PP y PSOE han convertido en política de
Estado el apoyo al cultivo de organismos modificados
Sólo seis países europeos (España, República Checa,
Portugal, Rumanía, Polonia y Eslovaquia) permiten actualmente la siembra de
variedades transgénicas en su territorio. Sin embargo, nuestro país es el único
de ellos que las cultiva a gran escala, concentrando en torno al 80% de la producción del continente. “España también
puede presumir de dar cobijo al 42% de todos los cultivos experimentales que se
llevan a cabo en Europa”, añade
la organización Amigos de la Tierra. Además, somos uno de los grandes
importadores de soja y maíz modificados genéticamente, especies que acaban en
la cadena alimentaria de los seres humanos de manera directa o a través de piensos
y otros productos que son elaborados a partir de ellas.
Escudándose en la supuesta ausencia de riesgos para la salud
humana, los últimos gobiernos han otorgado un enorme poder a la industria
transgénica. Ello explica la gran expansión que estos cultivos están
experimentando en España. Pero, ¿a qué se debe este afán desmedido por la
agricultura transgénica? Es algo que resulta difícil comprender, más aún si se
tiene en cuenta que nuestro país cuenta con las condiciones idóneas para
convertirse en toda una potencia mundial de la alimentación ecológica. Eso es
precisamente lo que ha conseguido Andalucía en los últimos años, gracias a su
apuesta decidida en favor de la agricultura tradicional, un sector que apenas está
sufriendo la actual crisis económica.
La expansión de los transgénicos está creando problemas a cientos de agricultores por
todo el país. Muchos de ellos sufren enormes pérdidas económicas debido a la
contaminación de sus plantaciones tradicionales por parte de las modificadas.
El Ministerio de Medio Ambiente, que niega reiteradamente los efectos adversos
de la agricultura transgénica, ha tenido que reconocer
la existencia de estos hechos. En el caso del maíz, el cultivo transgénico más
extendido en nuestro país, esta contaminación está provocando la desaparición
de plantaciones ecológicas en aquellos lugares en los que se cultivan OGM, y
también dificulta la producción de piensos ecológicos en España. Además, los pocos
agricultores que siguen apostando por la variedad tradicional ven cómo, año
tras año, sus beneficios descienden debido a que los transgénicos están copando
cada vez un mayor porcentaje del mercado.
La normativa europea exige la creación de un registro
público con la localización exacta de las variedades transgénicas cultivadas,
además del mantenimiento de una distancia de seguridad (en España son 50
metros) que separe las plantaciones transgénicas de las tradicionales para
evitar la contaminación de estas a través del polen. Sin embargo, España nunca ha cumplido con la exigencia
de localizar las plantaciones transgénicas. Solamente informa de la
cantidad de hectáreas cultivadas en cada provincia, pero no de su ubicación.
Además, las cifras ofrecidas son las que las empresas facilitan a las
autoridades, que ni siquiera se molestan en corroborarlas. Greenpeace ha denunciado ante la Comisión Europea el
incumplimiento de la normativa comunitaria en este aspecto. "España es el único país de
la Unión Europea que permite el cultivo de variedades transgénicas a gran
escala y lo lleva haciendo desde 1998 sin ninguna transparencia", señala Luís Ferreirim, responsable de
la organización ecologista.
El Gobierno del PP pretende poner en marcha una regulación
para la coexistencia de cultivos transgénicos y ecológicos, de cuyo contenido
dependerá que se frene o se fomente la expansión de los OGM en nuestro país.
Esta regulación fue una promesa del anterior gobierno socialista, el cual no
fue capaz de llevarla a cabo debido a las presiones recibidas por ambas partes
en el conflicto.
La normativa comunitaria también obliga a que los alimentos
que contengan más de un 0.9% de sus ingredientes modificados genéticamente
deben llevar una etiqueta informativa. Sin embargo, en España no se etiquetan
alimentos como los huevos, la leche, carne o los derivados de la producción
ganadera alimentada con piensos transgénicos. De esta manera, muchos
consumidores ni siquiera pueden llegar a saber si los alimentos que compran
proceden de organismos modificados.
El Gobierno
transgénico
Una de las causas que explican la actual expansión de los
OMG es la incesante presión que las
autoridades nacionales reciben por parte de las compañías del sector
agrotecnológico y del Gobierno de EEUU, su principal defensor a nivel
internacional. En 2009, el entonces director general de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, Jesús Casas, reconocía
que las empresas como Monsanto “realizan una constante labor de lobby en el
Ministerio” y que los casos de contaminación provocados por los cultivos
transgénicos “son indignantes”.
A pesar del evidente apoyo que los gobiernos han brindado a
la industria biotecnológica, a EEUU la preocupa el creciente rechazo de la
sociedad hacia los transgénicos. Y es que la embajada estadounidense en nuestro
país cree que "si España cae, el resto de Europa le seguirá". La complicidad entre Washington y Madrid
en este aspecto es tal que, según los cables de Wikileaks publicados por El País, el ex secretario de Estado de
Medio Rural, Josep Puxeu, llegó
a pedir a la embajada de Estados
Unidos que “mantenga la presión” sobre la UE en favor de la agricultura
transgénica.
Pero posiblemente la razón principal de la expansión de este
tipo de agricultura en España se deba a la estrecha
relación existente entre el poder político y las compañías del sector
biotecnológico. Tal como denuncian diversas organizaciones ecologistas, la
Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), organismo encargado de verificar la
idoneidad de los cultivos transgénicos en España, está formada en su mayoría
por fervientes defensores de este tipo de agricultura. Diversos agentes
sociales han denunciado públicamente la falta de legitimidad de la CNB en este
sentido debido a la estrecha relación entre sus miembros y la industria
transgénica.
“Durante años, altos cargos, funcionarios y científicos del Gobierno
han mantenido relaciones demasiado estrechas con la industria de los
transgénicos, a la que tienen que regular y supervisar, lo que nos ha llevado a
la actual situación. Por ética democrática hay que regular estas conductas de
forma urgente, estableciendo estrictos códigos de conducta y regímenes de
incompatibilidad”. David Sánchez,
responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra.
Sin lugar a dudas, el de Rodríguez Zapatero merece ser considerado como el Gobierno más transgénico que ha
tenido España hasta el momento. El ejecutivo socialista no sólo permitió un
aumento notable en este tipo de cultivos en el país, sino que también se destacó como un
fanático defensor de los mismos en los debates
nacionales e internacionales.
Durante su mandato, el ministerio de Ciencia e Innovación estuvo ocupado por
firmes partidarios de la agricultura transgénica. Como Cristina Garmendia,
quien antes de ocupar este cargo dirigía la Asociación Española de
Bioempresas (ASEBIO), además de ser accionista de la compañía Genetrix. Hasta
Rosa Aguilar, que en el pasado se había mostrado contraria a la agricultura
modificada, cambió
su discurso nada más aterrizar en el Ministerio.
Por su parte, el
actual Gobierno del Partido Popular ha continuado la senda de sus
predecesores, destacándose como uno de los mayores partidarios de la industria
transgénica en el mundo. Así, el ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Miguel
Arias Cañete, ha llegado a afirmar
que “el maíz transgénico es una opción más respetuosa con el medio ambiente que
el maíz convencional”. El ministro también se
muestra favorable a que "el bloqueo de facto de la UE [respecto a
la aprobación de nuevas variedades transgénicas] termine cuanto antes".
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Desde hace varios años, nuestro país destina a la
investigación biotecnológica un
presupuesto muy superior al que recibe la agricultura tradicional. Según
Amigos de la Tierra, este descarado respaldo a la industria transgénica “no se
justifica si consideramos que la agricultura
ecológica genera 25 veces más empleo y ocupa 16 veces más superficie en
España”. ¿No sería mejor y más barato apostar desde el Estado por extender y
apoyar un sistema de producción más sano, que no afecta al medio ambiente y que
permite una mayor creación de empleo?
Sin embargo, y más precisamente en la actual situación de
crisis económica, el poder político demuestra que su verdadera intención no es
mejorar el bienestar de la población. “Con una tasa de paro tan elevada y una
situación de completo abandono del medio rural, el Gobierno tiene que apostar
por modelos de agricultura que generen empleo y tejido social en el campo,
además de responder a la demanda social de alimentos sanos y de calidad, y
modelos de agricultura que respeten el medio ambiente” afirma
David Sánchez, representante de la organización Amigos de la Tierra.
Numerosos expertos, colectivos profesionales agrarios, grupos
ecologistas y otros agentes sociales han pedido a los gobiernos la prohibición
del cultivo de organismos modificados, instándole, además, a apostar por la
agricultura ecológica. Muchos de ellos han suscrito la declaración Democracia,
precaución y medio ambiente, donde
se cuestionan las supuestas mejoras que la industria atribuye a los
transgénicos y se destaca que sus impactos sobre el medio ambiente cada vez
están más documentados, concluyendo que su uso "sólo beneficia a las
multinacionales que los desarrollan y comercializan". Además, Greenpeace
ha editado la Guía
Verde y la Guía Roja, donde se detallan los
productos libres de organismos transgénicos y los que contienen algún
componente modificado.
Asimismo, cinco comunidades autónomas (Asturias, Baleares,
Canarias, Galicia y País Vasco), varias comarcas al completo y unas 150
localidades se han declarado “zona libre de
transgénicos”. Andalucía también formará
parte próximamente de los lugares que prohíben el cultivo e
importación de organismos modificados en su territorio. Precisamente, esta
comunidad representa
más del 50% de la producción ecológica nacional, a pesar de ocupar solamente el
18% del territorio del país.
