El saqueo
Argentina ingresó en el Fondo en 1956. En apenas dos de años, el Gobierno ya había sido persuadido para despedir al 15% de los funcionarios públicos, aumentar en un 150% las tarifas del transporte, eliminar los controles de precios y demorar numerosas obras públicas, entre otras cosas, según Roberto Baschetti. Desde entonces, la entrada de las compañías multinacionales en el país fue asociada a una enorme corrupción. En 1975, el ex ministro de Economía, Krieger Vasena, se marchaba a Bahamas para formar parte de la empresa Deltec.
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Tres días después del golpe que dio inicio a la dictadura militar en 1.976, el FMI otorgaba a la dictadura un préstamo que había sido negado al anterior gobierno constitucional. El país adeudaba ya 10.000 millones de dólares al Club de París. Seis años después, durante la dictadura de Bignone, la deuda superaba los 45.000 millones (enlace a video).
Con el objetivo de reducir la inflación y fomentar la inversión extranjera, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, eliminó los aranceles a la importación de productos y acabó con las ayudas a la producción local, lo que provocó el aniquilamiento de los productores nacionales, el cual, a su vez, generó un colapso económico en el país que obligó a congelar los salarios. La Reforma Financiera de 1977 eliminó toda regulación del mercado financiero, quedando el Estado como garante de los depósitos. Además, para obtener préstamos de los bancos privados, el Gobierno exigía de las empresas públicas argentinas que se endeudaran con los banqueros privados internacionales. A través de la Ley 25.526 de entidades financieras, Martínez de Hoz implementó un plan que incluía la devaluación del peso y promovía la especulación financiera. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación.
Durante estos años, según Baschetti, “las multinacionales llevaron a cabo un “vaciamiento” de los activos del país a través de “autopréstamos entre empresas” nacionales y extranjeras y la colocación de sus activos como aval “para endeudarse y enviar el dinero fuera” de Argentina. En palabras del autor argentino Jorge S. Zappino, “el esquema consistía, básicamente, en conseguir dinero barato en el exterior, invertirlo en el país y luego sacar nuevamente esos capitales más la diferencia lograda vía tipo de cambio”.
“De manera general, los créditos contratados por el Estado o las empresas públicas con los bancos eran recolocados como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. El Banco Central argentino colocaba discrecionalmente dichos fondos en los bancos estadounidenses, apoyado por la generosa intermediación de la Reserva Federal estadounidense. En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda”, según Zappino. Fenómeno conocido entre los economistas como bicicleta financiera.
Según puso de manifiesto Pino Solanas en el documental Memorias del Saqueo, 23.000 de los 45.000 millones que el país adeudaba entonces correspondían a obligaciones contraídas por bancos extranjeros (como el Citybank, Bank of América o Banco de Italia), empresas multinacionales (Esso, Fiat, IBM, Ford, Pirelli, etc.) y nacionales (Pérez Companc, Macri, Soldati, etc.). Deuda que fue transferida al Estado argentino por Domingo Cavallo, entonces un alto funcionario de la dictadura.
Tras el retorno de la democracia al país en 1.983, Raúl Alfonsín intentó poner fin a la “subordinación del Estado a los grupos financieros internacionales”. El presidente prometió investigar el origen de la deuda, y el ministro de Economía, Bernardo Grinspum, tras elaborar una auditoría, propuso denunciar su ilegitimidad y priorizar en su lugar el crecimiento del país . Sin embargo, Alfonsín, ante la quiebra del Estado, se vio obligado a renegociar la deuda con Estados Unidos y el FMI y ceder ante sus presiones. Para los cual dejó sin efecto la investigación de Grinspum y ordenó archivar los resultados, legitimando la deuda.
El Banco Central declaró que no tenía auditada la deuda externa pública, por lo que el Gobierno de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como del Estado, basándose en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura. El país se hizo cargo de las deudas de 25 entidades financieras que habían quebrado. José Luis Machinea, presidente del Banco Central, completaría de esta forma la transferencia de deudas privadas el 1 de julio de 1985. El Banco Central reconoció también que, al menos, un 60% del aumento de la deuda provenía del incremento de los intereses debido al vencimiento de algunos créditos que el Gobierno no pudo pagar. La deuda alcanzó los 63.000 millones de dólares.
A través del Plan Austral, Argentina se embarcó en un nuevo plan de ajuste que obligó a reducir los gastos sociales, eliminar las restricciones a las importaciones y privatizar más empresas públicas. Un plan de “economía de guerra”, según el presidente. Nuevamente, recursos públicos volverían a acabar en manos de instituciones bancarias y multinacionales. Los intereses bancarios comenzaron a aumentar desorbitadamente, y los créditos hipotecarios llegaron a alcanzar el 21%.
El estudio elaborado por los peritos del Banco Central, según el periodista Alejandro Olmos, había concluido en un año y medio de trabajo que "el 90% de la estatización de la deuda privada correspondía a operaciones ilegales armadas por empresas multinacionales". Olmos fue quien denunció este hecho en 1.982 ante los tribunales. De esta manera fueron transferidos hacia otros países 90.000 millones de dólares, cantidad que supone la mitad de lo que el país debe hoy. Dicha cantidad fue contraída por el país durante la dictadura militar (1.976-1.983). Según el economista Alfredo Eric Calcagno, la deuda era “inversa en cierto modo” y eran los bancos quienes debían dinero al país, ya que “las casas matrices tienen que hacerse cargo de los depósitos bancarios de sus filiales”. En 1984, el ya ex ministro Martínez de Hoz, manifestó en una Comisión de la Cámara de Diputados: “la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses”.
Ménem y las privatizaciones
En 1.989, el enorme crecimiento de la inflación motivó que se sucedieran robos y saqueos en las tiendas del país. Seis meses antes de que finalizara el plazo de su cargo, Alfonsín dimitió como presidente, siendo relevado por Carlos Ménem. Desde entonces, Argentina, país históricamente antiimperialista, se convirtió en aliado de EEUU. La deuda era insostenible, alcanzando el 80% del PIB. La producción del país apenas da para pagar los intereses de la misma. La pobreza creció hasta afectar al 60% de la población.
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El nuevo ejecutivo decidió seguir al pie de la letra los dictados del FMI para aliviar la situación. Ménem elaboró un plan económico con el que auguraba un gran crecimiento de la producción del país. El director gerente del FMI, Michel Camdessus, expresó su apoyo a un plan que definió como de “alta calidad”. Poco después, sugirió profundizar en la flexibilidad laboral.
En 1.991, la ley de convertibilidad abrió el país a las importaciones e impuso un sistema de cambio de paridad entre el peso y el dólar con el objetivo de frenar la inflación. De esta manera, el país se dolarizó y todo podía pagarse con las dos monedas, el dólar y el peso. El país pasó de producir el 95% de lo que consumía a importar todo tipo de productos. El 18 de diciembre de 1995, el economista Milton Friedman advertía en el diario La Nación de que los consejos del Fondo eran “malos”. Camdessus y EEUU continuaron respaldando a Ménem, y presentaban el país al mundo como el “milagro argentino”. “El mejor presidente en los últimos 50 años es Carlos Ménem”, llegó a decir el máximo mandatario del FMI en 1998. (enlace a video)
Aunque la inflación bajó hasta niveles muy bajos, la apertura de los mercados obligó a muchas personas a endeudarse en dólares. Este hecho dejó indefensa a la industria nacional, provocando el hundimiento de miles de empresas La incertidumbre generada por los prestamistas ante la crisis asiática hizo que los intereses de las compañías bancarias alcanzaran en Argentina el 50%, frente al 7% existente en los países occidentales de donde estas eran originarias. Según Stiglitz, el Fondo tenía gran parte de la culpa de la situación Argentina, al haber impulsado el tipo de cambio fijo. “La mayoría de los economistas, que no fueran del equipo del FMI, sabían que no podía sobrevivir”.
En 1.992, Cavallo, contrató a las instituciones bancarias privadas Citibank y J. P. Morgan para que prepararan el plan financiero de reestructuración de la deuda, y a Price Waterhouse para que efectuara los trabajos de consultoría. Según Zappino, “como no se siguió el registro de deuda en los 80 en el Banco Central, la reconstrucción de la deuda fue hecha sobre la base de declaración jurada de los acreedores”. Además, el ministro negoció con el secretario del Tesoro norteamericano, Nicolas Brady, canjear la deuda mediante el pago mediante bonos de empresas estatales.
“Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado” (Ménem).
A través del Plan Brady, las empresas estatales podían comprarse a precios de ganga con bonos del Estado avalados por EEUU, y se establecieron clausulas que imposibilitaban al Estado a violar los acuerdos contraídos. De esta manera, gran parte de las empresas estatales en los sectores estratégicos de la economía pasaron a manos de inversores extranjeros a precios muy rebajados. Este hecho afectó a corporaciones como Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado o la petrolera estatal, YPF. Mediante las privatizaciones, el Gobierno auguraba una “revolución productiva” a través de la que prometía compensar a los jubilados del país. (enlace a video)
Entre acusaciones de sobornos a algunos diputados para que votaran a su favor y sin evaluar la rentabilidad de las mismas, las empresas estatales fueron entregadas a corporaciones extranjeras, que no pagaron canon por el uso de bienes públicos y las infraestructuras del Estado. El FMI estuvo también al cargo de estas operaciones, y había designado un representante permanente con oficinas en el Banco Central. Instituciones internacionales le prestaron al Gobierno “3.200 millones de dólares para que se pudieran comprar las garantías de los bonos que serían entregados a los acreedores”, según Alejandro Olmos.
La justificación esgrimida para las privatizaciones fue el déficit de las empresas públicas. Sin embargo, El estado asumió la deuda de las empresas públicas que se iban privatizando, y las corporaciones que tomaron el mando exigieron 150.000 despidos de los que también tuvo que hacerse cargo el país. El Gobierno se vio obligado a pedir créditos para pagar las indemnizaciones de los despidos. El país perdió más de 30.000 millones de dólares a raíz del conocido como Plan Brady.
Los principales inversores que se hicieron con las empresas estatales eran españoles, franceses y norteamericanos. El sector más afectado fue el del ferrocarril. De 36.000 Km. de vías y 95.000 puestos de trabajo se pasó a tener 8.000 Km. y 15.000 puestos. Las instalaciones quedaron abandonadas y miles de familias que dependían de sus empleos se vieron obligadas a emigrar. Algo parecido les ocurrió a los trabajadores de la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) tras su compra por Repsol. Las cifras del desempleo en el país superaron el 20%. (enlace a video)
Antes de ser privatizada, Aerolíneas Argentinas presentaba beneficios y contaba con 37 aviones, los cuales fueron hipotecados por Iberia para pagar la operación de compra de la empresa. Acabó endeudada en miles de millones, al igual que el resto de las que fueron privatizadas. Todas quedaron desmanteladas, y sus nuevos dueños apenas invirtieron en las obras necesarias para prestar sus servicios. La empresa pública del agua pasó a manos de un consorcio europeo que dejó sin agua potable a 800.000 personas y sin cloacas a más de un millón. Las tarifas de los servicios públicos aumentaron notablemente, mientras que la deuda no hacía más que crecer y los jubilados habían sido estafados. Hasta los partidos políticos de la oposición y los grupos sindicalistas se vieron envueltos en los escándalos de corrupción, además de abogados y medios de comunicación, por ejemplo. (enlace a video)
Según Alejandro Olmos, “desde 1.994 hasta el 2.000 se pagaron en concepto de intereses de la deuda y amortizaciones 108.685 millones de dólares, emitiéndose bonos por 77.400 millones y cubriéndose el resto con fondos provenientes de préstamos otorgados por el FMI y el Banco Mundial”. El estallido de la crisis asiática disparó el caos entre los inversores extranjeros, y los intereses bancarios se dispararon.
La imposibilidad del Estado para emitir dinero se tradujo en un aumento de la deuda externa, déficit en la balanza comercial y la crisis de las industrias locales, lo que provocó el aumento del paro y de la pobreza. La desnutrición se llevó por delante la visa de miles de argentinos. La recesión económica llevó a Domingo Cavallo, ministro de Economía, a retirarse del gobierno en 1996. Los miles de ciudadanos que pasaron a formar parte de las cifras de parados comenzaron manifestaciones por todo el país, dando inicio al movimiento piquetero, que en algunas ocasiones llevó a cabo violentos enfrentamientos con la policía. Millones de personas salieron a las calles.
En 1999, la impopularidad de Ménem y los escándalos de corrupción dieron la victoria en las elecciones a Fernando De la Rúa, que tomó medidas de recorte presupuestario para aliviar la crisis económica. El presidente saliente fue acusado de contrabando ilegal de armas hacia Ecuador y Croacia, violando las legislaciones argentina e internacional.(enlace a video)
Ante la huída de los capitales externos, De la Rúa decretó la subida de impuestos, la reducción de los salarios públicos y la devaluación del peso. Horst Kohler, miembro del FMI, afirmó en el diario Clarín que el Gobierno iba “por buen camino”. Sin embargo, el déficit fiscal seguía aumentando. Manichea, ministro de Economía, dimitió ante la imposibilidad de mejorar la situación. Le sustituyó Ricardo López Murphy, que, ante el déficit fiscal del Estado, decidió recortar gastos en sanidad y educación. Las protestas sociales contra sus medidas le obligaron a dimitir tras dos semanas en el cargo. La deuda pública superaba la mitad del PIB argentino.
El corralito
De la Rúa recurrió a Domingo Cavallo para sustituir la López Murphy, y el FMI aplaudió la decisión. Pese a reconocer que el peso se encontraba sobrevaluado en torno a un 20%, Cavallo se negó a modificar el plan de convertibilidad y comenzó a reducir impuestos y gastos estatales. Ante la grave presión fiscal y la imposibilidad de normalizar la economía, presentó un plan de Déficit cero para recortar los gastos estatales y aumentar la recaudación fiscal.
El nuevo Gobierno pidió al FMI un nuevo préstamo de 40.000 millones de dólares para reactivar la economía, conocido como Blindaje financiero. Cavallo también llegó a un acuerdo con el FMI (llamado Megacanje) para aplazar los plazos de vencimiento de la deuda y aliviar la situación financiera del Estado a corto plazo, lo que trajo consigo un incremento de los intereses de la misma. Se emitieron bonos por valor de 29.000 millones de dólares.
Las exigencias del Fondo, según el diario Clarín, se centraban en una mayor “liberalización del mercado de trabajo, privatización parcial del sistema de obras sociales, privatización del Banco Nación previa transformación del mismo en una sociedad anónima, cambios en el régimen jubilatorio y control de los gastos provinciales”. Para ello, mediante una nueva legislación laboral, se recortaron los sueldos y se flexibilizaron los despidos. El Fondo llegó a condicionar su ayuda a la implementación de esta ley, cuya aprobación se vio salpicada por escándalos de sobornos a legisladores.
Los ajustes no lograron la mejora en la economía y aumentaron el descontento popular. Los inversores internacionales comenzaron a retirar sus depósitos ante la desconfianza en el sistema financiero. La coalición de Gobierno se encontraba en crisis y las protestas iban en aumento. De la Rúa llevó a cabo negociaciones con el FMI y el G8, a los que solicitó un aplazamiento de la deuda por cien años, pero estos se negaron. Los capitales extranjeros comenzaron a marcharse de Argentina.
A finales del año 2.000, la deuda alcanzaba los 144.452 millones. El Estado sufría un enorme déficit fiscal y estaba incapacitado para emitir moneda debido a la dolarización implementada por Ménem y el FMI. La deuda era inasumible. La desconfianza en el sistema financiero llevó a los ciudadanos a retirar sus ahorros de los bancos. El 30 de noviembre, Cavallo decretó el "estado de excepción monetaria" para frenar la fuga masiva de capitales: prohibición de retirar más de 250 dólares semanales y de enviar dinero al exterior, y obligación de realizar operaciones comerciales con cheques y tarjetas de crédito. El resultado fue la paralización de la economía y la subida del paro.
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En septiembre de 2001, la deuda argentina total superaba los 170.000 millones de dólares. La mayor deuda jamás alcanzada por un país. Se iniciaron nuevas conversaciones con el FMI para conseguir más financiación, pero este se negó. El descontento popular aumentó y comenzaron a generalizarse las manifestaciones y los robos y saqueos, que hicieron ingobernable el país. De la Rúa respondió decretando el Estado de Sitio, y la represión del ejército se cobró el 20 de diciembre 34 muertos y miles de heridos. Los paros laborales y el aumento de la violencia provocaron que De la Rúa y su equipo de Gobierno se vieran obligados a dimitir. En dos semanas, el país tuvo cinco presidentes interinos. (enlace a video)
El quinto de ellos, Eduardo Duhalde, emprendió la devaluación del peso y el proteccionismo económico para favorecer las exportaciones. El 6 de enero de 2002 fue derogada la convertibilidad peso-dólar mediante una ley, convirtiendo en pesos los depósitos bancarios realizados en monedas extranjeras. Numerosos ahorradores perdieron dinero en la pesificación, y se sucedieron protestas y acciones judiciales contra el Gobierno. La economía comenzó a experimentar una leve mejoría, y el corralito finalizó oficialmente el 2 de diciembre de 2002, cuando el ministro de Economía Roberto Lavagna anunció la liberación de los depósitos retenidos por valor de unos 21.000 millones de pesos. En 2003, el Gobierno de Néstor Kirchner heredó una deuda de 191.263 millones de dólares, según Alejandro Olmos.
En 2004, Argentina adeudaba al Fondo 14.572 millones. Pero también debía a otros organismos, como el Club de París. Ese mismo año, el Gobierno de Kirchner había cancelado también con el FMI 2.985 millones, de los cuales 1.611 correspondieron al pago de intereses y 1.374 a vencimientos de capital. Un año después, se pagaron al FMI otros 9.500 millones, de manera que quedó cancelada la deuda con el FMI, y las relaciones entre este y el Gobierno quedaron interrumpidas. En Argentina dejaron de fiarse del Fondo. En 2006, el país rechazó que su economía fuera inspeccionada anualmente por el FMI. En 2.008, además, la presidenta Cristina Fernández canceló 6.700 millones de la cantidad adeudada al Club de París.
Sin embargo, a finales de 2009 Argentina tuvo que volver a aceptar las evaluaciones de la institución en un intento por lograr financiación para salir de la crisis financiera. “Para eso será necesario también anunciar un nuevo canje de deuda para los titulares de bonos argentinos que no aceptaron el ofrecimiento de 2005 y lograr una salida para la deuda todavía sin pagar con el Club de París”, publicaba en diciembre El País. La deuda total actual argentina supera los 180.000 millones de dólares, y el país necesita continuar endeudándose para pagar el capital cuyo plazo está a punto de vencer. Los vencimientos de la deuda nacional en 2010 alcanzarán los 13.000 millones de dólares.
En opinión de Eric Calcagno, si se hubiesen aplicado tipos de interés normales, “la deuda se hubiese terminado de pagar en 1.988”. Según datos oficiales, en el caso de que el Estado no volviera a emitir bonos de deuda y continúe pagando de forma regular, la deuda acabaría de pagarse en 2.089. Pero para ir cancelándola, será inevitable que el país continúe endeudándose eternamente. Para Alejandro Olmos Gaona, existen “abrumadores testimonios que demuestran que la mitad de esa deuda que está pagando toda la comunidad argentina es producto de las grandes empresas privadas y fue transferida al Estado en 1982 por Domingo Cavallo”. En ese momento, fueron cargados al Estado 90.000 millones de dólares que habían sido prestados al país durante la dictadura, y que fueron inmediatamente transferidos hacia otros países. Dicha cantidad representa la mitad de la deuda actual.
Tras 18 años de investigaciones y pleitos, el juez Jorge Ballestero dictó en el año 2.000 un fallo mediante el que consideraba ilegítima la deuda externa del país. Un conjunto de peritos del Juzgado Federal Nº 2 determinó que, en su mayor parte, la deuda correspondía a “operaciones ficticias realizadas deliberadamente” para el beneficio de empresas. Y en otra investigación, la realizada entre 1.984 y 1.985 por el ministro Grinspun, se encontraban involucrados numerosos funcionarios públicos y corporaciones extranjeras y argentinas, como Macri, Pérez Companc, Soldati, Cogasco, Renault, Fiat, Swift, Mercedes-Benz, Banco de Italia, Banco de Galicia, Citibank, Banco de Londres, Bank of America, Quilmes, Esso, IBM, Ford, Cargill, etc.
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