Unas
700.000 familias tienen atrapados sus ahorros en las participaciones
preferentes.
Publicado en Sevilla Report
A pesar de las irregularidades
cometidas en su comercialización, las participaciones preferentes funcionaron
sin sobresaltos en nuestro país durante casi una década. Sin embargo, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria,
se convirtieron en una inversión aún más peligrosa si cabe. Y es que el
descenso de la cotización en los mercados bursátiles disminuyó notablemente su
precio, de manera que, los propietarios
estaban perdiendo gran parte de la inversión. Además, cómo las entidades
que las emitieron acumularon enormes pérdidas a partir de 2008, dejaron de
estar obligadas a abonar los intereses a los propietarios de este producto. Es
más, las nuevas
medidas tomadas para el saneamiento del sector financiero permitieron a los
bancos y cajas negar el pago de los intereses de las preferentes durante un año
aunque no tengan pérdidas.
Entonces, muchos clientes se dirigieron a las oficinas donde
habían contratado el producto, con la intención de informarse e intentar
recuperar su dinero cuanto antes. Fue en aquel momento cuando se dieron cuenta
de que sus ahorros se encuentran
atrapados en una inversión perpetua de altísimo riesgo. “Ya no sabemos
dónde recurrir, estamos desesperadas. Por culpa del banco, a mi madre se le ha
ido el sueño. No sabemos qué hacer para que nos devuelvan lo que es nuestro”, declaró
a El País Rosa Ordóñez, una de las
afectadas.
Se estima que los bancos y cajas españoles emitieron más de 30.000 millones de euros
en preferentes entre 1999 y 2011. Fueron más de 50 las entidades que
comercializaron este producto por todo el país. La cifra total de afectados supera los 700.000, según datos de Adicae. Solamente en Bankia, hay unas 100.000 personas cuyos ahorros se encuentran
actualmente retenidos. Pero la entidad líder en la comercialización de
preferentes fue La Caixa, con casi 5.000 millones de euros emitidos en esta
inversión.
Las entidades
rechazaron canjear las preferentes, a pesar de que muchas de ellas
recibieron miles de millones de euros del erario público. “Cuando vamos a preguntar,
nos dan largas. No nos ofrecen ninguna solución que nos convenza. En todas las
posibles alternativas somos nosotras las que salimos perdiendo”, añade
Rosa Ordóñez, una de las miles de personas afectadas. Ahora, según Alberto
Garzón, “los reguladores se limpian las manos
asegurando que hicieron lo que las leyes dictaban –revelando la insuficiencia
legislativa– y los directivos de las entidades financieras aseguran que no son
culpables. Usaron y engañaron a los pequeños ahorradores para satisfacer su
ambición especulativa y su infinita avaricia, pero las leyes les siguen protegiendo”.
De esta manera, las participaciones preferentes son
actualmente el ejemplo más cercano al corralito que sufrió Argentina en 2001, cuando las autoridades impusieron
severas limitaciones a la retirada de fondos del sistema bancario, lo cual
paralizó la economía. Estas medidas fueron las que acabaron provocando un
estallido social que convirtió en ingobernable el país (cinco presidentes
dimitieron en una semana) y obligaron a dar marcha atrás en el camino
emprendido.
Han surgido diversas plataformas de afectados por las
participaciones preferentes, y muchos de ellos han recurrido de manera
individual a la justicia. Sin embargo, un porcentaje importante de los
afectados se resiste a denunciar a las instituciones bancarias porque creen
que, si estas han conseguido engañarles, también podrían ganarles el juicio. Las
plataformas propusieron la puesta en marcha de una investigación para
determinar las posibles responsabilidades de las entidades financieras. Sin
embargo, el PP, con su mayoría parlamentaria, vetó esta posibilidad.
Adicae ha presentado numerosas demandas colectivas sobre la
comercialización de preferentes, y también ha
denunciado ante la CNMV a las 52 entidades
que emitieron este producto, instando al citado organismo a iniciar una
investigación exhaustiva. “Estas demandas van en contra de la comercialización
de las preferentes para demostrar que ha habido un fraude generalizado a todos
los cientos de miles de familias que han caído en manos de la usura y la rapiña
de la banca”, señala la plataforma de usuarios.
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| Foto: Adicae |
Actualmente, se
investigan en los tribunales miles de irregularidades en la
comercialización de este producto, como la venta a personas sin conocimientos
financieros, la existencia de cláusulas abusivas o la falsificación de firmas
en los contratos. La simple demostración de que muchos clientes no sabían lo
que contrataban debería bastar para invalidar los contratos y recuperar la
inversión, pero no parece que vaya a ser tan fácil. Eso sí, hasta ahora, la
mayoría de casos resueltos mediante esta fórmula han obligado a las entidades a
indemnizar a sus clientes con el 100% del capital invertido.
Ante la presión ciudadana, la mayoría de entidades han ido
ofreciendo el canje de sus
participaciones preferentes por otros productos como los depósitos a plazo
fijo o las acciones de la empresa. Estas ofertas de canje suponen un
reconocimiento explícito por parte de la banca a los abusos que han venido
realizando en los últimos años. Hasta el momento, se han intercambiado unos
11.000 millones de euros en estos títulos. En estos casos, las preferentes se
suelen reconocer al mismo precio al que fueron vendidas. Sin embargo, con estos
productos, que también dependen de los vaivenes de la Bolsa, los inversores tienen actualmente muchas posibilidades de
perder parte de su inversión.
En este sentido, al concretar el rescate
a nuestra banca, la Unión Europea impuso la obligación de que, en las entidades que han sido nacionalizadas, estos títulos se canjeen obligatoriamente a precio de
mercado (es decir, con pérdidas en la inversión inicial), más una
compensación opcional que no podrá exceder el 10% de su valor. "Los
titulares de preferentes de entidades rescatadas deberán contribuir a su
reestructuración con sus propios recursos", señaló el ministro De Guindos.
Y es que la UE ha decidido considerar a los afectados por este producto como
“inversores” y no como “ahorradores”, sin tener en cuenta la abusiva
comercialización del mismo.
Siguiendo esta indicación, Bankia ha ofrecido un canje en el
que las participaciones preferentes se intercambiarán obligatoriamente por
acciones con una pérdida de valor del 39% (de manera que se reconocen al 61% de
su precio original). Los clientes que no estén de acuerdo pueden acudir a un
proceso de arbitraje, según señala la entidad. Por su parte, el Banco de
Valencia (hoy integrado en Caixabank) ha
establecido un canje de preferentes al 10% del valor nominal, de manera que
los inversores perderán el 90% de su inversión. Y con el dinero que reciban,
estarán obligados a acudir a una ampliación de capital de la entidad, en la
cual este se convertirá en acciones de Caixabank. Así pues, los sufridos
clientes no sólo perderán gran parte de lo aportado, sino que deberán
participar, sin desearlo, en un proceso que aumentará el tamaño de la entidad y
que, por tanto, sólo le beneficiará a ella.
Otras compañías han ofrecido a sus clientes acudir al arbitraje de otra institución
para determinar el porcentaje de la inversión que podrán recuperar. Esta
solución es la que proponen también el Gobierno y los partidos mayoritarios, y
se aplicará en todas las entidades que han recibido ayudas públicas. Sin
embargo, el arbitraje no contenta del todo a los afectados, ya que cierra la
opción de recurrir judicialmente el caso. Además, no todos los inversores
podrán acudir a esta vía, ya que está pensada principalmente para los casos más
flagrantes. Por ello, las plataformas de afectados critican que el plan de los
grandes partidos no tiene en cuenta al
80% de los propietarios de participaciones preferentes.
Para iniciar un proceso de arbitraje, la entidad emisora
debe dar su consentimiento anteriormente. Aunque aún no ha sido autorizada por
la Unión Europea, esta solución es la que ya han acordado con sus clientes
algunas entidades, como NovaCaixa Galicia o Catalunya Bank. Bankia, por su
parte, iniciará un proceso de arbitraje cuando todos los títulos se hayan intercambiado
por acciones. En algunos casos ya se ha dado la razón a los clientes, obligando
a las entidades a devolverles el total de la inversión.
Es importante recordar que, mientras el escándalo de las
preferentes fue creciendo, el poder
político se mantuvo ausente. Durante años, los partidos mayoritarios (los
únicos que tienen en sus manos acabar con esta situación) han mirado para otro
lado a pesar de las numerosas evidencias de fraude. Sólo aparecieron en escena
cuando les obligó el clamor social generado en torno a esta enorme estafa.
Fue entonces cuando se iniciaron procesos de arbitraje público que fueron transferidos a los
organismos autónomos de consumo. Posteriormente, tras el rescate
bancario, la Unión Europea impuso la obligación de llevar a cabo quitas
(penalizaciones) en la cantidad que recibirían los afectados, salvo los que
acudan a los tribunales de justicia. Así, según indicó el ministro de Economía,
Luis De Guindos, los clientes que se sometan al arbitraje podrían recuperar hasta un 60% de la inversión que realizaron como
máximo. “En la mayor parte de los casos tendrán que aceptar canjes por
instrumentos computables como recursos propios de primera calidad, es decir,
por acciones nuevas de las entidades tras su saneamiento”, añadió De Guindos.
A finales de enero, PP y PSOE pactaron la creación de una
comisión parlamentaria que definirá los criterios que deberán cumplir los
clientes para que les sea devuelto todo el dinero invertido en las entidades
que han sido rescatadas por el Estado. Dicha comisión supervisará a partir de
ahora los procesos de arbitraje autonómico, y será la encargada de determinar
qué clientes fueron estafados al adquirir este producto. Está por ver lo lejos
que quiere llegar dicha comisión, que aún no se ha reunido por primera vez, en
este asunto.
Parece difícil que la solución ofrecida por los grandes
partidos satisfaga a los afectados. Mientras, Adicae
insiste en que “la única solución posible para los más de 700.000 afectados es
la devolución total de todos los ahorros defraudados por la comercialización
engañosa, ilegal e ilegítima de las participaciones preferentes”.
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