Alimentos transgénicos: el negocio de la alimentación

El consumo de alimentos modificados genéticamente está generando una enorme polémica. Mientras se sigue discutiendo sobre su conveniencia, estos productos ya se encuentran en nuestra dieta, y muchos consumidores ni siquiera lo saben.

Artículo publicado en Sevilla Report

Se denominan alimentos transgénicos aquellos que han sido producidos a partir de un Organismo Genéticamente Modificado (OGM). Estos surgieron a raíz de los avances en el campo de la biotecnología, los cuales permitieron la manipulación de los genes de un ser vivo para modificar sus características. A simple vista, no existen diferencias entre un alimento transgénico y otro convencional, pero sí que las hay respecto a su origen genético. Para la obtención de un OGM se realiza un proceso en el que se separan determinadas partes del ADN de una especie para incorporarle nuevas características que permiten, por ejemplo, una mayor resistencia a los herbicidas. La mayoría de las investigaciones en este campo son realizadas por empresas privadas, como la norteamericana Monsanto, líder mundial en agrotecnología.  

Existen dos tipos de cultivos transgénicos: los diseñados para resistir plagas y los tolerantes a herbicidas. En la actualidad se utilizan en todo el mundo unas setenta variedades transgénicas, entre las que destacan el maíz, la soja y el algodón. Aunque muchos de ellos se usan para la elaboración de piensos animales, la mayoría acaban de igual forma en la cadena alimentaria de los seres humanos. Algunas variedades transgénicas, como el maíz, la soja y sus derivados, ya están presentes en más del 60% de los alimentos procesados, como chocolates, patatas fritas, margarina y algunos platos preparados. Muchas personas ni siquiera saben que están consumiendo alimentos cuyos genes han sido modificados. 

En la última década, el cultivo de transgénicos está experimentado un enorme crecimiento, al igual que su consumo. Sin embargo, su expansión está generando una enorme polémica. Los defensores de este tipo de agricultura alegan que las semillas modificadas permiten optimizar las cosechas y combatir los efectos del clima y las plagas, mientras que sus detractores advierten de los daños que puede provocar a la salud humana y al medio ambiente. Ambas posturas citan diversos estudios que respaldan sus argumentos, aunque muchos de ellos proceden de las propias partes interesadas.

Así, gran parte de las razones a favor del uso de organismos modificados proceden de las propias compañías que los comercializan. Estas alegan que no existen estudios rigurosos que desaconsejen el cultivo de transgénicos, e insisten en que su uso permite optimizar las cosechas, evitando que las plagas y las condiciones climáticas disminuyan el rendimiento de las mismas. “Lo que necesitamos es que la gente crea a los científicos en lugar de a Greenpeace”, opina Marc Van Montagu, uno de los creadores de este tipo de cultivos. Otros defensores de los OMG han llegado a argumentar que este sistema podría acabar con el hambre en el mundo. Sin embargo, esta teoría parece no tener en cuenta que dicho problema no se debe a la carencia de alimentos a nivel mundial, sino a su injusta distribución y a las normativas nacionales e internacionales que perpetúan la situación. La realidad es que a las grandes empresas del sector agroindustrial les interesa producir estos alimentos porque suponen una enorme fuente de beneficios y poder monopolístico, de manera que luchan por crear nuevos productos y patentarlos antes que sus competidores.

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Por su parte, los detractores de la agricultura transgénica advierten que el consumo de este tipo de alimentos lleva aparejados diversos riesgos que afectan a la salud humana, al medio ambiente y a la estructura económica y social de los lugares en los que son producidos. Entre las amenazas para la salud, los colectivos ecologistas advierten del uso abusivo de herbicidas, como el glifosato, el atrazina o el paraquat, que también son producidos por las mismas empresas. Esta necesidad va creciendo con el tiempo debido a que las plagas se hacen resistentes a los herbicidas. “Al igual que con los antibióticos, el uso continuado promueve cada vez mayor inmunidad en los organismos que se quiere combatir”, destaca la investigadora Silvia Ribeiro.

Algunos estudios han demostrado una mayor presencia de residuos tóxicos en los alimentos transgénicos que en los tradicionales, y alertan de los posibles daños en el sistema inmunológico, desequilibrios hormonales, etc. En numerosos lugares del mundo se ha registrado un importante  incremento de enfermedades y deformaciones físicas a causa del uso de estos tóxicos. Hay que terminar de raíz con este experimento masivo donde nos envenenan a todos para favorecer el lucro de unas cuantas trasnacionales”, añade Silvia Ribeiro.

Por otra parte, la agricultura transgénica también representa importantes riesgos para el medio ambiente, como la contaminación de variedades tradicionales por parte de las modificadas debido a la dispersión del polen por el viento. El tratamiento con herbicidas también podría infectar a otros cultivos colindantes, advierten las plataformas ecologistas. Además, el uso de productos químicos supone una amenaza para los suelos, los recursos hídricos y las especies vivas.

En cuanto a los riesgos para la estructura económica y social, es evidente que la expansión de los transgénicos supone una amenaza para la supervivencia de millones de agricultores en todo el mundo. Y es que las semillas modificadas están protegidas por estrictos derechos de propiedad intelectual. Las grandes empresas del sector pugnan por patentar y comercializar nuevas especies con la intención de crear un negocio monopolístico que convertiría a los agricultores en obligados clientes de estas. En este sentido, la extensión de los cultivos transgénicos constituye la privatización de uno de los derechos más básicos de las personas, el de la alimentación. Este monopolio de las multinacionales pone en riesgo la soberanía de los pueblos y de los países, como advierten numerosos agentes sociales. En diversas partes del mundo, las compañías han demandado a miles de agricultores por sembrar especies patentadas por ellas.

“El 21 de mayo 2004, el Tribunal Supremo de Canadá declaró a Percy Schmeiser culpable del insólito delito de utilizar para la siembra semillas de su propia cosecha, que contenían un gen “propiedad” de la multinacional agroquímica Monsanto. Schmeiser no tenía el menor interés en utilizar la variedad patentada por la compañía, pero el polen de campos transgénicos vecinos había contaminado su cultivo”. Ecologistas en Acción.

Asimismo, las semillas transgénicas valen de media un 10% más caras que las convencionales y deben comprarse año tras año, ya que están diseñadas para disminuir el rendimiento si se usan las de temporadas anteriores. Por lo tanto, no pueden almacenarse o intercambiarse, prácticas habituales en la agricultura tradicional. Esto reduce aún más el escaso margen de beneficios de los agricultores mientras las empresas productoras incrementan sus ingresos continuamente.

Los gigantes de la alimentación

Actualmente, el negocio de semillas transgénicas está manejado por seis empresas: Monsanto, Syngenta, Basf, Dow, Bayer y DuPont. Dichas compañías llevan décadas dedicándose a la fabricación de productos químicos, como fertilizantes o insecticidas, y también de otros como el napalm o el agente naranja, elementos tóxicos utilizados en numerosos conflictos armados. El uso de sus productos está asociado a diversos desastres ambientales y de la vida humana debido a la contaminación de alimentos, suelos y recursos hídricos. En países como Vietnam e India, aún hoy, siguen naciendo personas con problemas respiratorios, deformaciones o mayor probabilidad de padecer un cáncer durante su vida.

El caso es que las empresas agrotecnológicas se lanzaron a la fabricación de semillas transgénicas con el objetivo de adueñarse de todo el proceso de producción agraria, el cual supone una inacabable fuente de ingresos. Con el beneplácito de las autoridades internacionales, han convertido en negocio lo que debería ser un derecho universal básico. Monsanto, la empresa líder en el sector, controla actualmente el 90% de las patentes biotecnológicas. En el documental El mundo según Monsanto, la periodista francesa Marie-Monique Robin muestra que los vínculos de la empresa con los gobiernos estadounidenses provienen desde los años cuarenta del pasado siglo.

El Roto

La superficie cultivada con transgénicos no ha dejado de crecer desde los años noventa, al igual que su consumo. Actualmente hay en el mundo unos mil millones de hectáreas dedicadas a este tipo de agricultura, equivalente a la extensión de China. “El 85% de la soja que se consume en la UE está modificada genéticamente", afirma Carlos Vicente, director de Biotecnología de Monsanto. EEUU, Brasil, Argentina, India, Canadá y China son, por este orden, los mayores productores a nivel mundial, y representan más del 90% del total cultivado. Por su parte, España es el mayor productor europeo.

En los países donde se siembran organismos modificados, los agricultores tienen cada vez menos opciones. "La libertad de elección es más que dudosa, señala Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace. Hay agricultores que ni siquiera saben que están comprando transgénicos". Además, debido a la dispersión del polen, numerosas plantaciones ecológicas se han visto contaminadas por otras transgénicas, con las consiguientes pérdidas económicas para los agricultores. "Si mi maíz está contaminado, se desclasifica como ecológico. El único modo de evitar la contaminación es iniciar la siembra, que tocaría en mayo, a finales de junio. Pero retrasarla significa obtener 4.000 kilos de maíz en lugar de 8.000. Son demasiadas pérdidas. En el pueblo somos cuatro gatos, ¿cómo iba a denunciar a mis vecinos?", declara Juli Vergé, agricultor de la provincia de Lleida.

Con la excusa de mejorar la agricultura y acabar con el hambre en el mundo, los gobiernos y organismos internacionales están concediendo un enorme poder al imperio transgénico. Por este motivo, no existe una normativa específica para este tipo de alimentos a nivel internacional. Los principales productores no se adhieren a los escasos e insuficientes acuerdos existentes en este sentido, y presionan al resto de países para evitar cualquier regulación en este sentido, calificándolo como “barreras comerciales”.

EEUU considera que los organismos modificados no requieren una regulación especial a la del resto de alimentos, de manera que estos campan a sus anchas sin ningún impedimento. Por su parte, la Unión Europea ha establecido una regulación más restrictiva, aunque aún insuficiente, con normas relativas al uso, comercialización y el etiquetado de estos productos. Actualmente, en el espacio comunitario se permite la plantación de varios tipos de maíz y uno de patata, aunque este no está orientado al consumo humano. La variedad más extendida en el continente es el maíz Bt, que incluye un gen insecticida en las semillas, y cuya marca más vendida es la MON 810, producida por el gigante Monsanto.

A pesar de mantener una postura más cautelosa respecto a este tipo de agricultura, la Unión Europea muestra también una actitud complaciente hacia la industria transgénica. Es de sobra conocida la postura del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, a favor de este tipo de cultivos. Aunque cada país puede decidir si los permite o no, la Comisión tiene potestad para aprobar unilateralmente cualquier decisión en este sentido si no existe acuerdo entre los países. Y así lo hace. Escudándose en los informes de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), criticados por los grupos ecologistas por su falta de independencia, el ejecutivo comunitario concede cada vez más licencias para la plantación de nuevos productos modificados.

Los principales valedores de los cultivos transgénicos son Holanda y España, el principal productor y uno de los mayores importadores de este tipo de alimentos en el continente. Mientras, hay otros países (Francia, Austria, Alemania, Hungría, Luxemburgo, Polonia, Irlanda, Grecia, Italia y Rumanía) que, basándose en sus propios estudios científicos, mantienen una actitud de precaución al respecto y han establecido restricciones y periodos de moratoria al cultivo de estas especies. Para establecer su prohibición, Francia argumentó la posible contaminación de plantaciones ecológicas por parte de las transgénicas, alegando que la dispersión del polen puede alcanzar distancias "kilométricas". Por su parte, Alemania ha vetado recientemente el cultivo de una modalidad transgénica de Monsanto destacando que existen "pruebas suficientes de que el maíz del tipo MON 810 implica un deterioro del medio ambiente", según destacó la ministra de Agricultura Ilse Aigner.

Las organizaciones ecologistas advierten de que el espacio comunitario carece de legislación relativa a la responsabilidad en caso de daños a la salud y al medio ambiente. A pesar de que la normativa exige el etiquetado de todos los alimentos procedentes de OMG, Ecologistas en Acción considera una “trampa” que estén exentos de esta obligación la leche, los huevos y la carne de animales alimentados con piensos transgénicos. “Teniendo en cuenta que la mayor parte de los cultivos transgénicos actuales (soja, maíz, colza) van destinados a piensos compuestos, esto quiere decir que los transgénicos siguen entrando en la cadena alimentaria sin que el consumidor pueda percibirlo, y decidir por tanto si quiere consumir este tipo de productos o no”, añade la organización. 

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