La esclavitud se continúa aplicando en Brasil

Numerosos terratenientes continúan esclavizando a los trabajadores de sus fincas

Aunque Brasil abolió oficialmente la esclavitud en 1888, lo cierto es que esta práctica denigrante continúa repitiéndose en el país latinoamericano. Desde mediados de los años noventa, el grupo de investigadores del Estado ha liberado a 10. 731 personas que se encontraban esclavizadas en fincas repartidas por todo el país. Y en lo que va de año, según el Ministerio de Trabajo brasileño, han sido liberadas más de 2.000 personas en semejantes condiciones. Y es que, ante la falta de oportunidades, miles de personas sin recursos no tienen otra opción que abandonar sus casas para trabajar en las plantaciones de café, caña de azúcar y soja. O, simplemente, son engañados por terratenientes que los reclutan de las zonas más pobres del país. Para ellos, no quedan muchas más opciones de supervivencia.

Sin embargo, lo que se encuentran muchos de ellos dista poco de las condiciones que se aplicaban hace más de ciento veinte años, cuando la esclavitud era considerada legal. Los trabajadores son sometidos a extenuantes jornadas de trabajo y, por si fuera poco, su sueldo es retenido para lograr el pago de los productos que estos son obligados a adquirir en los mercados de las propias fincas. Es decir, que hasta les cobran por la comida y el alojamiento, de manera que su deuda no hace más que crecer y no pueden abandonar las fincas de sus explotadores. Algunos, los más valientes, deciden escapar.

Cuando Luiz Inacio Lula da Silva llegó al poder en 2003, fijó como una de sus prioridades poner fin al trabajo esclavo. Sin embargo, el mandatario brasileño no ha logrado sacar adelante una ley que permita la expropiación para uso agrario de aquellas tierras en las que se practique la esclavitud.

Veinticinco países continúan aplicando la pena de muerte

China concentra la mayoría de las ejecuciones

Más de 2.000 personas fueron ejecutadas en 2.008 en todo el mundo a causa de problemas con la justicia. Pese a que la pena de muerte se mantiene vigente en 59 países, el año pasado sólo fueron 25 los que la utilizaron en sus distintas variantes. Por ejemplo, en Arabia Saudí se lleva a cabo la decapitación, mientras que en Egipto se aplica la horca. Entre los países que continúan recurriendo a la pena de muerte. Entre, sólo cinco de ellos (Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán) concentraron en 2.008 el 93% de las ejecuciones, con China a la cabeza con más de 1.700.

Sin embargo, cada vez son menos los países que utilizan la pena de muerte. Esa es la “buena noticia” que destaca el informe anual de Amnistía Internacional. El pasado año, Uzbekistán y Argentina decidieron dejar de aplicarla. Aunque, según manifiestan algunas ONG´s, se observan “tendencias positivas” respecto al uso de la pena capital, los datos de que se dispone no son de todo fiables debido al secretismo con el que países como China o Arabia Saudí llevan a cabo sus ejecuciones. De esta manera, las cifras sólo reflejan el número mínimo de personas ejecutadas. Probablemente, la realidad superará con crecer los números. Según Amnistía Internacional, “el gran problema en China es que las cifras sobre la pena de muerte son secretas y es muy difícil saber lo que realmente ha sucedido”. El país asiático encabeza año tras año las listas de ejecuciones y sus números, lejos de bajar, ascienden.

China retiene a decenas de miembros de la etnia uigur

Tres meses después de los incidentes entre los uigures y los han, muchos detenidos no han vuelto a sus casa. Doce de ellos serán ejecutados, la mayoría uigures.

Según ha hecho público la organización humanitaria Human Right Watch, las autoridades chinas aún mantienen detenidas a, al menos, 43 personas de etnia uigur tras los incidentes provocados el pasado verano en la región de Xinjiang. La denuncia de HRW tiene lugar cuando se cumplen tres meses de los disturbios ocasionados en la ciudad de Urumqi, la capital de la región, entre miembros de la etnia han –mayoritaria en el país- y de la uigur, de religión musulmana. Según HRW, estos datos suponen únicamente la “punta del iceberg”, ya que muchas familias no se atreven a hablar con las organizaciones humanitarias.

La ONG de origen estadounidense ha obtenido estos datos tras entrevistarse con decenas de personas de ambas grupos, y tiene indicios de que las cifras reales son muy superiores. Tras los incidentes ocurridos en julio, cientos de personas fueron detenidas en Urumqi. De ellos, todos menos uno pertenecen a la etnia uigur. HRW afirma, incluso, que entre los detenidos se encuentra un joven de 14 años, aunque las autoridades han dicho a su familia que el chico no está en su poder.

Según Brad Adams, director de HRW en Asia, “hacer desaparecer a gente no es conducta de los países que aspiran al liderazgo global”. Por ello, la organización humanitaria insta a la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea a que presione a las autoridades chinas para lograr la puesta en libertad de los detenidos. "No deben permitir que las relaciones comerciales u otras consideraciones políticas conduzcan a un trato con China diferente del de otros países que llevan a cabo esta práctica horrenda", afirma Adams.

La organización defensora de los derechos humanos también culpa a los uigures por el ataque indiscriminado que llevaron a cabo contra los han el pasado verano. Mientras, la minoría uigur culpa al Gobierno de la discriminación cultural y religiosa que sufre en favor de los han, y de haber promovido la colonización de la región parte de estos para diluir su presencia.

Doñana pide ayuda

Responsables del parque demandan más implicación al Gobierno central en su conservación cuando se cumplen 40 años de su nacimiento

Cuarenta años después de su creación, el Parque Nacional de Doñana constituye hoy día el pulmón de Andalucía. En palabras de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, Doñana es “uno de los pocos lugares en el mundo en el que la cantidad de ecosistemas y biodiversidad permite adelantarse a las consecuencias que tendrá el cambio climático”. Atrás quedan otros tiempos en que este espacio no interesaba a las autoridades y las únicas subvenciones que recibía procedían de aportaciones privadas. Desde que el parque comenzara a recibir ayudas estatales para su conservación, las mejoras han sido notables. La superficie se ha multiplicado por 15 hasta alcanzar más de 100.000 hectáreas, y también ha crecido sustancialmente la biodiversidad.

Sin embargo, Doñana acaba de lanzar la voz de alarma para que las autoridades andaluzas y nacionales tomen conciencia de los riesgos a los que se enfrenta el parque, comenzando por el cambio climático. El principal problema al que se enfrenta es la escasez de agua, unido a la falta de calidad de la misma. Fernando Hiraldo, director de la Estación Biológica de Doñana, denuncia que el acuífero de Doñana no da abasto para tanta demanda y que se están llevando a cabo extracciones ilegales del mismo. Y es que la perforación de pozos ilegales resta unos 25 hectómetros cúbicos al año al acuífero.

Junto con la escasez y la escasa calidad del agua, el parque se enfrenta a la deforestación y al aumento incontrolado de los cultivos intensivos. Además, si el Gobierno central no lo remedia, un oleoducto cruzará este pulmón verde para suministrar a una refinería impulsada por las autoridades extremeñas. Según Fernando Hiraldo, el Gobierno central debe involucrarse más en la conservación de este reducto natural. "El hecho de que las competencias sobre el parque hayan sido transferidas a la Junta de Andalucía no significa que el Ministerio de Medio Ambiente se inhiba y deje de aportar fondos para la mejora de la conservación del espacio", critica Hiraldo. Por ello, reclaman que el Gobierno acuda en su ayuda, tal y como lo está haciendo para salvar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

El Polígono Sur alcanza una situación “insostenible”

Tras más de tres años desde que comenzara a aplicarse el Plan Integral del Polígono Sur por parte de las administraciones local, autonómica y nacional, las cosas siguen como estaban. El programa, puesto en marcha para sacar de la exclusión a este barrio sevillano, no ha logrado los principales objetivos que se proponía, es decir, mejorar la seguridad en el barrio, incrementar las infraestructuras y acabar con el paro, que afecta a la mayoría de la población del barrio. Las organizaciones sociales que trabajan en la zona afirman que la situación se ha tornado en “insostenible”.

Según José González, los servicios sociales “se quedan sin dinero” y gran parte de la población acude a instituciones como Cáritas en busca de ayuda. Ante la falta de ayudas públicas, el párroco afirma que en los "últimos meses se ha producido una auténtica avalancha de personas. La situación nos desborda". Desde 2006, en el Polígono Sur se han regenerado infraestructuras, como bloques, aceras o paradas de autobús, pero no se ha intentado solucionar otros problemas más graves como el paro, la seguridad, la exclusión social o el absentismo escolar. "Con limosnas no se solucionará nunca los problemas", denuncia Rosario García, portavoz de Nosotros también somos Sevilla. Y es que si no se resuelven estos problemas de fondo, difícil resulta que se alcancen mejoras significativas.

En cuanto a la seguridad, la situación sigue como estaba. Aunque la presencia policial se ha incrementado, los vecinos se quejan de que cuando los agentes se marchan, las cosas vuelven rápidamente a su estado anterior. "Las familias tienen miedo. No se atreven ni siquiera a salir de sus casas por la tarde para acudir a la iglesia", reclama José González, párroco de Jesús Obrero. La plataforma vecinal Nosotros también somos Sevilla lleva años reclamando la creación de un cuerpo policial específico para el barrio. Por ahora, esta demanda no ha sido atendida, pero la agrupación anuncia protestas si sus reivindicaciones no son oídas.