Las medidas adoptadas en los últimos años
empeoran la economía y profundizan el sufrimiento de los más necesitados. El
retroceso social comienza a ser irreversible.
- El colapso económico español (1). De repente, somos pobres
- El colapso económico español (2). Los "recortes" tienen finalidad ideológica
- El colapso económico español (3). ¿Excesivo gasto?
- El colapso económico español (4). El ataque de “los mercados”
- El colapso económico español (5). Sobre el rescate bancario
- El colapso económico español (6). ¿Rescatar al país?
- El colapso económico español (y 8). Conclusiones finales
Las medidas tomadas en España para hacer frente a la crisis están reduciendo notablemente la capacidad adquisitiva de la población, lo que repercute en el consumo de las familias y merma la capacidad de crear empleo. Es la pescadilla que se muerde la cola. En cambio, nuestros mandatarios se empecinan con los recortes. Es de lógica comprender que estas medidas afectan muy negativamente a la población, al disminuir el consumo y provocar un empeoramiento en cadena de toda la economía. “España no va a ser una excepción sino que se sumará a la ya larga lista de países en donde las políticas de ajuste neoliberal han matado a miles de personas”, destaca Juan Torres.
Pero es algo que se niegan a aceptar
nuestros mandatarios y representantes políticos, que parecen no tener en mente
el sufrimiento que están provocando en la población. “España está saliendo de
la crisis”, destacó
recientemente la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Por su parte, Cristóbal
Montoro señaló
que “sin austeridad España no sale de la crisis”. En su opinión, además, las
últimas medidas tomadas por el Gobierno son “´la mejor política social que se
puede emprender”. Ahí queda eso. Mientras, los datos demuestran todo lo
contrario: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
augura
que 2013 será el peor año de la crisis
en España y que superaremos los seis millones de desempleados.
La situación a la que han llevado las
políticas tomadas en los últimos años es absolutamente desoladora. Según una encuesta
del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto de las familias ha disminuido a niveles de hace más una década.
Y la crisis ha hecho crecer en dos millones el número de personas que viven en
situación de precariedad, según destaca
el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). De manera que
esta circunstancia ya afecta casi al 44% de la población, lo que equivale a
20,6 millones de personas.
Una de cada cinco personas vive bajo el
umbral de la pobreza, como corroboran los datos del INE. El 12,7% de los hogares llega a fin de mes con “mucha
dificultad” y el 40% no puede afrontar gastos imprevistos. Más de ocho millones de personas dependen de los servicios sociales para sobrevivir, y cada vez son más
las familias que carecen de recursos. Además,
unas 35.000 personas duermen en la calle,
según datos
de Cáritas. También tenemos el
mayor Índice de Miseria de toda la Unión Europea.
En cuanto al paro, las cifras son
deprimentes: el 25,8% de la población activa carece de un empleo y nuestro país
encabeza en Europa este triste ranking. Dos millones de parados no reciben
ninguna prestación, y se asoman peligrosamente a la pobreza. Respecto al paro juvenil, somos los
segundos del continente con mayor tasa (54,5%) detrás de Grecia, que nos
adelantó recientemente. El Gobierno ha reconocido en numerosas ocasiones que durante 2013 seguiremos destruyendo empleo.
Asimismo, como se indicó en el artículo
anterior, el ejecutivo del Partido Popular ha puesto en marcha un mecanismo para realizar despidos colectivos
en el sector público y que afectará, sobre todo, a
quienes trabajan para los ayuntamientos. Todo ello gracias a la reforma
laboral más agresiva de nuestra historia y a las disposiciones legales que el
Partido Popular está aprobando en dicho sentido.
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| Fuente: Elblogsalmon.com |
Además, según la
Unesco, somos el país con mayor fracaso escolar de Europa. Mientras la OCDE estima
que, por cada euro invertido en que una persona curse educación superior, dicha
cantidad revierte a la sociedad multiplicada por cuatro, en España tenemos la tasa más alta en Europa de jóvenes que ni estudian ni trabajan
(los popularmente conocidos como ninis)
y el mayor porcentaje de desempleados
con titulación universitaria. Un millón de personas con estudios superiores
se encuentran actualmente
en paro, una cifra que casi se ha triplicado desde el comienzo de la
crisis. El 44% de los titulados universitarios se desempeñan en
trabajos inferiores a su preparación, frente al 23% de media en los países
de la OCDE. Y cada vez son más los jóvenes titulados que deciden abandonar
el país. En el último año y medio, cerca de un millón de españoles han
tenido que marcharse.
Mientras,
los sueldos no suben ni se espera que no lo hagan en algún tiempo, a pesar de que los recortes y subidas de impuestos están
mermando considerablemente la capacidad adquisitiva de la población. Como ya se
indicó en el tercer
artículo de esta serie, tenemos uno
de los salarios más bajos de Europa, superado incluso por países menos
desarrollados que el nuestro. Además, somos
el país con mayor desigualdad social de la Eurozona,
de manera que tenemos la mayor distancia entre los sueldos más altos y los más
bajos. Animado por Europa, el Gobierno ha puesto en marcha medidas para
provocar la bajada de los salarios, bajo la falsa excusa de que nos permitirá
exportar más y salir de la crisis. Mientras, los precios no paran de subir y el IPC se
encuentra (Índice de Precios al Consumo) en el 2,9%.
El
drama de los desahucios
Desde que comenzó la crisis, unas 400.000 familias han perdido su hogar, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH). Somos el único país de nuestro entorno en el que, en caso
de impago, no existen mecanismos que permitan a una familia entregar la
vivienda para saldar su deuda con una entidad bancaria, la cual puede
adjudicársela por el 60% de su valor y obligar a sus propietarios a seguir
pagando una casa que no habitan. Así,
las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado en nuestro país en los
últimos cuatro años. El drama de los desahucios ha llegado hasta tal punto
que cuatro personas –en Granada,
Baracaldo, Santesteban (Navarra) y Peñafiel (Valladolid)- se han quitado la vida antes
de ser desalojadas de sus viviendas. Se da la paradoja, además, de que las
personas expulsadas de su vivienda tienen que pagar, como el resto de la sociedad,
las deudas de unas instituciones que les están dejando en la calle.
Siete
jueces llamaron la atención sobre los abusos de la banca respecto a
los desahucios en un informe encargado por el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), el cual acabó desestimando el documento. “Cada procedimiento
encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión
social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una
drástica reducción de sus ingresos, no pueden pagar lo que deben", señala
el informe, que también advierte de la necesidad de poner en marcha “soluciones
excepcionales” para atajar esta dramática situación. Posteriormente, fueron los
47 jueces decanos de España, en representación de más de dos mil magistrados,
quienes apoyaron
el documento rechazado y lanzaron la voz de alarma ante una situación que
califican como “auténtica lacra social”. “Ya está bien de estar mudos por un
mal sentido de la responsabilidad. Tendría que decirlo el CGPJ, pero no lo
hace”, declaró a El País Pedro Luis
Viguer, juez decano de Valencia. También el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha
criticado el sistema vigente en España, al que considera incompatible con
la normativa europea por no proteger a los consumidores frente a las cláusulas
abusivas impuestas por la banca en las hipotecas.
Hasta
las fuerzas de seguridad han lanzado la voz de alarma sobre el drama de los
desahucios. El Sindicato Unificado de Policía
(SUP) ha
anunciado que respaldará a los agentes que se nieguen a participar en ellos
e, incluso, les defenderá ante los tribunales si fuera necesario. "Si a alguien le va a crear un problema
de conciencia actuar, que lo diga y le ayudaremos", indicó José Manuel
Sánchez Fornet, secretario general del SUP. Sin embargo, los tres restantes
sindicatos policiales -la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión
Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SP)- rechazaron
la propuesta de Sánchez Fornet, a quien tildaron de “oportunista”, y
afirmaron que “ni sus propios afiliados” la secundarán. Incluso, esos tres
organismos advirtieron de posibles consecuencias legales para aquellos agentes
que se nieguen a participar en desahucios.
El
clamor social obligó a los partidos mayoritarios, PP y PSOE (como si no existieran otros) a negociar
una fórmula urgente que impida esta injusta práctica por parte de los
bancos, aunque sólo para las familias más vulnerables y de manera “temporal”,
según el presidente Mariano Rajoy. Poco después, la banca reaccionó anunciando
la suspensión de los desahucios para casos de “extrema necesidad”, aunque sin
concretar los criterios que definirán estas situaciones.
Aún antes de presentar la reforma legal para
reducir los desahucios, PP y PSOE
comenzaron a atribuirse el mérito de haber convencido a la banca de la
necesidad de paralizar los desahucios, según demuestra El Diario. Así, el PSOE llegó
a relacionar la decisión de las instituciones bancarias con una petición de
Rubalcaba, para después dar marcha atrás destacando la labor de los colectivos
sociales y reconocer que ellos tendrían “que haber reaccionado antes”. Por su
parte, la presidenta de Castilla-la Mancha por el Partido Popular, María
Dolores de Cospedal, señaló
que Rajoy “es el primer presidente del Gobierno que toma una decisión” sobre el
tema de los desahucios y alabó la reacción de su partido frente a las “razones
humanitarias” que así lo requerían.
Tal y como señala
El Diario, los partidos mayoritarios no hicieron nunca nada por acabar con este
drama y, si lo hacen ahora, es sólo por la presión social que se está
generando a su alrededor. Durante años, PP y PSOE han rechazado en el Congreso
las propuestas de otros grupos parlamentarios para aliviar la situación provocada
por los desahucios. Ambos partidos llevan mucho tiempo tomando medidas en favor
de la banca y, si ahora le tienen que frenar un poco los pies, no será con
gusto.
Finalmente, y sin el acuerdo del PSOE, el
Gobierno presentó el pasado
15 de noviembre un decreto ley con
medidas “urgentes” para retrasar dos años los desalojos de las familias que
perciban menos de 19.200 euros anuales y cuya cuota hipotecaria sobrepase el
50% de sus ingresos. Sin embargo, para que se produzca la paralización del
desahucio deberán cumplir, además, alguno de los siguientes requisitos:
familias numerosas o con menores de 3 años de edad; familias monoparentales con
al menos dos hijos menores a su cargo; con personas que por enfermedad estén
incapacitadas para trabajar o con discapacidad mayor al 33%; o en supuestos de
violencia de género que estén en desempleo y hayan agotado el acceso a las
prestaciones. La norma también contempla la puesta en marcha de un fondo social
de viviendas para que sean alquiladas a familias necesitadas a precios
reducidos. Los bancos han anunciado su intención de aportar 6000 viviendas para
dicho fondo, de manera que sólo
se beneficiará el 1% de las 600.000 familias que anunció el ministro De
Guindos.
Los
criterios impuestos en la ley “anti-desahucios” reducirán notablemente el grupo
de posibles beneficiarios, porque es más difícil
cumplir los requisitos de renta y encontrarse a la vez en una de las
situaciones citadas anteriormente. Según el ministro De Guindos, con esta norma
serán unos 120.000 los hogares
que se libren del desahucio durante
dos años. Una cantidad muy inferior a la que él mismo señaló durante la
presentación del decreto, cuando dijo
que serían “más de 600.000 familias” las beneficiadas. La nueva ley solamente
retrasará durante dos años el desalojo de las familias que cumplan estos
estrictos requisitos, pero permite que se sigan acumulando los intereses que
tendrán que pagar algún día, lo cual “evita
que los bancos pierdan dinero y que tengan que cargar ahora con viviendas
de difícil salida al mercado en estos momentos”, según destaca
Juan Torres.
“El decreto salva del desahucio a una
familia con un niño de tres años pero no a una familia con dos niños de
cuatro”, criticó
Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (APH) de
Barcelona, en el diario El País. Por
este motivo, los grupos de defensa de los consumidores consideran la medida un
mero “parche” que no resolverá esta grave situación. Y es que, según Colau, la
nueva norma excluye “a la mayoría de las familias” con las que su agrupación
trata. “El Gobierno ha aprobado exactamente las medidas que sugirieron las
entidades, una moratoria temporal para casos excepcionales”, añade.
También los jueces se han revelado contra
una norma que, en su opinión, tendrá un carácter “muy limitado”. “Lo que ha
aprobado el Gobierno no es una moratoria, sino una suspensión del desalojo, de
forma que durante esos dos años la deuda se seguirá generando y los elevados
intereses de demora la seguirán aumentando”, señaló
a El País José Luis González
Armengol, portavoz del colectivo de jueces Francisco de Vitoria. Se nota que la
presión de la banca se ha hecho sentir. Pero
el ejecutivo se niega a realizar un cambio profundo en la Ley Hipotecaria;
en primer lugar, porque no quiere; y en segundo lugar, debido a las presiones
que recibe por parte de la Unión Europea y de los bancos.
Mientras niega su apoyo a las familias
que viven con la amenaza del desahucio, el Gobierno del Partido Popular se ha
sacado de la manga un nuevo favor para la banca: se concederá la residencia a los extranjeros que compren una vivienda por valor
superior a 160.000 euros. Esta medida, que supone la puesta en venta de los
permisos de residencia, pretende reactivar la compra de viviendas para evitar
la enorme caída de los precios, lo cual afecta, sobre todo, a las instituciones
bancarias, que poseen un gran porcentaje de las viviendas deshabitadas en
nuestro país. Así pues, el nivel de riqueza será un factor diferencial respecto
a los derechos que disfrutarán los inmigrantes en España.
Los
nuevos recortes: hacia el abismo
En los últimos dos años se
han recortado 63.393 millones de euros en Sanidad, Igualdad, Educación,
Servicios Sociales, Dependencia, Cooperación y Empleo, las partidas que más
benefician a la población necesitada. Tal como se mostró en uno
de los anteriores artículos de este blog, se podrían haber llevado a cabo recortes que no perjudicaran tanto a
los más pobres, lo cual muestra claramente el verdadero objetivo de los
mismos.
Además, para este año nos esperan los
presupuestos más restrictivos de la democracia. El Ministerio de Sanidad es el
que mayor reducción de recursos sufrirá, con un 22,6% respecto a este año. Otro
de las partidas más castigadas será la de Educación, con un 17% menos. En cambio,
el presupuesto de Defensa disminuye sólo un 6%, y el de la Casa Real un 4%. Por
su parte, las asignaciones a la Iglesia se mantienen sin
ningún recorte. “El número de funcionarios se reduce un 2,2%. El
número de altos cargos se mantiene”, destaca
Ignacio Escolar.
“Los más pobres se llevan los recortes
más contundentes. El Gobierno recorta el 40%
los fondos para las ayudas sociales básicas de los Ayuntamientos”, añade
Escolar. También se están reduciendo las ayudas a los desempleados, mientras el
propio gobierno estima que durante el
próximo año se seguirá destruyendo
empleo. Y la subida
de las pensiones en 2013 –del 1%- será muy inferior al alza de los precios
-2.9%-, de manera que los jubilados seguirán perdiendo poder adquisitivo. Así,
Rajoy terminó confirmando un nuevo engaño a la ciudadanía, pues durante la
campaña electoral afirmó reiteradamente que revalorizaría las pensiones para
adaptarlas al nivel del IPC.
Los
recortes más salvajes se ceban con la sanidad.
Además del repago farmacéutico (y no copago, ya que los ciudadanos ya
pagábamos este servicio mediante impuestos) decretado en julio y de la subida
del precio de numerosos medicamentos, el
Gobierno prepara una nueva reforma para hacer pagar a los usuarios el
servicio de ambulancia (5 euros por trayecto) en los casos no urgentes. “El
Gobierno tiene a los más débiles en el punto de mira”, critica
Carmen Flores, Defensora del Paciente, quien también advierte de que con esta
medida se "está poniendo en peligro la vida de las
personas, especialmente las que tienen pocos recursos". Pero no se
trata sólo de eso: además de negar un servicio que necesitan las personas más
vulnerables, las políticas del PP en este sentido pretenden descapitalizar los
servicios públicos para, posteriormente, justificar con la ausencia de recursos
la privatización de los mismos.
El presupuesto de ayudas a la Dependencia
sufrirá un recorte
de 200 millones, complicando aún más la prestación de este servicio por parte
de las Comunidades Autónomas. Además, el pasado mes de julio el Gobierno redujo
en un 15% las asignaciones para el pago a los cuidadores familiares de personas
dependientes. El Estado también ha
dejado de pagar a la Seguridad Social la cuota de los cuidadores, de manera
que el 85% de ellos, unas 145.000 personas según estima El País, han desaparecido de sus listas y ya no cotizan por su
trabajo. Estas medidas constituyen un auténtico hachazo a uno de los pilares
básicos de la política social en nuestro país.
Por otra parte, el presupuesto destinado a las políticas de Igualdad se ha recortado en
un 24%. Esta medida, junto a la subida de las tasas judiciales, dificultará que las víctimas de violencia
de género puedan denunciar su situación. En opinión
del colectivo Tu Voz Cuenta, estos enormes recortes “ponen en peligro los
logros obtenidos en materia de igualdad”. “Se están evaporando los compromisos
con los derechos de las mujeres”, añade. Respecto al incremento de las tasas judiciales,
solo puede decirse que constituye un nuevo ejemplo del afán de este Gobierno
por impedir a los pobres el disfrute de sus derechos. Así, mientras indulta
a políticos de su partido condenados por corrupción, el ejecutivo pretende
dificultar a los más pobres el ejercicio de su derecho a la justicia.
Recortar al máximo las partidas sociales
a la vez que se siguen pagando y avalando deudas bancarias es otra demostración
evidente de las intenciones de este Gobierno. “España
no va a aguantar este ritmo de ajuste, nos va a llevar a una situación
dramática”, señaló
recientemente Alfredo Pérez Rubalcaba, olvidando que su partido también tomo
medidas antisociales cuando gobernó. Mientras, ajeno a la realidad que sufren
cada vez más españoles, el ministro Cristóbal Montoro destacó que “estos son
los presupuestos más sociales de la democracia”. Nada más lejos de la realidad.
Según advierte el informe
Crisis, desigualdad y pobreza,
elaborado por Intermon Oxfam junto a otras organizaciones, España tardará 20 años en recuperar el bienestar social que tenía antes
de la crisis.
Próximo
artículo:
El colapso económico español (y 8). Conclusiones finales
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