Durante la década de los ochenta, los organismos internacionales con sede en Washington (el Banco Mundial y el FMI, entre ellos), decidieron elaborar un decálogo de actuación para aplicar en los países latinoamericanos que se estaban viendo afectados por problemas financieros. Este fue formulado por John Williamson en 1.989 en un documento cuyo nombre puede traducirse como "Lo que Washington quiere decir con política de reformas". Se le llamó Consenso de Washington. Constaba de diez puntos, entre los que destacaban los siguientes: austeridad fiscal, liberalización comercial, desregulación financiera y privatizaciones. Con el tiempo, esos principios comenzaron a ser recetados a todos los países que acudían al Fondo en busca de ayuda financiera. Sin embargo, según puso de manifiesto Joseph Stiglitz, el crecimiento anual de los países latinoamericanos descendió del 5.4% al 2.9% tras ser acatadas las políticas del FMI.
Desde entonces, el FMI recomienda a los países en vías de desarrollo que abran sus economías a la inversión exterior para fomentar un crecimiento económico más rápido. Sin embargo, todas las crisis financieras han demostrado que aquellas economías que se encuentran más cerradas a los flujos financieros internacionales sufren menos la recesión y se recuperan antes. Según The New York Times, el economista de Harvard Kennett S. Rogoff señaló a principios de 2.009 en una reunión del FMI en Davos que India, que tiene “restricciones del flujo de capitales internacionales relativamente estrictas”, será una de las pocas economías que crezcan en una época en los que pocas lo harán. En cambio, Islandia, que antes de estallar la crisis era vista por el Fondo como una economía milagrosa, es uno de los países que más está sufriendo ahora. Lo mismo le ocurrió a Argentina en 2001 después de que el FMI calificara su política macroeconómica de “ejemplar”.
Cuando un país con problemas en la balanza de pagos acudía al Fondo en busca de ayuda financiera, este elaboraba para él un programa de ajuste estructural. Los préstamos que el FMI otorga llevan implícita una cláusula de condicionalidad. De esta manera, el país beneficiario debe comprometerse a implementar las políticas que le sean dictadas como condición para recibir el dinero. “Oficialmente, por supuesto, el FMI no impone nada. Solo negocia las condiciones para recibir ayuda. Pero todo el poder en las negociaciones está en un lado –el del FMI– y éste rara vez concede suficiente tiempo para lograr un amplio consenso o incluso para consultas extensas con los Parlamentos o la sociedad civil. A veces el FMI prescinde de fingir total transparencia y negocia pactos secretos”, afirma Stiglitz. Además, los fondos son entregados de manera escalonada para asegurar que el país en cuestión no se desvía de lo establecido con el FMI.
Según el Observatorio de Deuda en la Globalización, pese a que el objetivo inmediato de las políticas del Fondo es solucionar problemas de la balanza de pagos, “un objetivo implícito es el de liberar recursos para poder hacer frente al pago de la deuda; es decir, equilibrar la balanza de pagos para que los problemas en ésta no afecten a los pagos pendientes de deuda a los países del Norte, instituciones financieras internacionales e instituciones financieras privadas”.
“Fomentar la cooperación monetaria internacional, afianzar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero” eran los objetivos que motivaron el nacimiento de la institución en 1.944. Sin embargo, los hechos ocurridos en lugares como Uganda, Etiopía, Rusia, Brasil o el Sudeste Asiático, pusieron de manifiesto prácticamente que sus objetivos eran opuestos a los fines citados. Caso aparte supone el argentino, en el que la complicidad del Fondo permitió un verdadero saqueo de los bienes del Estado que aún los argentinos están pagando y seguirán haciéndolo, quién sabe si eternamente. Saqueo llevado a cabo por empresas españolas, francesas y norteamericanas, sobre todo.
Los países en desarrollo necesitan del acuerdo con el FMI para poder acceder a cualquier tipo de préstamo, sea público o privado. Y las condiciones que los préstamos llevan implícitas, la liberalización de la economía y el recorte de los gastos sociales, suelen ser devastadoras para las sociedades donde se implementan. Todas las crisis en las que el Fondo ha intervenido así lo han demostrado.
En cuanto al tratamiento que los medios tradicionales realizan de la institución, es difícil encontrar en ellos informaciones que desentrañen la estructura de poder o los hechos oscuros del FMI. Quizá porque estiman que el asunto no “vende” o, tal vez, porque estos mantienen relaciones con empresas que se ven favorecidas por las decisiones que el Fondo adopta. Entidades como las multinacionales que aquí han sido citadas y que sobredimensionaron a conciencia sus deudas para enriquecerse mientras Argentina pagaba la cuenta...
ORIGEN DEL FMI
El Fondo Monetario Internacional nació en julio de 1944 durante la conferencia de Bretton Woods, cuando los representantes de 45 gobiernos acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitieran crisis como la Gran Depresión de los años treinta. Actualmente, lo forman 186 países. Sus objetivos principales son: -Fomentar la expansión del comercio mundial -Fomentar la estabilidad cambiaria, procurando que los países miembros mantengan regímenes de cambios ordenados y evitando depreciaciones cambiarias competitivas. -La corrección de los problemas de la balanza de pagos de los países miembros.
Algunos datos -Actual director: Dominique Strauss-Kahn -Número actual de países miembros: 186 -Sede: Washington, -Directorio Ejecutivo: 24 directores, en representación de países o grupos de países -Personal: Aproximadamente 2.478 funcionarios procedentes de 143 países -Propósito original: En el Artículo I del Convenio Constitutivo se establecen los principales objetivos del FMI: -Fomentar la cooperación monetaria internacional.
-Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional.
-Fomentar la estabilidad cambiaria.
-Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos.
-Poner a disposición de los países miembros con dificultades de balanza de pagos (con las garantías adecuadas) los recursos de la institución.
FUNCIONES, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
“Mediante la labor que realiza para fortalecer el sistema financiero internacional y acelerar la lucha contra la pobreza, además de promover las medidas bien fundadas de política económica en todos los países miembros, el FMI contribuye a que la globalización funcione en beneficio de todos”. Fondo Monetario Internacional.
El FMI es la instancia máxima de la economía mundial, de la que dependen los tipos de cambio de las monedas nacionales y parte de sus políticas macroeconómicas. La mayoría de los recursos del Fondo son suministrados por sus países miembros en concepto de cuotas, acordes al tamaño de la economía del país. Por tanto, a diferencia de otras instituciones internacionales, donde cada país cuenta con un voto, en el FMI se usa el sistema de voto ponderado, es decir, que el poder de decisión de cada país depende de sus aportaciones. Estados Unidos, el que más paga, otorga el 17% de los fondos y tiene ese mismo porcentaje de votos.
La institución rinde cuentas a los gobiernos de sus países miembros. La instancia máxima de su estructura organizativa es la Junta de Gobernadores, compuesta por un representante de cada país miembro. Los gobernadores se reúnen una vez al año con ocasión de las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial.
Las operaciones cotidianas del FMI están a cargo del Directorio Ejecutivo, que tiene 24 miembros. Los 5 accionistas mayoritarios, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido, además de China, Rusia y Arabia Saudí, asignan un directivo cada uno. Mientras, el resto de países deciden los 16 miembros restantes. De esta manera, los países ricos tienen un poder de decisión abismal comparado con el de los subdesarrollados.
Además de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo, el FMI cuenta con otros dos organismos: el Comité de Desarrollo y el Comité Monetario y Financiero Internacional. En todos ellos, el poder de decisión depende de las cuotas aportadas. Los países del G7 cuentan con más del 45% de los votos (un 48% si se incluye a Rusia), mientras que Estados Unidos tiene el 17% de ellos, lo que le permite en la práctica el derecho de veto a la hora de modificar el Convenio Constitutivo y las cuotas –la única manera que tienen los países de incrementar su poder de decisión dentro del Fondo-, ya que estas medidas requieren del 85% de los votos para ser aprobadas. El resto de decisiones se adoptan por mayoría simple, la cual la ostentan los países desarrollados uniendo sus votos, pero no los subdesarrollados.
Entre las funciones del Fondo Monetario Internacional, destacan las siguientes: -Supervisa la economía de los países miembros y les asesora sobre las medidas necesarias para alcanzar la estabilidad económica. Se encarga, sobre todo, de la política macroeconómica, que incluye los presupuestos anuales, el tipo de cambio y el modo de supervisión bancaria por parte del Estado. Para ello, analiza los gastos estatales, su balanza de pagos y sus índices de empleo, entre otros indicadores. También publica informes periódicos para evaluar la situación del comercio mundial y las perspectivas de crecimiento de los distintos países. -Emite un activo de reserva de divisas conocido como Derecho Especial de Giro, que puede complementar las reservas oficiales de los países miembros, y que se asigna a estos según las cuotas aportadas. Es la moneda del FMI, su unidad de cuenta, y puede utilizarse para las gestiones entre este y los países miembros. Su valor se fija todos los días en función de cuatro monedas nacionales: euro, yen japonés, libra esterlina y dólar de EEUU. -Otorga préstamos a países con problemas de balanza de pagos. Según la propia institución, los créditos se condicionan a que “el país prestatario adopte las medidas contempladas para corregir los problemas de la balanza de pagos (condicionalidad)”. Es decir, que se concede el dinero a cambio de que los países en cuestión implementen las políticas dictadas por el Fondo.
Desde su fundación en 1944, todos los directores gerentes del Fondo han sido europeos, mientras que el número dos ha sido estadounidense. A cambio, Estados Unidos se ha reservado la designación del presidente del Banco Mundial. En octubre de 2009, el Comité Monetario y Financiero Internacional, que representa a los 186 países miembros del FMI, se comprometió a poner fin al control europeo de la institución mediante la aprobación de un nuevo proceso de selección "abierto, basado en el mérito y transparente" que permitirá presidir el organismo a personas de cualquier parte del mundo. Además, un 5% del poder de voto pasará de los países desarrollados con exceso de representación en la institución (Bélgica, Suiza, Reino Unido y Francia) a los países en desarrollo con escaso poder en la misma hasta ahora (China, Brasil, México, India y Rusia). Sin embargo, Brasil reclamó que la transferencia de voto debe ser del 7% para equiparar la influencia de los países ricos y los que se encuentran en desarrollo.
Inicialmente, las decisiones importantes requerían de un 70% de los votos, de manera que Estados Unidos, que entonces ostentaba en torno al 30% de los mismos, tenía en la práctica poder de veto. El sistema de cuotas se revisa a cada cinco años, lo que ha permitido que, poco a poco fuese disminuyendo el poder de Estados Unidos en el Fondo, a la vez que aumentaba el de Europa, Japón y los países exportadores de petróleo. Por ello, en 1976, Estados Unidos consiguió que se aprobara una modificación que elevaba hasta el 85% el porcentaje de votos necesario para temas trascendentales, de manera que perpetuaba en la práctica su derecho de veto. Además, el número de cuestiones que requieren dicha mayoría de votos fue aumentado desde las 18 a las 39.
En 1993 Estados Unidos, con 250 millones de habitantes, disponía del 17,8% de los votos en el FMI, mientras que China, con 1.130 millones, sólo contaba con el 2,3%. Aunque el gigante asiático lleva tiempo dispuesta a aportar más fondos para incrementar su poder de decisión, “eso no sería permitido jamás por los Estados Unidos”, afirma Joseph Stiglitz. Sin el acuerdo de EEUU no se pueden modificar las cuotas.
Argentina ingresó en el Fondo en 1956. En apenas dos de años, el Gobierno ya había sido persuadido para despedir al 15% de los funcionarios públicos, aumentar en un 150% las tarifas del transporte, eliminar los controles de precios y demorar numerosas obras públicas, entre otras cosas, según Roberto Baschetti. Desde entonces, la entrada de las compañías multinacionales en el país fue asociada a una enorme corrupción. En 1975, el ex ministro de Economía, Krieger Vasena, se marchaba a Bahamas para formar parte de la empresa Deltec.
Tres días después del golpe que dio inicio a la dictadura militar en 1.976, el FMI otorgaba a la dictadura un préstamo que había sido negado al anterior gobierno constitucional. El país adeudaba ya 10.000 millones de dólares al Club de París. Seis años después, durante la dictadura de Bignone, la deuda superaba los 45.000 millones (enlace a video).
Con el objetivo de reducir la inflación y fomentar la inversión extranjera, el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, eliminó los aranceles a la importación de productos y acabó con las ayudas a la producción local, lo que provocó el aniquilamiento de los productores nacionales, el cual, a su vez, generó un colapso económico en el país que obligó a congelar los salarios. La Reforma Financiera de 1977 eliminó toda regulación del mercado financiero, quedando el Estado como garante de los depósitos. Además, para obtener préstamos de los bancos privados, el Gobierno exigía de las empresas públicas argentinas que se endeudaran con los banqueros privados internacionales. A través de la Ley 25.526 de entidades financieras, Martínez de Hoz implementó un plan que incluía la devaluación del peso y promovía la especulación financiera. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación.
Durante estos años, según Baschetti, “las multinacionales llevaron a cabo un “vaciamiento” de los activos del país a través de “autopréstamos entre empresas” nacionales y extranjeras y la colocación de sus activos como aval “para endeudarse y enviar el dinero fuera” de Argentina. En palabras del autor argentino Jorge S. Zappino, “el esquema consistía, básicamente, en conseguir dinero barato en el exterior, invertirlo en el país y luego sacar nuevamente esos capitales más la diferencia lograda vía tipo de cambio”.
“De manera general, los créditos contratados por el Estado o las empresas públicas con los bancos eran recolocados como depósitos en estos mismos bancos o en otros bancos competidores. El Banco Central argentino colocaba discrecionalmente dichos fondos en los bancos estadounidenses, apoyado por la generosa intermediación de la Reserva Federal estadounidense. En todos los casos, el interés recibido por las sumas depositadas era inferior al interés pagado por la deuda”, según Zappino. Fenómeno conocido entre los economistas como bicicleta financiera.
Según puso de manifiesto Pino Solanas en el documental Memorias del Saqueo, 23.000 de los 45.000 millones que el país adeudaba entonces correspondían a obligaciones contraídas por bancos extranjeros (como el Citybank, Bank of América o Banco de Italia), empresas multinacionales (Esso, Fiat, IBM, Ford, Pirelli, etc.) y nacionales (Pérez Companc, Macri, Soldati, etc.). Deuda que fue transferida al Estado argentino por Domingo Cavallo, entonces un alto funcionario de la dictadura.
Tras el retorno de la democracia al país en 1.983, Raúl Alfonsín intentó poner fin a la “subordinación del Estado a los grupos financieros internacionales”. El presidente prometió investigar el origen de la deuda, y el ministro de Economía, Bernardo Grinspum, tras elaborar una auditoría, propuso denunciar su ilegitimidad y priorizar en su lugar el crecimiento del país . Sin embargo, Alfonsín, ante la quiebra del Estado, se vio obligado a renegociar la deuda con Estados Unidos y el FMI y ceder ante sus presiones. Para los cual dejó sin efecto la investigación de Grinspum y ordenó archivar los resultados, legitimando la deuda.
El Banco Central declaró que no tenía auditada la deuda externa pública, por lo que el Gobierno de Alfonsín decidió asumir el conjunto de la deuda, tanto privada como del Estado, basándose en las declaraciones de los acreedores extranjeros y en los contratos firmados por los miembros de la dictadura. El país se hizo cargo de las deudas de 25 entidades financieras que habían quebrado. José Luis Machinea, presidente del Banco Central, completaría de esta forma la transferencia de deudas privadas el 1 de julio de 1985. El Banco Central reconoció también que, al menos, un 60% del aumento de la deuda provenía del incremento de los intereses debido al vencimiento de algunos créditos que el Gobierno no pudo pagar. La deuda alcanzó los 63.000 millones de dólares.
A través del Plan Austral, Argentina se embarcó en un nuevo plan de ajuste que obligó a reducir los gastos sociales, eliminar las restricciones a las importaciones y privatizar más empresas públicas. Un plan de “economía de guerra”, según el presidente. Nuevamente, recursos públicos volverían a acabar en manos de instituciones bancarias y multinacionales. Los intereses bancarios comenzaron a aumentar desorbitadamente, y los créditos hipotecarios llegaron a alcanzar el 21%.
El estudio elaborado por los peritos del Banco Central, según el periodista Alejandro Olmos, había concluido en un año y medio de trabajo que "el 90% de la estatización de la deuda privada correspondía a operaciones ilegales armadas por empresas multinacionales". Olmos fue quien denunció este hecho en 1.982 ante los tribunales. De esta manera fueron transferidos hacia otros países 90.000 millones de dólares, cantidad que supone la mitad de lo que el país debe hoy. Dicha cantidad fue contraída por el país durante la dictadura militar (1.976-1.983). Según el economista Alfredo Eric Calcagno, la deuda era “inversa en cierto modo” y eran los bancos quienes debían dinero al país, ya que “las casas matrices tienen que hacerse cargo de los depósitos bancarios de sus filiales”. En 1984, el ya ex ministro Martínez de Hoz, manifestó en una Comisión de la Cámara de Diputados: “la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses”.
Ménem y las privatizaciones
En 1.989, el enorme crecimiento de la inflación motivó que se sucedieran robos y saqueos en las tiendas del país. Seis meses antes de que finalizara el plazo de su cargo, Alfonsín dimitió como presidente, siendo relevado por Carlos Ménem. Desde entonces, Argentina, país históricamente antiimperialista, se convirtió en aliado de EEUU. La deuda era insostenible, alcanzando el 80% del PIB. La producción del país apenas da para pagar los intereses de la misma. La pobreza creció hasta afectar al 60% de la población.
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El nuevo ejecutivo decidió seguir al pie de la letra los dictados del FMI para aliviar la situación. Ménem elaboró un plan económico con el que auguraba un gran crecimiento de la producción del país. El director gerente del FMI, Michel Camdessus, expresó su apoyo a un plan que definió como de “alta calidad”. Poco después, sugirió profundizar en la flexibilidad laboral.
En 1.991, la ley de convertibilidad abrió el país a las importaciones e impuso un sistema de cambio de paridad entre el peso y el dólar con el objetivo de frenar la inflación. De esta manera, el país se dolarizó y todo podía pagarse con las dos monedas, el dólar y el peso. El país pasó de producir el 95% de lo que consumía a importar todo tipo de productos. El 18 de diciembre de 1995, el economista Milton Friedman advertía en el diario La Nación de que los consejos del Fondo eran “malos”. Camdessus y EEUU continuaron respaldando a Ménem, y presentaban el país al mundo como el “milagro argentino”. “El mejor presidente en los últimos 50 años es Carlos Ménem”, llegó a decir el máximo mandatario del FMI en 1998. (enlace a video)
Aunque la inflación bajó hasta niveles muy bajos, la apertura de los mercados obligó a muchas personas a endeudarse en dólares. Este hecho dejó indefensa a la industria nacional, provocando el hundimiento de miles de empresas La incertidumbre generada por los prestamistas ante la crisis asiática hizo que los intereses de las compañías bancarias alcanzaran en Argentina el 50%, frente al 7% existente en los países occidentales de donde estas eran originarias. Según Stiglitz, el Fondo tenía gran parte de la culpa de la situación Argentina, al haber impulsado el tipo de cambio fijo. “La mayoría de los economistas, que no fueran del equipo del FMI, sabían que no podía sobrevivir”.
En 1.992, Cavallo, contrató a las instituciones bancarias privadas Citibank y J. P. Morgan para que prepararan el plan financiero de reestructuración de la deuda, y a Price Waterhouse para que efectuara los trabajos de consultoría. Según Zappino, “como no se siguió el registro de deuda en los 80 en el Banco Central, la reconstrucción de la deuda fue hecha sobre la base de declaración jurada de los acreedores”. Además, el ministro negoció con el secretario del Tesoro norteamericano, Nicolas Brady, canjear la deuda mediante el pago mediante bonos de empresas estatales.
“Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado” (Ménem).
A través del Plan Brady, las empresas estatales podían comprarse a precios de ganga con bonos del Estado avalados por EEUU, y se establecieron clausulas que imposibilitaban al Estado a violar los acuerdos contraídos. De esta manera, gran parte de las empresas estatales en los sectores estratégicos de la economía pasaron a manos de inversores extranjeros a precios muy rebajados. Este hecho afectó a corporaciones como Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado o la petrolera estatal, YPF. Mediante las privatizaciones, el Gobierno auguraba una “revolución productiva” a través de la que prometía compensar a los jubilados del país. (enlace a video)
Entre acusaciones de sobornos a algunos diputados para que votaran a su favor y sin evaluar la rentabilidad de las mismas, las empresas estatales fueron entregadas a corporaciones extranjeras, que no pagaron canon por el uso de bienes públicos y las infraestructuras del Estado. El FMI estuvo también al cargo de estas operaciones, y había designado un representante permanente con oficinas en el Banco Central. Instituciones internacionales le prestaron al Gobierno “3.200 millones de dólares para que se pudieran comprar las garantías de los bonos que serían entregados a los acreedores”, según Alejandro Olmos.
La justificación esgrimida para las privatizaciones fue el déficit de las empresas públicas. Sin embargo, El estado asumió la deuda de las empresas públicas que se iban privatizando, y las corporaciones que tomaron el mando exigieron 150.000 despidos de los que también tuvo que hacerse cargo el país. El Gobierno se vio obligado a pedir créditos para pagar las indemnizaciones de los despidos. El país perdió más de 30.000 millones de dólares a raíz del conocido como Plan Brady.
Los principales inversores que se hicieron con las empresas estatales eran españoles, franceses y norteamericanos. El sector más afectado fue el del ferrocarril. De 36.000 Km. de vías y 95.000 puestos de trabajo se pasó a tener 8.000 Km. y 15.000 puestos. Las instalaciones quedaron abandonadas y miles de familias que dependían de sus empleos se vieron obligadas a emigrar. Algo parecido les ocurrió a los trabajadores de la petrolera estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) tras su compra por Repsol. Las cifras del desempleo en el país superaron el 20%. (enlace a video)
Antes de ser privatizada, Aerolíneas Argentinas presentaba beneficios y contaba con 37 aviones, los cuales fueron hipotecados por Iberia para pagar la operación de compra de la empresa. Acabó endeudada en miles de millones, al igual que el resto de las que fueron privatizadas. Todas quedaron desmanteladas, y sus nuevos dueños apenas invirtieron en las obras necesarias para prestar sus servicios. La empresa pública del agua pasó a manos de un consorcio europeo que dejó sin agua potable a 800.000 personas y sin cloacas a más de un millón. Las tarifas de los servicios públicos aumentaron notablemente, mientras que la deuda no hacía más que crecer y los jubilados habían sido estafados. Hasta los partidos políticos de la oposición y los grupos sindicalistas se vieron envueltos en los escándalos de corrupción, además de abogados y medios de comunicación, por ejemplo. (enlace a video)
Según Alejandro Olmos, “desde 1.994 hasta el 2.000 se pagaron en concepto de intereses de la deuda y amortizaciones 108.685 millones de dólares, emitiéndose bonos por 77.400 millones y cubriéndose el resto con fondos provenientes de préstamos otorgados por el FMI y el Banco Mundial”. El estallido de la crisis asiática disparó el caos entre los inversores extranjeros, y los intereses bancarios se dispararon.
La imposibilidad del Estado para emitir dinero se tradujo en un aumento de la deuda externa, déficit en la balanza comercial y la crisis de las industrias locales, lo que provocó el aumento del paro y de la pobreza. La desnutrición se llevó por delante la visa de miles de argentinos. La recesión económica llevó a Domingo Cavallo, ministro de Economía, a retirarse del gobierno en 1996. Los miles de ciudadanos que pasaron a formar parte de las cifras de parados comenzaron manifestaciones por todo el país, dando inicio al movimiento piquetero, que en algunas ocasiones llevó a cabo violentos enfrentamientos con la policía. Millones de personas salieron a las calles.
En 1999, la impopularidad de Ménem y los escándalos de corrupción dieron la victoria en las elecciones a Fernando De la Rúa, que tomó medidas de recorte presupuestario para aliviar la crisis económica. El presidente saliente fue acusado de contrabando ilegal de armas hacia Ecuador y Croacia, violando las legislaciones argentina e internacional.(enlace a video)
Ante la huída de los capitales externos, De la Rúa decretó la subida de impuestos, la reducción de los salarios públicos y la devaluación del peso. Horst Kohler, miembro del FMI, afirmó en el diario Clarín que el Gobierno iba “por buen camino”. Sin embargo, el déficit fiscal seguía aumentando. Manichea, ministro de Economía, dimitió ante la imposibilidad de mejorar la situación. Le sustituyó Ricardo López Murphy, que, ante el déficit fiscal del Estado, decidió recortar gastos en sanidad y educación. Las protestas sociales contra sus medidas le obligaron a dimitir tras dos semanas en el cargo. La deuda pública superaba la mitad del PIB argentino.
El corralito
De la Rúa recurrió a Domingo Cavallo para sustituir la López Murphy, y el FMI aplaudió la decisión. Pese a reconocer que el peso se encontraba sobrevaluado en torno a un 20%, Cavallo se negó a modificar el plan de convertibilidad y comenzó a reducir impuestos y gastos estatales. Ante la grave presión fiscal y la imposibilidad de normalizar la economía, presentó un plan de Déficit cero para recortar los gastos estatales y aumentar la recaudación fiscal.
El nuevo Gobierno pidió al FMI un nuevo préstamo de 40.000 millones de dólares para reactivar la economía, conocido como Blindaje financiero. Cavallo también llegó a un acuerdo con el FMI (llamado Megacanje) para aplazar los plazos de vencimiento de la deuda y aliviar la situación financiera del Estado a corto plazo, lo que trajo consigo un incremento de los intereses de la misma. Se emitieron bonos por valor de 29.000 millones de dólares.
Las exigencias del Fondo, según el diario Clarín, se centraban en una mayor “liberalización del mercado de trabajo, privatización parcial del sistema de obras sociales, privatización del Banco Nación previa transformación del mismo en una sociedad anónima, cambios en el régimen jubilatorio y control de los gastos provinciales”. Para ello, mediante una nueva legislación laboral, se recortaron los sueldos y se flexibilizaron los despidos. El Fondo llegó a condicionar su ayuda a la implementación de esta ley, cuya aprobación se vio salpicada por escándalos de sobornos a legisladores.
Los ajustes no lograron la mejora en la economía y aumentaron el descontento popular. Los inversores internacionales comenzaron a retirar sus depósitos ante la desconfianza en el sistema financiero. La coalición de Gobierno se encontraba en crisis y las protestas iban en aumento. De la Rúa llevó a cabo negociaciones con el FMI y el G8, a los que solicitó un aplazamiento de la deuda por cien años, pero estos se negaron. Los capitales extranjeros comenzaron a marcharse de Argentina.
A finales del año 2.000, la deuda alcanzaba los 144.452 millones. El Estado sufría un enorme déficit fiscal y estaba incapacitado para emitir moneda debido a la dolarización implementada por Ménem y el FMI. La deuda era inasumible. La desconfianza en el sistema financiero llevó a los ciudadanos a retirar sus ahorros de los bancos. El 30 de noviembre, Cavallo decretó el "estado de excepción monetaria" para frenar la fuga masiva de capitales: prohibición de retirar más de 250 dólares semanales y de enviar dinero al exterior, y obligación de realizar operaciones comerciales con cheques y tarjetas de crédito. El resultado fue la paralización de la economía y la subida del paro.
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En septiembre de 2001, la deuda argentina total superaba los 170.000 millones de dólares. La mayor deuda jamás alcanzada por un país. Se iniciaron nuevas conversaciones con el FMI para conseguir más financiación, pero este se negó. El descontento popular aumentó y comenzaron a generalizarse las manifestaciones y los robos y saqueos, que hicieron ingobernable el país. De la Rúa respondió decretando el Estado de Sitio, y la represión del ejército se cobró el 20 de diciembre 34 muertos y miles de heridos. Los paros laborales y el aumento de la violencia provocaron que De la Rúa y su equipo de Gobierno se vieran obligados a dimitir. En dos semanas, el país tuvo cinco presidentes interinos. (enlace a video)
El quinto de ellos, Eduardo Duhalde, emprendió la devaluación del peso y el proteccionismo económico para favorecer las exportaciones. El 6 de enero de 2002 fue derogada la convertibilidad peso-dólar mediante una ley, convirtiendo en pesos los depósitos bancarios realizados en monedas extranjeras. Numerosos ahorradores perdieron dinero en la pesificación, y se sucedieron protestas y acciones judiciales contra el Gobierno. La economía comenzó a experimentar una leve mejoría, y el corralito finalizó oficialmente el 2 de diciembre de 2002, cuando el ministro de Economía Roberto Lavagna anunció la liberación de los depósitos retenidos por valor de unos 21.000 millones de pesos. En 2003, el Gobierno de Néstor Kirchner heredó una deuda de 191.263 millones de dólares, según Alejandro Olmos.
En 2004, Argentina adeudaba al Fondo 14.572 millones. Pero también debía a otros organismos, como el Club de París. Ese mismo año, el Gobierno de Kirchner había cancelado también con el FMI 2.985 millones, de los cuales 1.611 correspondieron al pago de intereses y 1.374 a vencimientos de capital. Un año después, se pagaron al FMI otros 9.500 millones, de manera que quedó cancelada la deuda con el FMI, y las relaciones entre este y el Gobierno quedaron interrumpidas. En Argentina dejaron de fiarse del Fondo. En 2006, el país rechazó que su economía fuera inspeccionada anualmente por el FMI. En 2.008, además, la presidenta Cristina Fernández canceló 6.700 millones de la cantidad adeudada al Club de París.
Sin embargo, a finales de 2009 Argentina tuvo que volver a aceptar las evaluaciones de la institución en un intento por lograr financiación para salir de la crisis financiera. “Para eso será necesario también anunciar un nuevo canje de deuda para los titulares de bonos argentinos que no aceptaron el ofrecimiento de 2005 y lograr una salida para la deuda todavía sin pagar con el Club de París”, publicaba en diciembre El País. La deuda total actual argentina supera los 180.000 millones de dólares, y el país necesita continuar endeudándose para pagar el capital cuyo plazo está a punto de vencer. Los vencimientos de la deuda nacional en 2010 alcanzarán los 13.000 millones de dólares.
En opinión de Eric Calcagno, si se hubiesen aplicado tipos de interés normales, “la deuda se hubiese terminado de pagar en 1.988”. Según datos oficiales, en el caso de que el Estado no volviera a emitir bonos de deuda y continúe pagando de forma regular, la deuda acabaría de pagarse en 2.089. Pero para ir cancelándola, será inevitable que el país continúe endeudándose eternamente. Para Alejandro Olmos Gaona, existen “abrumadores testimonios que demuestran que la mitad de esa deuda que está pagando toda la comunidad argentina es producto de las grandes empresas privadas y fue transferida al Estado en 1982 por Domingo Cavallo”. En ese momento, fueron cargados al Estado 90.000 millones de dólares que habían sido prestados al país durante la dictadura, y que fueron inmediatamente transferidos hacia otros países. Dicha cantidad representa la mitad de la deuda actual.
Tras 18 años de investigaciones y pleitos, el juez Jorge Ballestero dictó en el año 2.000 un fallo mediante el que consideraba ilegítima la deuda externa del país. Un conjunto de peritos del Juzgado Federal Nº 2 determinó que, en su mayor parte, la deuda correspondía a “operaciones ficticias realizadas deliberadamente” para el beneficio de empresas. Y en otra investigación, la realizada entre 1.984 y 1.985 por el ministro Grinspun, se encontraban involucrados numerosos funcionarios públicos y corporaciones extranjeras y argentinas, como Macri, Pérez Companc, Soldati,Cogasco, Renault, Fiat, Swift, Mercedes-Benz, Banco de Italia, Banco de Galicia, Citibank, Banco de Londres, Bank of America, Quilmes, Esso, IBM, Ford, Cargill, etc.
Recesión en cadena a causa del exceso de liberalización económica
“La crisis económica global comenzó en Tailandia el 2 de julio de 1997. Los países de Asia Oriental venían de tres décadas asombrosas: los ingresos se habían incrementado, la salud había mejorado y la pobreza se había reducido de modo impresionante. No solamente la alfabetización era ahora universal, sino que en pruebas internacionales de ciencia y matemáticas muchos de estos países presentaban mejores resultados que los Estados Unidos. Algunos de ellos no habían tenido ni un solo año de recesión en tres décadas.” Joseph Stiglitz.
A comienzos de la década de los noventa, los países del sudeste asiático comenzaron a liberalizar sus economías a causa de las presiones procedentes del Departamento del Tesoro norteamericano, según Stiglitz. Países como Tailandia, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas o Malasia, que habían experimentado un rápido y sostenido crecimiento cimentado en las exportaciones y en la intervención estatal, se vieron invadidos por una oleada de capitales extranjeros que sólo buscaban rentabilidad inmediata. Las inversiones especulativas se centraron en el sector inmobiliario, lo que provocó una sobrevaluación de los activos, a la que se unía la debilidad de los sistemas bancarios de estos países. Además, durante los años del auge económico en el Sudeste Asiático, estos países practicaron “un capitalismo entre amigos, el cual consistió en otorgar préstamos para inversiones dudosas a quienes simpatizaban con el Gobierno, sin tener presente si eran o no solventes los prestatarios”, indicó Rubén Paredes, catedrático de la Universidad argentina de Rosario.
Esta situación y la competencia de China hicieron descender las exportaciones de estos países, los cuales vieron crecer notablemente la deuda de sus empresas a corto plazo. Hasta que el monto de la deuda superó las reservas internacionales y a los inversores extranjeros les invadió el pánico. Pero lo cierto es que los países del sudeste asiático no habían entrado en crisis (aún), sino que simplemente se quedaron sin liquidez ante la huida de los prestamistas.
Cuando el capital se marchó, los tailandeses se agolparon en los bancos para retirar sus ahorros, de manera que produjeron un colapso en el sistema financiero del país, a pesar de que sus datos macroeconómicos habían sido buenos hasta la fecha. Aunque el país llevaba años creciendo, el FMI decidió recetarle lo que ya había hecho en la década de los ochenta durante las crisis que sacudieron Latinoamérica. Es decir, lo mismo de siempre: austeridad fiscal, privatizaciones, liberalización de los mercados financieros y recortes presupuestarios en sectores básicos. No tuvo en cuenta las condiciones del país, que llevaba años recortando los índices de pobreza gracias a la inversión pública. Y recetó lo mismo también a las naciones vecinas que se vieron salpicadas por la crisis tailandesa. La recesión se extendió también a Japón, principal socio comercial de estos países. La Bolsa de Hong Kong se hundió y afectó al resto de mercados financieros internacionales. La crisis se dejó sentir en todo el mundo. Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Taiwán y Corea devaluaron sus monedas para favorecer las exportaciones y acumular divisas extranjeras.
“Bajo tales circunstancias yo temía que las medidas de austeridad no reavivarían las economías del Asia Oriental sino que las zambullirían en la recesión o incluso en la depresión general. Las elevadas tasas de interés podrían aniquilar las empresas altamente endeudadas, ocasionando más bancarrotas e insolvencias. La reducción del gasto gubernamental sólo contraería aún más la economía”, manifestó Stiglitz. Y así fue.
“Cuando la crisis se extendió a Indonesia, me preocupe aún más. Una nueva investigación del Banco Mundial mostraba que la recesión en un país tan étnicamente dividido podría desencadenar toda clase de turbulencias sociales y políticas”. Stiglitz advirtió al FMI de que ese plan podría conducir a una crisis económica y social en el país, pero el FMI no hizo caso a su sugerencia y volvió a recetar ajuste fiscal.
El Fondo comparó la situación latinoamericana, ocasionada a causa de la inflación, con la asiática, en la que la mayoría de naciones gozaban de superávit pero sus empresas estaban altamente endeudadas. “A diferencia de las naciones latinoamericanas, los países de Asia Oriental ya estaban manejando excedentes presupuestarios”, indicó Stiglitz. Tailandia se vio obligada a recortar su presupuesto en sanidad, educación y alimentos para su numerosa población necesitada. Corea del Sur tuvo que pedir prestados 19.500 millones de dólares, Tailandia obtuvo 3.200 millones, e Indonesia y Rusia, 4.700. Y los préstamos llevaban consigo la condición de elevar los impuestos y recortar el gasto público. Medidas que podrían acarrear consecuencias desastrosas para los más pobres.
Con estas decisiones, “el FMI no sólo no lograba restaurar la confianza en la economía del Asia Oriental, sino que estaba socavando el tejido social de la región. Y entonces, durante la primavera y el verano de 1998, la crisis se esparció más allá de Asia Oriental llegando al país más explosivo de todos: Rusia”. Entonces, el FMI apremió al Gobierno ruso para que privatizara sus principales sectores, lo que provocó que un pequeño grupo de oligarcas del país se llevaran a precio de saldo los activos de un Estado que no tenía liquidez. Además, el Gobierno recurrió también a prestamistas privados en lugar de a su Banco Central y colocó como aval para los créditos acciones de las empresas públicas, de manera que también los bancos se adueñaron de las corporaciones estatales. La privatización a toda marcha generó monopolios en ciertos sectores y elevó la corrupción. La consecuencia fue que la producción económica cayó a la mitad en los siguientes años y los índices de pobreza se duplicaron. Cuando el Gobierno se vio ahogado, decretó la devaluación del rublo y la cesación unilateral del pago de su deuda externa, lo que afectó a varios países de la Unión Europea, sobre todo Alemania, su principal acreedor.
La crisis saltó también a Brasil, que en esos momentos sufría un gran déficit en la balanza de pagos. Ante la huida de capitales, el presidente Fernando Cardoso se vio obligado a pedir prestados al Fondo 30.000 millones de dólares, eso sí, a “condición” de aplicar un severo ajuste fiscal.
En definitiva, esta situación lastró el futuro de numerosos países, algunos de los cuales, incluso, no han recuperado aún los niveles de crecimiento que tenían entonces. En opinión de Stiglitz, Tailandia, que siguió los dictados del FMI al pie de la letra, tardó más tiempo en recuperarse que otros como Malasia o Corea del Sur, que hicieron menos caso al Fondo y se recuperaron en tiempo record (motivo por el que se conoció este hecho como “el milagro asiático”). “En el informe donde se explicaba este hecho se llegó a la conclusión de que los países asiáticos se habían recuperado por no aplicar ciertas políticas del Consenso de Washington”, afirmó Stiglitz. Malasia, único país que se enfrentó al Fondo, fue el primero en salir de la recesión. ¿Su secreto? Simplemente, restringir severamente las transferencias de capitales hacia el exterior del país y ajustarse el cinturón durante un año. Por su parte, en Corea (donde el 40% de los préstamos resultaban incobrables), el Estado decidió no cerrar bancos masivamente y emprender un papel activo en la recuperación, justo lo contrario de lo que le recomendó el Fondo. En 1999 se convirtió en el país de la región que más crecía.
