Fracaso y decepción en la defensa del clima

Los líderes mundiales defraudan al mundo con un acuerdo insuficiente promovido por EEUU y China. Las ONG denuncian que el compromiso alcanzado no es justo, ambicioso ni vinculante.

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La Cumbre sobre Cambio Climático celebrada en Copenhague concluyó sin cumplir las expectativas creadas. A última hora, cinco países (Estados Unidos, China, Brasil, India y Sudáfrica) promovieron un acuerdo que no ha resultado ni ambicioso ni vinculante. No establece cifras concretas de reducción de emisiones ni la obligatoriedad del compromiso. El documento sólo reconoce que el cambio climático es “uno de los grandes retos de nuestro tiempo”, que el aumento de la temperatura hasta 2020 no debería superar los dos grados y que las emisiones contaminantes deberán alcanzar su máximo “lo antes posible”.

Obama afirmó que el acuerdo "no será legalmente vinculante, pero cada país enseñará al mundo lo que está haciendo". Antes del próximo 1 de febrero, todos los países deberán presentar sus cifras de reducción de emisiones. Menos mal que, al menos, el texto establece un compromiso de financiación para los países en desarrollo, aunque no se indica claramente si dichos recursos serán adicionales de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Hasta 2012, los países desarrollados donarán a los subdesarrollados 10.000 millones de dólares anuales para ayudarles a enfrentar el cambio climático. Sin embargo, Martin Kaiser, de Greenpeace Internacional, considera que "la calderilla prometida como fondos iniciales no es suficiente para hacer frente a la lucha contra el cambio climático". Las ONG rechazaron de plano el acuerdo impulsado por EEUU. "La ciudad de Copenhague es hoy el lugar del crimen climático, con los culpables huyendo avergonzados al aeropuerto", manifestó Greenpeace.

La cumbre quedó monopolizada desde el primer momento por los dos principales países contaminantes, China y Estados Unidos. La Unión Europea había intentado llevar la delantera en las negociaciones y ofreció al inicio de la cumbre un compromiso de reducción de emisiones de un 20%, incluso de un 30% si el resto de países decidían llegar más lejos. Brasil, por su parte, llegó a ofrecer hasta casi un 40% de recorte. Sin embargo, el acuerdo fue enquistándose con el paso de los días debido a la negativa china de permitir la auditoría de sus emisiones. Estados Unidos respondió afirmando que, si China no permitía la entrada de observadores internacionales en su territorio, no firmaría ningún acuerdo que resultara obligatorio. El enviado de Obama, Todd Stern, llegó a decir, incluso, que su país no tenía pensado compensar a los países pobres, y que China no recibirá dinero público de EEUU para adaptarse al cambio climático.

Obama se presentó en Copenhague con una oferta de reducción de emisiones que no superaba el 4% de cara a 2020 respecto a 1990, proyecto que aún no ha sido ni siquiera aprobado por el Senado norteamericano. Por ello, Estados Unidos trató desde el primer momento trasladar la presión a China. El presidente venezolano, Hugo Chávez, calculó que el presupuesto militar de EEUU alcanza los 700.000 millones de dólares, y pidió a Obama que solamente con dedicar la mitad a salvar el clima “bastaría”. El tiempo se agotaba y nadie quería quedar como el que impidió un compromiso para salvar el clima, por lo que las exigencias del acuerdo se fueron rebajando al mínimo. Quien más de su parte puso para alcanzar un acuerdo fue el presidente brasileño Lula de Silva, a pesar de que su país está en pleno proceso de desarrollo. "Si es necesario que hagamos más sacrificio, Brasil está dispuesto a poner dinero para ayudar a otros países, lo haremos. Lo que no estamos de acuerdo es que las principales figuras del planeta firmen cualquier papel sólo para decir que han firmado un acuerdo", afirmó Lula.

Cuando parecía que la cumbre concluiría sin un compromiso, el presidente norteamericano pactó con el primer ministro chino, Wen Jiabao, que los países en desarrollo realizarían su propia "medición, declaración y verificación de sus emisiones", aunque aceptaban un sistema de “consultas y análisis internacionales”. Mientras, los países desarrollados "se comprometen a presentar objetivos de reducción de emisiones antes del 1 de febrero de 2010". "Estas reducciones y la financiación a los países en desarrollo serán declaradas, medidas y verificadas" por la ONU, establece el pacto. Al acuerdo se sumaron India, Brasil y Sudáfrica. La Unión Europea no tuvo otra opción que aceptar este insuficiente compromiso ante la amenaza de marcharse de la capital danesa sin acuerdo. Entonces, el documento fue redactado por un grupo compuesto por representantes de 28 países, entre los que se encontraba España. Los países africanos apoyaron el texto sólo porque, al menos, incluye el compromiso de financiación para los países en desarrollo. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Sudán se opusieron porque consideraron ilegítimo un acuerdo alcanzado por una minoría de países y sin el amparo de la ONU. "Las negociaciones han sido decepcionantes, han dejado de lado a la mayor parte de los países", afirmó Pablo Cotarelo, de Ecologistas en Acción.

A todas luces, el texto resulta insuficiente. "El acuerdo no sirve para el objetivo de los dos grados", admitió el presidente de turno de la UE, Fredrik Reinfelt. "Sabemos que el avance no es suficiente y que queda mucho camino por hacer", añadió Obama. "El documento no es todo lo ambicioso que la UE hubiera deseado, pero la única alternativa que teníamos era el absoluto fracaso", dijo la ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó que intentará convertir el acuerdo alcanzado "en un tratado legalmente vinculante en 2010". Lo cierto es que se ha tirado por tierra el trabajo de más de 20 años. Las emisiones seguirán creciendo descontroladamente. Algunos aprovecharán para contaminar ahora todo lo posible, no vaya a ser que más adelante se alcance un acuerdo mínimamente exigente. El presidente francés, Nicolás Sarkozy, mostró su "decepción por la ausencia de un objetivo de reducción de las emisiones de gases efecto invernadero en un 50% para 2050, necesaria para limitar el aumento de la temperatura del planeta en dos grados".

Las ONG, por supuesto, no quedaron tampoco satisfechas con el compromiso alcanzado. Antes de la cumbre, las organizaciones demandaban un acuerdo justo, ambicioso y vinculante, todo lo contrario al que se ha alcanzado. "El acuerdo es un triunfo de la propaganda por encima de la sustancia. Reconoce la necesidad de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados, pero no compromete la manera de hacerlo", criticó el director ejecutivo de Oxfam Internacional, Jeremy Hobbs. Mar Asunción, responsable de Cambio Climático de WWF Adena, afirmó que “los líderes mundiales nos han defraudado”.

Atasco en Copenhague

 Estados Unidos pretende bloquear un posible acuerdo para evitar indemnizar a los países pobres por sus dos siglos de emisiones. El G-77 se niega a abandonar Kioto.

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El tiempo se acaba en Copenhague y las negociaciones siguen aún estancadas. Yvo de Boer, secretario de la ONU para esta Cumbre, ya reconoció el martes que las negociaciones avanzan "muy lentamente". El martes se barajaron varios borradores de acuerdo, pero ninguno de ellos contenía cifras concretas de reducción de emisiones ni especificaba el grado de obligatoriedad del proyecto. “Los países ricos no se han mostrado hasta ahora dispuestos a ceder en financiación climática o en metas de reducción de emisiones", manifestó Jeremy Hobbs, de Oxfam Internacional. "Necesitamos con urgencia que los líderes del mundo cojan el toro por los cuernos y resuelvan estos temas ahora", añadió.  

Falta voluntad para salvar el planeta. Como ha recordado el presidente venezolano, Hugo Chávez, "si el clima fuese un banco, ya lo habrían salvado". "No tenemos otro año más para discutir, la naturaleza no negocia con nosotros", advirtió el secertario general de la ONU, Ban Ki-moon. A partir de hoy entran en escena los ministros de gran parte de los países del mundo. Por su parte, los líderes de 110 naciones llegarán mañana jueves a Copenhague y dispondrán de apenas 24 horas para llegar a algún acuerdo que permita salvar el planeta. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, aún no ha confirmado cuándo asistirá a la capital danesa.

Todd Stern

Lo cierto es que el principal obstáculo para el logro de un acuerdo son los dos principales países contaminantes: Estados Unidos y China. Mientras el gigante asiático se niega a que la ONU audite sus emisiones, Estados Unidos se escuda en esta negativa china para ocultar que no pretende presentar un plan de financiación a largo plazo dirigido a los países en vías de desarrollo porque sabe que el Senado norteamericano lo vetará. Y es que China es un país en desarrollo, y la Administración estadounidense se niega a que dinero suyo vaya a parar a su principal competidor comercial. "No veo dinero público de EE UU destinado a China", afirmó Todd Stern, quien además añadió que no piensan "reparar ni pagar ninguna deuda" por sus emisiones durante todos estos años. Pero los países en desarrollo, y China está entre ellos, exigen dichos fondos y la transmisión de nueva tecnología para limitar sus emisiones.

Para tratar de llegar a un acuerdo con Estados Unidos, la Unión Europea propuso la idea del alcanzar otro acuerdo que sustituya a Kioto, pero el G-77 se niega en rotundo a aceptar esto. Kamel Djemouai, portavoz del G-77 afirmó que “esto supondría la muerte de Kioto, el único documento legalmente vinculante que existe. El próximo tratado deberá ser ratificado y hasta que entre en vigor, pasarán más de los siete años que se tardaron con Kioto". Y es que el Protocolo de Kioto es el único acuerdo internacional que obliga a los países ricos a reducir sus emisiones, y es a lo que se agarra el G-77 para evitar que los países desarrollados traten de eludir sus responsabilidades. Sin embargo, la posibilidad de que el resto de países se sumen a Kioto ni siquiera se ha contemplado. "No firmaremos Kioto ni nada que sea igual pero con otro nombre", dejó claro el enviado de Obama, Todd Stern.

Mientras, las organizaciones ecologistas se muestran bastante pesimistas. "El país más rico del mundo y responsable de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de la historia está provocando un serio retraso y una caída en espiral en las negociaciones de Naciones Unidas sobre el clima", afirma Greenpeace.  "Si Obama no pone nuevos objetivos de reducción de emisiones y nueva financiación a largo plazo sobre la mesa esta semana, será recordado como el líder que provocó el fracaso de Copenhague y que garantizó el caos climático", declaró Damon Moglen, responsable de la campaña Cambio climático de Greenpeace EEUU.

El caos económico español

Standard & Poors cambia su calificación de la economía española de “estable” a “negativa”. El Gobierno le resta credibilidad y afirma que el crecimiento será “inminente”. ¿Quién tiene razón?

La pasada semana, la agencia de calificación Standard & Poors rebajó su perspectiva para España de “estable” a “negativa”, y amenazó con rebajar el rating crediticio español nuevamente. S&P, que hace un año excluyó a nuestro país del índice de países con la máxima calificación crediticia, al rebajarla de AAA a AA+, estima que la deuda pública de España en 2010 alcanzará el 67% del PIB. Además, la agencia norteamericana estima que nuestra economía tardará más que el resto de las europeas en salir de la recesión debido al “elevado endeudamiento del sector privado y a la inflexibilidad de su mercado laboral”, lo que se traducirá en una disminución de los fondos públicos. 

Las consecuencias no se han hecho esperar. "Los 2.087 millones de euros de bonos emitidos por el Estado han costado alrededor de 10 millones de euros más por el aumento del diferencial con el bono alemán que provocó la noticia [de Standard & Poors]", asegura Julián Benavente, analista de mercado de Capital Market. Este anunció también golpeó con fuerza a la Bolsa española. El Ibex 35 sufrió una caída del 2.27%, mucho mayor que el resto de parqués europeos, sólo superada por el descenso de Grecia, a quien Standard & Poors ya rebajó recientemente su calificación a A-. Así pues, nuestra economía tiene ahora mayores semejanzas con la griega que con el resto de las potencias europeas.

Sin embargo, las otras dos agencias que realizan análisis económicos, Fitch y Moody's, mantienen a España con la máxima calificación. Aunque Moody´s reconoce que varios países sufrirán dificultades fiscales "durante años", afirma que no existe una "amenaza inmediata" para la nota de la deuda pública de los países calificados con 'AAA', entre los que se encuentra España.

Para José Manuel González Páramo, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, el informe de S&P “es difícil de rebatir”. Además, considera que este informe puede justificar la repentina caída de los mercados financieros, que han castigado a España más que al resto de países europeos. “Es normal que cuando una agencia emite un informe como el de ayer sobre España los mercados revisen sus posiciones".

Pero el Gobierno español discrepa con Standard & Poors. "Hay variables que no explican mucho esta decisión", afirman desde el Ministerio de Economía. Y es que las agencias de rating no siempre aciertan. Es necesario recordar que el banco de inversión americano Lehman Brothers se hundió a pesar de tener la máxima calificación. Y las hipotecas subprime se extendieron como la espuma gracias a que gozaban de la mejor nota. Y también sabemos lo que ocurrió después.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó al presentar su Informe Económico de 2009 que “el tren del crecimiento está muy próximo y si aplicamos con rigor todas las reformas en marcha, este tren aumentará su velocidad hasta adquirir la necesaria para la recuperar la creación de empleo”. El presidente resta credibilidad al informe de S&P y afirma que las medidas llevadas a cabo con el Plan E han ayudado a que el paro creciera un 2% menos, situándose en el 17,9% en lugar de superar el 20% como se esperaba. En su opinión, esto ha permitido salvar el empleo de unas 460.000 personas.

El informe del presidente manifiesta que la economía mundial comenzó a sufrir graves desequilibrios desde mediados de 2008. Por aquellas fechas, Zapatero negaba la crisis y afirmaba que estábamos atravesando un periodo de “suave desaceleración”. Sin embargo, la previsión de Zapatero contrasta con la que hace un mes hizo la ministra de Economía, Elena Salgado, quien predijo que hasta finales de 2010 no se alcanzará el crecimiento del empleo en un nuestro país. Es decir, que nos queda otro año de crisis, mientras que el resto de países europeos ya han salido de la recesión y comenzarán en breve a crecer.

Entonces, ahora ¿qué datos son los verdaderos? ¿Quién tiene razón? Porque, si bien es cierto que las agencias de calificación no siempre aciertan, no podemos comenzar a crecer ya si hasta finales de 2010 no comenzaremos a crear empleo. Porque la creación de empleo sí que es un indicador fiable de la recuperación económica. Eso es lo único cierto.

La Comisión Europea estima que en 2010 la eurozona registrará datos positivos, salvo España e Irlanda. Sólo Letonia, Lituania y Bulgaria tardarán tanto como España en recuperarse, advierte Bruselas. Además, es previsible que el BCE suba el año que viene los tipos de interés, lo que dificultará la recuperación. Para evitarlo, Rodríguez Zapatero tratará de convencer al resto de líderes europeos de la necesidad de mantener los planes de estímulo durante la presidencia española de la UE, que comienza en enero. Pero algunos de ellos preferirán retirarlos ya y comenzar a reducir su deuda, ya que comenzarán a crecer antes que nosotros…

INFORMACIÓN UTILIZADA

-El Gobierno cree que "no hay motivos para la preocupación" tras la advertencia de S&P. Expansión, 09-12-2009.

-La economía española seguirá registrando descensos del PIB en 2010, según S&P

- S&P amenaza de nuevo el rating de España y dispara la prima de riesgo. Expansión, 09-12-2009.

-Zapatero afirma que la economía va a volver a crecer «con carácter inminente». ABC, 10/12/2009

-La OCDE afirma que España sigue en la senda de la recuperación. El País, 11/12/2009.

-La opinión de Standard and Poor's cuesta a España diez millones. Público, 11/12/2009

-Por qué el déficit es una bendición. Público, 11/12/2009

-¿Crecerá el PIB en el último trimestre del año? El Mundo, 25/11/2009

-Falta de realismo. El País, 12/12/2009

Contra la censura en la Red

Me uno al Manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet, al que ya se han adherido más de 55.000 blogs en España, además de periodistas y profesionales de la Red. El Gobierno no puede anteponer los derechos de autor a los derechos fundamentales de los ciudadanos. La creación de "una policía en Internet"y la posibilidad de cerrrar páginas sin necesidad de orden judicial supone un claro recorte de nuestros derechos. Y no debemos permitirlo. Añado el Manifiesto:

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.