Con la ayuda de la Unión Europea, los
especuladores han empujado al Gobierno a solicitar un crédito multimillonario
para sanear la banca. Las condiciones del préstamo continuarán hundiendo la
economía y, posiblemente, obliguen a la petición de un rescate total o parcial
del Estado.
- El colapso económico español (1). De repente, somos pobres
- El colapso económico español (2). Los "recortes" tienen finalidad ideológica
- El colapso económico español (3). ¿Excesivo gasto?
- El colapso económico español (4). El ataque de “los mercados”
- El colapso económico español (6). ¿Rescatar al país?
- El colapso económico español (7). Un futuro incierto
- El colapso económico español (y 8). Conclusiones finales
Como ya se destacó en otro artículo de este blog, el sistema bancario español se encuentra prácticamente descapitalizado. Debido a las enormes deudas que contrajeron mientras inflaban la burbuja inmobiliaria, los bancos han restringido notablemente el crédito a las empresas y las familias, a pesar de que reciben dinero procedente del BCE al 0,75% de interés. La rebaja de los tipos de interés realizada en julio por parte del BCE permitirá a la banca española ahorrarse unos 700 millones de euros al año, pero no ayudará a resolver las dificultades que tienen los empresarios para conseguir un crédito. Mientras, las entidades financieras siguen contabilizando las viviendas en su poder al precio artificial que impusieron para aumentar los beneficios, y esta es la principal causa de los ataques especulativos que recibe nuestra economía. Ante esta situación, la Unión Europea insistió al Gobierno en la necesidad de un rescate bancario. Y, mientras este se debatía en los parlamentos de varios países europeos, el gobierno español negaba que fuera a producirse.
A pesar de los más de 100.000 millones
que el Estado inyectó en los bancos al inicio de la crisis, la mayoría de los
inversores apuestan a que el agujero económico de sus balances es mucho mayor
al declarado. Además, está a punto de ponerse en marcha un “banco
malo”, que no es otra cosa que una entidad con participación pública que
recomprará a las entidades privadas los productos financieros más inseguros, es
decir, las viviendas, el suelo y los créditos inmobiliarios cuyo cobro resulta
más complicado. Esto es a lo que se denomina “activos tóxicos” en el lenguaje
financiero.
De esta manera, los bancos se desprenderán
de una pesada carga en sus balances y
los ciudadanos asumiremos parte de unas pérdidas más que probables, debido
a la diferencia entre el precio de la futura venta de dichos activos y el que
los bancos le pusieron durante el boom inmobiliario. “En teoría, dentro de algunos años,
los precios de las viviendas volverán a subir y el “banco malo” podrá recuperar
el dinero. Mientras tanto, esta operación consiste en rescatar a los bancos con
dinero público”, destaca Alberto
Sicilia. Desde el gobierno se nos dice que, una vez que las entidades
financieras se desprendan de estos activos, el crédito volverá a fluir en la
economía. Algo que no es cierto, porque algunas de ellas apenas cuentan con
activos inmobiliarios “tóxicos” y también han decidido restringir los préstamos
para pagar las deudas contraídas en el exterior.
“Los bancos
han obtenido los beneficios más elevados de toda nuestra economía pero los han
obtenido arruinando a miles de empresas, destruyendo millones de empleos y
facilitando el fraude fiscal y la corrupción política. Ahora, su situación se
hace insostenible y tratan de que la paguemos los demás”. Juan
Torres
De la cantidad total solicitada a Bruselas,
el sistema bancario necesitará, supuestamente, algo más de la mitad para estar
saneado, según el resultado
de la auditoría realizada por la consultora norteamericana Oliver Wyman,
que concluyó que la banca española
requiere 53.745 millones en el peor de los escenarios posibles. Por este
motivo, el Gobierno estima la posibilidad de pedir sólo 40.000 millones,
contando con que las entidades consigan captar el resto de fondos mediante
otras vías ajenas a la ayuda estatal.
Sin embargo, poco después de la
publicación de dicha auditoría, comenzaron las
dudas acerca de las cifras ofrecidas. La agencia Moody´s estima que las
necesidades de capital de la banca española se encuentran entre los 70.000 y
los 105.000 millones de euros. El economista Juan Torres ha explicado
exhaustivamente los errores e incongruencias del test realizado a la banca, y
concluye que las cuentas de dicho estudio “están trucadas”, ya que
se ha tenido en cuenta un escenario bastante más favorable al que las entidades
están sometidas en la actualidad. “[Los
mandatarios] tienen previsto darle a los banqueros lo
que haga falta para salvarlos y ya han decidido que el dinero lo pongamos la
gente normal y corriente. Y punto. Si hace falta inventarse continuamente
números, informes y mil excusas, se inventan”, señala Torres.
Sea como fuere, el crédito europeo irá
dirigido a pagar las deudas que nuestros bancos tienen con otras entidades
europeas. Estas últimas serán las verdaderamente rescatadas en esta operación. Aunque
la banca será quien pague los préstamos en última instancia, hay que dejar
claro que el rescate se concede al
Estado, y que deberá ser éste quien responda ante las autoridades europeas.
Si los bancos no pagan, seremos nosotros quienes lo hagamos. “No son los bancos
quienes piden el dinero prestado a Europa, se comprometen a devolverlo y pagan
los intereses. Es España, a través de una entidad pública: el FROB. La mayoría
de los bancos no recibirán préstamos desde el FROB –no los podrían devolver–,
sino inyecciones de capital”, destaca Ignacio Escolar. Esperando la llegada del primer tramo del préstamo en
noviembre, el gobierno se ha adelantado para inyectar 4.500 millones de euros
más en Bankia, una compañía que se mantiene a flote gracias a la intervención
estatal, y también va a aportar otros
400 millones a diversas entidades nacionalizadas tras la crisis del
ladrillo.
“Un banco manda a la calle por desahucio a miles de
familias. Ese mismo banco pierde miles de millones de euros, y ahora, esas mismas
familias, con sus impuestos, tendrán que pagar la estafa”. Álex de la Iglesia
Diversos autores han destacado que este
rescate no solucionará ninguno de los problemas que sufre actualmente la
economía española, ya que las entidades financieras prefieren sanear sus
balances a costa de especular con la deuda pública en lugar de prestar. Como destaca
Juan Torres, “los bancos que ahora dan
préstamos al 10% o al 12% a empresas productivas, o que cobran tipos de
hasta el 31% para el crédito asociado a tarjetas o a exceso de límites, tienen
a su disposición en el Banco Central Europeo todo el dinero que quieran al
0,75%”. “El rescate es, en realidad, un incentivo perverso para que los
banqueros sigan actuando irresponsablemente: cuando caigan los levantará el
Papá Estado al que tanto critican cuando a los que ayuda son los de abajo”, añade.
El
crédito hará subir la deuda pública un 10%, y los
intereses del mismo computarán como un aumento del déficit público (en un 3%),
lo cual seguirá complicando la financiación del Estado y las empresas, además
de servir como excusa a la UE para solicitar más recortes. Mariano Rajoy había
negado que este préstamo fuera a aumentar la deuda y el déficit público. Posteriormente,
la presión de los mandatarios de Francia, España e Italia hizo
ceder a Angela Merkel, que aceptó la recapitalización
directa de los bancos por parte del fondo de rescate europeo, de manera que
este préstamo dejaría de computar como deuda pública cuando dicho acuerdo entre
en vigor, fecha que se desconoce. Sin embargo, la opción de que el Estado deje
de cargar con el rescate en su deuda pública “sólo será posible en el futuro”,
según impuso
la canciller alemana en la última cumbre europea. Así, el Estado seguirá
cargando con un préstamo que aparecerá en sus cuentas.
También
intentan convencernos de que esta ayuda no obligará a la adopción de nuevas
medidas de ajuste. Tras el acuerdo de
recapitalización directa de la banca, Mariano Rajoy negó la existencia de
condiciones en la política económica por parte de la Unión Europea. “No hay condiciones macroeconómicas”,
declaró el presidente del gobierno. El ministro De Guindos también insistió
en este sentido, al señalar que “las condiciones se les imponen a los bancos,
no a la sociedad española, no en el ámbito fiscal, ni macroeconómico, ni
supondrá ajustes estructurales”, añadía De Guindos al anunciar el acuerdo con
Bruselas. “No habrá ningún tipo de condiciones macroeconómicas o fiscales”, afirmó
también. “España financia a la banca sin condiciones para España”, titulaba
la portada de ABC el 10 de junio.
“El proyecto
reformista de Rajoy, en sólo seis meses de gestión de gobierno, ha sido capaz
de enderezar un rumbo gestado por el anterior Gobierno socialista que nos
abocaba al precipicio del rescate y aportar la suficiente solvencia para
demostrar a Bruselas que ni somos Grecia ni nuestra economía necesita ser
intervenida, ni existirá más supervisión que la que afecte a la propia banca”. Editorial del
10 de junio en el diario La Razón.
La Unión Europea no tardó mucho en
desmentir la ausencia de condiciones y asegurar que vigilará la adopción de las
medidas reclamadas. “Revisaremos de cerca y regularmente los progresos en estas
áreas, en paralelo con la asistencia financiera”, indicaba el comunicado del
Eurogrupo. Para asegurarse de que las “reformas” se llevan a cabo, el dinero
será entregado a plazos, igual que en el resto de rescates. El presidente del
BCE, Mario Draghi, también llevó la contraria a Rajoy al declarar
que las condiciones del saneamiento bancario y la compra de deuda de los países
en apuros implicarán irán “acompañadas
de una condicionalidad estricta”. Además, en el
texto del acuerdo alcanzado con la UE se subraya que la ayuda al sector
financiero incluirá “la condicionalidad adecuada”, bien únicamente a los bancos
“o a escala de toda la economía”.
Las
consecuencias
Aunque las condiciones no serán tan duras
como las que sufren Portugal, Irlanda y Grecia, se trata de un rescate en toda
regla. El dinero que se reciba irá destinado a
tapar el enorme agujero de pérdidas y no a que los bancos presten, como había
afirmado De Guindos: “ayudará a las familias”. “Servirá para que vuelva a
fluir el crédito, para que crezca la economía y se cree empleo”, añadió el
ministro. “Hoy,
las ayudas públicas al sector bancario español han alcanzado el nivel del 10%
del PIB sin que con ello se haya resuelto el problema del crédito. Si a ello se
añaden los 100.000 millones del rescate bancario, resulta que tal cifra ha
doblado este porcentaje, alcanzando más del 20% del PIB, sin que ello haya
facilitado o facilite en el futuro la provisión del crédito”, destaca Vicenç Navarro.
Tras haber señalado por activa y por
pasiva que el rescate no conllevará condiciones para la política económica, el
presidente Rajoy declaró
posteriormente que su gobierno tomará próximamente
medidas “difíciles”, reconociendo implícitamente que nos mentía cuando afirmaba
lo contrario. El caso es que, a cambio del rescate de nuestra banca, Bruselas está aumentando la presión para
que el gobierno acometa las reformas que tanto reclama Alemania: elevar el IVA,
establecer un copago sanitario, rebajar el sueldo de los funcionaros, recortar
las pensiones y reducir las prestaciones por desempleo (menos beneficiarios y
menos dinero para ellos).
Algunas de estas medidas ya fueron
anunciadas dentro del ajuste de
65.000 millones de euros que el gobierno llevará a cabo hasta 2014. El
resto se irán aplicando próximamente y suponen una condición previa para el
segundo rescate, el del Estado, que seguramente llegará pronto. “Además de estos
cuatro duros recortes que se barajan, prepárense también para la pedrea: tasas,
copagos, peajes, privatizaciones”, vaticinaba
entonces Ignacio Escolar. Y es que, ante la presión recibida en la cumbre
del Eurogrupo en Chipre, el ministro Luis de Guindos adelantó
que el gobierno implementará próximamente “un nuevo plan nacional de reformas”.
En este puede que se incluyan otras medidas que Bruselas,
los
ministros de Economía europeos y el
FMI llevan tiempo solicitando, como el aumento de las tasas en Educación,
el despido de empleados públicos o la paralización de proyectos de
infraestructura. Así, el ejecutivo lleva meses recibiendo indicaciones para reducir
todos los gastos públicos y destinar
la mayor parte posible del presupuesto al pago de la deuda, olvidando el
bienestar de la población.
Los recortes en servicios públicos como
la sanidad o las pensiones tienen como objetivo desincentivar su uso y
favorecer la gestión privada de los mismos, lo cual impide el acceso de la
población más vulnerable y necesitada. Mientras, el golpe a los funcionarios
podría llegar aún más lejos, ya que el ejecutivo
está estudiando cómo reducir
el sueldo de los empleados públicos e, incluso, se ha planteado la
posibilidad de despedir
a algunos de ellos.
La reforma laboral aprobada por el
gobierno popular ya abrió el camino para los despidos colectivos en la Administración, y el ejecutivo acaba
de poner en marcha un mecanismo para reducir el “personal laboral
contratado” y los trabajadores de las empresas públicas, que suman unos 840.000
trabajadores, casi un tercio del total de asalariados a cargo del Estado. Para
ello, sólo es necesario que las administraciones o empresas públicas acrediten
“insuficiencia presupuestaria”, es decir, una reducción de, al menos, el 5% de
sus recursos económicos durante un año o del 7% en los dos últimos ejercicios.
Unos requisitos que ya cumplen gran parte de los organismos público. Además, según
Libertad Digital, el gobierno del PP pretende reducir el peso del sector
público en el PIB desde el 43,6% actual al 35%. Este recorte de plantilla
podría afectar a unas 300.000 personas, entre las que se incluyen los
trabajadores de las empresas públicas, los interinos y el resto de trabajadores
de la Administración. Un enorme ajuste del que sólo se librarían los
funcionarios que accedieron a su puesto mediante oposición.
Asimismo, en próximas fechas nos esperan
subidas en el precio del gas, el agua, los impuestos especiales, etc. El
gobierno ha permitido también, por enésima vez, que las compañías eléctricas
incrementen el precio de sus tarifas. Entre 2006 y 2011, esta permisividad
provocó que el
recibo de la luz se encareciera en un 70%, mientras los sueldos se
mantenían inmóviles. Como consecuencia, tenemos un precio superior al de la
media europea: 0.15 euros por kilovatio frente a 0.12. En opinión de Josep
Manuel Novoa, tenemos la electricidad más cara de Europa
y también del mundo, “excepto Chipre y Malta que no son puntos de
referencia”, a pesar de la enorme diferencia salarial con muchos países del
mundo desarrollado.
Además, nuestro Estado es el único que
mantiene con las empresas de electricidad una deuda que no hace más que crecer:
supera los 24.000 millones de euros y puede incrementarse durante este año en
otros 5.000 millones. Dicha deuda se debe al llamado déficit tarifario, que es la diferencia entre el precio que pagamos
y al que las empresas dicen que les cuesta producir la energía. “No
hace falta ser un experto o un lumbreras para deducir que si la tarifa española
es la más cara de Europa y a la vez del mundo y lo que pagan los consumidores
no llega a cubrir el coste en un desfase de miles de millones. Algo falla. No obstante, las compañías eléctricas
tienen esplendorosos beneficios”, destaca Novoa.
Este autor también critica en otros
artículos cómo nuestros gobernantes han permitido en las últimas décadas
que las compañías incrementen continuamente los precios mediante numerosos
conceptos que enmascaran un enorme robo a la ciudadanía. “Se
ha llegado a inflar el globo de las tarifas, al repercutir una y otra vez
costes por distintos e imaginarios conceptos con variopintos nombres,
acompañados de leyes que los legitimaban como saneamiento, moratoria, parón
nuclear, protocolo (…)”, señala Josep Manuel Novoa.
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