ellos? Numerosas voces se han alzado para cuestionar esta decisión.
“¿Cuál ha sido la razón por la que Wikileaks dio la exclusiva a cinco empresas privadas de la comunicación? Lo que en principio debía ser acto de democracia informativa se transforma en show mediático. (…) Así comienza la adulteración”. Marcos Roitman Rosenmann[v].
Según el periodista e investigador Pascual Serrano, “el privilegiado acceso de algunos periódicos a los cables de Wikileaks ha provocado que la opinión pública internacional acceda a los contenidos tras la selección jerarquización y enfoque dado por estos diarios”[vi]. En su opinión, estos cinco periódicos se posicionaron a favor del gobierno estadounidense cuando éste inició su enfrentamiento con Wikileaks[vii].
Así, los cinco anunciaron que se coordinarían en la selección de los cables y sólo publicarían aquellos que no representen amenazas para la seguridad de los países y las personas. Por su parte, El País manifestó su decisión de “aceptar los compromisos a los que The New York Times llegue con el Departamento de Estado para evitar la difusión de determinados documentos”. El periódico español también señaló que desconoce los criterios con los que fue seleccionado el paquete de cables que llegó a sus manos[viii].
En definitiva: Wikileaks recibió cientos de miles de cables de los cuáles seleccionó algunos para ofrecérselos sólo a cinco medios, los cuales, tras realizar una nueva selección, los utilizaron para elaborar sus informaciones. De esta manera, lo que en principio se veía como un acto de democratización de la información ya no lo parece tanto.
Tratamiento mediático
Llegados a este punto, es necesario analizar cómo publicaron estos medios la información que les fue proporcionada por Wikileaks. Además del pacto que alcanzaron para evitar la difusión de asuntos que afectasen a la seguridad de países o personas, conviene recordar que cada uno de ellos ha utilizado las filtraciones en base a su línea ideológica e intereses.
Según Michel Chossudovsky[ix], The New York Times realizó una difusión selectiva de los cables, “enfocándose en áreas que apoyan los intereses de la política extranjera de EEUU”, como el programa nuclear iraní, Corea del Norte, Arabia Saudí, el apoyo de Pakistán a Al-Qaida, etc.
Mientras que los cables se usan como “prueba” de que Irán representa una amenaza, las mentiras y fabricaciones de los medios corporativos referentes al supuesto programa iraní de armas nucleares no tienen ningún sustento en los cables puesto que en ellos no aparece ninguna mención al respecto. Michel Chossudovsky[x]
Por ejemplo, nos encontramos también con que ninguno de estos medios publicó nada acerca de la sugerencia realizada por el Mossad israelí a Estados Unidos para perpetrar un golpe de Estado en Irán en 2007[xi]. Según el cable[xii], esta iniciativa contaría con el apoyo de países de la región, como Jordania, Arabia Saudí y los países del Golfo, que verían con preocupación el acceso de Irán a material nuclear. Por su parte, los investigadores Gareth Porter y Jim Lobe matizan esta versión y critican que los medios estadounidenses como The New York Times o The Washington Post utilizaron la presunta preocupación de los países árabes respecto al programa nuclear iraní para manifestar que estos aprobarían un futuro ataque contra el régimen de Teherán. Y es que, según estos autores, los cables también informaban de los recelos de algunos países árabes sobre una posible intervención en Irán: “Los documentos confidenciales muestran la preocupación de los gobernantes árabes sobre la influencia regional y las ambiciones de Irán, pero también sugieren que tienen poco o ningún interés en una acción militar contra la República Islámica, salvo quizá el rey Hamad, de Bahrein, único un país de mayoría chiita”[xiii].
El periodista e investigador Pascual Serrano, criticó el escaso interés que El País otorgó al cable que hace referencia a “una reunión del ex presidente y golpista ecuatoriano Lucio Gutiérrez con el embajador de Estados Unidos en Bogotá en 2005”[xiv]. “El pasado 30 de septiembre de 2010, Lucio Gutiérrez estuvo frente al intento de golpe de Estado y magnicidio contra el presidente Correa en Ecuador”. En el documento[xv], Gutiérrez expresó a Estados Unidos, en el caso de lograr la presidencia de Ecuador, su disposición a ayudarles a luchar contra Chávez.
Este autor también añade[xvi] que El País utilizó una insinuación[xvii] de un diplomático estadounidense en La Paz, Bolivia -según la cual Venezuela podría haber ayudado a pagar el salario del ejército boliviano, aunque, según el cable, este aspecto “no está confirmado”- para elaborar la siguiente información: “Chávez compra lealtades en el seño de Ejército boliviano”[xviii].
Y continuando con el seguimiento a El País, Iroel Sánchez[xix] destacó cómo este medio tampoco habló sobre el cable que informaba de una reunión mantenida en 2008 por el Encargado de Negocios de EEUU en Madrid, Hugo Llorens, con representantes de instituciones como ABC, Europa Press, BBVA, FAES o PRISA, editora de El País. Según el cable, en esta reunión se habló de temas como Cuba, Venezuela, México, Colombia o Argentina[xx].
Otros medios se dedicaron a intentar demostrar supuestos incumplimientos de la normativa por parte de Wikileaks para justificar el acoso y persecución contra Assange. Así, la cadena Fox News publicó sin argumentar prueba alguna que el “Sitio en la red Wikileaks no está protegido por la ley sueca, dicen analistas legales”[xxi]. Por su parte, según Maximillian C. Forte[xxii], el Wall Street Journal afirmó[xxiii] que “había obtenido una carta de cinco organizaciones de derechos humanos, crítica por el hecho de que Wikileaks no haya eliminado los nombres de informantes civiles afganos en los archivos que se hicieron públicos”.
