Las
instituciones financieras llevaron a cabo una comercialización agresiva de las
participaciones preferentes para seguir financiando el boom inmobiliario.
Publicado en Sevilla Report
Tras el estallido de la crisis financiera mundial y de la burbuja inmobiliaria que protagonizó el modelo económico español de la última década, comenzaron a relucir los numerosos abusos que la banca ha llevado a cabo en nuestro país con la complicidad de las autoridades. El más famoso de ellos es el de las participaciones preferentes, que mantiene atrapados los ahorros de miles de ciudadanos de toda la geografía nacional. Y es que, en estos momentos, los afectados se encuentran inmersos en un limbo jurídico del que podrían salir perdiendo una parte importante o, incluso, la totalidad de lo que invirtieron.
En primer
lugar, expliquemos que son las
participaciones preferentes. Se trata de un producto financiero bastante
complejo que comenzó a comercializarse en nuestro país en 1999. Pero los bancos
y cajas no son los únicos que ofertan este producto; empresas como Unión Fenosa, Repsol o Telefónica lo han
hecho recientemente. Es una especie de mezcla entre las acciones y las
emisiones de deuda (bonos u obligaciones)
y, en la práctica, supone un préstamo por parte de los clientes a las entidades
financieras, que pueden contar así con más capital para su negocio. Ello
explica que, en plena burbuja inmobiliaria, los bancos y cajas recurrieran a
este mecanismo para captar liquidez y seguir financiando la construcción de
viviendas.
Miles de
personas confiaron sus ahorros a este producto, a pesar de su desconocimiento
del mismo, atraídas por la alta
rentabilidad ofrecida (hasta el 8% en algunos casos), muy superior a la de
un depósito fijo. Sin embargo, también es posible que los títulos adquiridos
vayan perdiendo valor, y el producto valga menos de lo que el cliente pagó por
él, como está ocurriendo actualmente. Las entidades "deberían haber
advertido al cliente de la dificultad en la práctica de poder vender sus
valores a la par", afirma
la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).
Durante
varios años, los clientes recibieron periódicamente sus beneficios sin ningún
problema. Pero había un detalle que muchos de ellos no conocían: el pago de
esta rentabilidad está condicionado "a la obtención de suficientes
beneficios distribuibles por parte de la entidad que los ha emitido". Así,
si la empresa no obtiene beneficios en un ejercicio, deja de estar obligada a
pagar los intereses acordados al inversor.
Como durante el boom inmobiliario los bancos y cajas obtuvieron enormes
ganancias, los clientes pudieron cobrar los beneficios de su inversión. El
problema vino unos años después. En 2009, tras ser intervenida por el Banco de
España, Caja Castilla La Mancha fue la primera entidad en anunciar que no
pagaría los intereses acordados con sus clientes.
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| Afectados por las preferentes se manifiestan en la puerta de Bankia, en Madrid | Foto: José Hinojosa / 15Mpedia (CC 3.0 BY-SA) |
Otra característica que muchos ahorradores no conocían era la perpetuidad. Las participaciones preferentes son un producto que carece de fecha de vencimiento. Si un cliente quiere deshacerse de él, la entidad no está obligada a devolverle el capital invertido. No obstante, existe la opción de que, unos años después de la compra, el cliente pueda acceder al canje (llamado amortización) de su producto, aunque posiblemente con descuento (es decir, con pérdidas). Está posibilidad dependerá de la voluntad de la entidad financiera, la cual no estará obligada a realizar dicho canje. En muchos casos, los bancos y cajas prometieron a los inversores la recompra de sus títulos, de manera que solo tenían que poner en venta su producto para recibir el dinero en 48 horas.
Además, el
dinero invertido en participaciones preferentes no está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos del Banco
de España. De esta manera, en caso de quiebra de la entidad, los inversores
tendrían muchas dificultades para recuperar la inversión, porque ocuparían el
penúltimo lugar en cuanto a preferencia de cobro (sólo por delante de los
propios accionistas de la compañía).
Durante el
boom inmobiliario, y también posteriormente,
las entidades financieras
realizaron una comercialización muy agresiva de este producto. Y es que,
como ya se ha dicho, su emisión permitía a las compañías usar el capital
aportado por los clientes para aumentar su negocio. Las entidades estaban
sedientas de capital para continuar especulando y obteniendo enormes beneficios
con la burbuja inmobiliaria. Con
este objetivo, los directores de los bancos y cajas animaron a sus empleados a
impulsar la comercialización de este tipo de inversiones.
“Los
directivos de las entidades financieras pidieron a sus empleados realizar todos
los contratos posibles con esos productos”, señala Alberto
Garzón. “Y ahí entró la
capacidad de engaño y «persuasión» de muchos empleados bancarios, quienes en
gran número de casos lo hacían presionados desde arriba o con pleno
desconocimiento de las implicaciones reales que conllevaban tales contratos”,
añade. Fue este desconocimiento el que llevó a muchos empleados a ofrecer el
producto a miles de clientes, a muchos de los cuales conocían desde hacía
bastantes años, asegurándoles que estaban adquiriendo un producto seguro y que
podrían recuperar su dinero en cuanto quisieran.
Esta sed de
ganancias llevó a los bancos y cajas a cometer numerosas irregularidades en la comercialización de este producto.
Así, este fue ofrecido a personas sin conocimientos financieros, en contra de
las indicaciones dadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En la mayoría de casos, tampoco se informó debidamente a los clientes sobre los
riesgos que conllevaba esta inversión. Es más, muchos de ellos ni siquiera
sabían qué producto habían contratado. “Estimamos que el 50% sigue creyendo que
tiene un plazo fijo tradicional”, señala Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).
Incluso, algunas entidades, como
Caixanova, entregaron
a sus clientes una cartilla para
hacerles creer que estaban contratando un depósito fijo. Por otra parte, en 2006,
Cajamadrid (hoy Bankia) colocó a sus clientes participaciones
preferentes del Kaupthing Bank islandés, a pesar de conocer la grave crisis que
afectaba a la entidad, la cual acabó siendo rescatada por su gobierno dos años
después.
Tras el estallido de la burbuja
inmobiliaria, los bancos y cajas intensificaron la venta de preferentes, con el objetivo de sanear sus
balances. Fue entonces cuando se cometieron la mayoría de irregularidades. “El
90% de los que contrataron preferentes fueron engañados. La gran mayoría eran
pequeños inversores”, critica
Manuel Pardos.
Así, muchas
entidades ofrecieron esta inversión a ancianos mayores de ochenta años, a personas analfabetas
(las cuales firmaron el
contrato mediante huella dactilar) y hasta a niños
y discapacitados. En algunos
casos, se llegó a mentir a los clientes,
a quienes se dijo que su inversión era segura
y que podrían recuperar el dinero cuando quisieran. Muchos de ellos se
dejaron llevar por la opinión de los empleados. En otras ocasiones, incluso, se
ha demostrado el uso de firmas falsas por parte de las compañías. A pesar de
que la nueva normativa europea
impuso en 2007 la obligación de realizar un test de conveniencia para
determinar si un cliente posee conocimientos financieros (prohibiendo la venta
de productos financieros complejos en caso de suspender dicha prueba), una
entidad llegó a colocar preferentes a un anciano
con alzhéimer que suspendió el test.
La Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió en muchas ocasiones de la
extrema complejidad de este producto, indicando que no debería ser ofrecido a
personas sin conocimientos financieros. Ya en 2009, se dirigió a las entidades
para hacerles llegar una serie de pautas para la venta de preferentes. Si
entonces se conocían las irregularidades, ¿por qué nadie actuó para frenarlas?
Y es que, a pesar de las evidencias, poco hizo este organismo por aumentar la
regulación de las participaciones preferentes o, incluso, frenar su comercialización.
Los
políticos, por supuesto, miraron para otro lado. No pretendían molestar al
sector económico que más poder tiene en nuestro país. Así, lo único que han hecho
los gobiernos de PP y PSOE para frenar este fraude masivo fue la imposición de restricciones
para evitar la venta de este
producto a inversores particulares sin conocimientos financieros, cosa que
ocurrió en el verano de 2012, cuando ya había explotado el escándalo de las
preferentes que mantiene atrapados a cientos de miles de personas.
Continuará…
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