Ante la
imposibilidad del Estado para atajar el déficit, la Unión Europea nos obliga a
tomar medidas cada vez más dramáticas y desacertadas. ¿Cuándo y dónde acabará
esta pesadilla?
- El colapso económico español (1). De repente, somos pobres
- El colapso económico español (2). Los "recortes" tienen finalidad ideológica
- El colapso económico español (3). ¿Excesivo gasto?
- El colapso económico español (4). El ataque de “los mercados”
- El colapso económico español (5). Sobre el rescate bancario
- El colapso económico español (7). Un futuro incierto
- El colapso económico español (y 8). Conclusiones finales
España se encuentra al borde del precipicio.
Día tras día, nuestra situación se complica a causa de la presión de “los
mercados”, auspiciados por la Unión Europea. La negativa del BCE a facilitar préstamos
en condiciones favorables a los Estados, en lugar de a los bancos como ocurre
actualmente, nos coloca en la difícil tesitura de aceptar una quiebra artificial
provocada por los inversores o recibir un rescate en condiciones leoninas. La prima de riesgo ha llegado a duplicarse
desde que Rajoy asumió como presidente,
a pesar de que desde su partido se llegó a acusar al expresidente Zapatero de
ser el culpable de que esta no bajara. “La prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero”, afirmó la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría.
Lo cierto es que los mercados financieros ya no se contentan con aumentar las
ganancias a nuestra costa, sino que han decidido hundirnos definitivamente. Los
problemas del Estado y las autonomías para financiarse en “los mercados” o,
mejor dicho, la especulación de estos para hacer subir los intereses de los
préstamos, están conduciendo lentamente
a España al rescate completo. Se trata de una opción disparatada, que haría
tambalearse la unión monetaria europea, pero que cuenta con bastantes
posibilidades. De hecho, en el gobierno ya empiezan
a asumir que “todo está dictado y no hay otra solución”, según publica
Libertad Digital.
Presionado por Europa, el ejecutivo
impuso a las Comunidades Autónomas un objetivo de déficit del 1.5%, el cual
sabía que no pueden alcanzar en un solo año. Según algunos estudios, resulta
imposible que cumplan con este criterio en 2012. Además, los “mercados” han
cerrado a las comunidades el grifo de la financiación. “El mercado financiero se ha cerrado para las autonomías”, confirmó
el ministro De Guindos. O, al menos, “para alguna de ellas”, añadió. De manera
que las comunidades sólo cuentan con el Estado como fuente de financiación. Y
es que los bancos prefieren invertir en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA),
que cuenta con la garantía del Estado, en lugar de financiar directamente a las
autonomías. De esta manera, si estas quieren dinero tienen que pedir la ayuda
del Estado. Así, entre unos y otros han conseguido ahogar a las autonomías, las
cuales se están viendo obligadas a recortar por todos lados y solicitar la
ayuda del Gobierno.
Ya
son nueve las Comunidades Autónomas que han pedido la ayuda del fondo de
liquidez creado por el Estado para hacer frente a
sus necesidades económicas: Cataluña, que solicitó
un rescate de 5.023 millones de euros; la Comunidad Valenciana, que reclamará
próximamente otros 4.500 millones; Murcia; Castilla
la Mancha; Andalucía, que afirma
necesitar 4.906 millones y que ya pidió
otros 1.000 como adelanto de los impuestos que se recaudan en su territorio; Canarias;
Asturias; Baleares; y Cantabria.
Es posible que detrás de estas comunidades vengan otras pidiendo la ayuda del
Estado debido a la asfixia económica a la que están siendo sometidas.
De esta manera, y a falta de que algunas
autonomías cuantifiquen sus necesidades económicas, ya se encuentra comprometido el 82% de los 18.000 millones de euros que
el Estado ha puesto a disposición de las autonomías. Madrid, Galicia y La
Rioja son las únicas que afirman no necesitar el apoyo estatal. Las comunidades
que accedan al fondo de liquidez deberán comprometerse a cumplir “estrictas
condiciones presupuestarias”, según señala la Comisión Europea. El ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha anunciado
que el Fondo de Liquidez Autonómico será prorrogado para el próximo año.
Por otra parte, según publica El Confidencial, el Gobierno acaba de “colar” en el presupuesto de 2012 un crédito de 60.000 millones de euros para dotar de liquidez a los bancos a través del FROB. Todo ello porque el ejecutivo sigue esperando la llegada del primer tramo del rescate bancario, del que se sigue sin saber nada a pesar de que el pacto con la Unión Europea contemplaba que el dinero comenzaría a llegar en noviembre de 2012. Además, Alemania sigue sin aceptar la recapitalización directa de la banca, de manera que el Estado seguirá cargando en sus cuentas con este rescate. Lo que sí vamos sabiendo ya es la cantidad aproximada que recibirá de Europa la banca española para sanearse: entre 40.000 y 42.500 millones de euros, de los cuales 37.000 se destinarán a recapitalizar las entidades que han sido nacionalizadas (Bankia, Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia) y el resto a poner en marcha en ´banco malo´ y reflotar otras entidades que no han sido nacionalizadas.
El
enorme crecimiento de la deuda pública
El estallido
de la burbuja inmobiliaria provocó un inmenso agujero financiero en los
bancos, que fue posteriormente transferido al Estado en un nuevo ejercicio de
conversión de deuda privada en pública, muy típico del sistema en que vivimos. Posteriormente
vino el
rescate a la banca, cargado sobre las espaldas del Estado, es decir, de los
ciudadanos. “No se trata realmente de un rescate al sistema financiero español
sino de un rescate al sistema financiero alemán y francés”, agrega en este
sentido Alberto
Garzón.
“En realidad, los famosos 100.000 millones de
euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos”
era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los
bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del
gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y
privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar”. Vicenç
Navarro.
Así, a costa de cubrir y avalar deudas
bancarias, la deuda nacional lleva desde 2008 subiendo como la espuma. Ha
influido también de manera determinante la negativa del BCE a intervenir en
“los mercados” y su entrega de dinero barato para lo que los bancos especulen
con nuestra deuda, haciendo subir los intereses de los préstamos que toma el
Estado y obligándolo a endeudarse aún más para pagar los anteriores,
en un círculo vicioso que no se detiene. Por este
motivo, durante 2013, el Tesoro tendrá
que vender títulos de deuda pública por valor de 207.000 millones de
euros para cuadrar las cuentas y afrontar vencimientos de deuda. “Si sumamos intereses y
capital reembolsados últimamente, vemos que entre
2000 y 2010, el Estado español ha reembolsado más de 3 veces lo que debía en
2000, y sigue debiendo casi el doble”,
señalan
Julien Yves y Jérôme Duval.
El
ataque de “los mercados”
ha incrementado en un 80% los intereses
de la deuda pública desde 2007. Este encarecimiento de los préstamos que
toma el Estado, junto con la cobertura de deudas bancarias, ha generado un
enorme déficit en las cuentas públicas que superó los 350.000 millones de euros
entre 2008 y 2011, y que se incrementará en otros 60.000 al final del año. Para
cubrir estas pérdidas, se ha recurrido a carísimos préstamos, algunos de ellos
concedidos por los mismos bancos a los que el Estado rescató. Y es que las entidades españolas poseen el 40% de la
deuda pública, mientras que “Alemania tiene 200.000 millones de euros” en
este tipo de inversiones, añade Vicenç
Navarro. Según un estudio
elaborado por el economista y parlamentario de Izquierda Unida Alberto Garzón, si España hubiese recibido préstamos a
bajos intereses, la deuda pública no superaría actualmente el 14% del PIB.
En
España, la deuda total alcanza los 4 billones de euros. Algunos economistas ya han advertido de que resulta imposible
pagarla. Más de la mitad corresponde a empresas y familias, mientras que 1.4 billones son de los bancos y casi otro billón
lo adeuda el Estado. Pero el
principal problema lo constituye la deuda privada, correspondiente a las
empresas y familias, que supera el 200% del PIB. Desde 2003, la mitad de la
deuda contraída corresponde a 28 empresas del Ibex 35, es decir, las más
grandes del país.
El poder político y
mediático está aprovechando el incremento de la deuda para transmitir la falsa
idea de que este se debe al despilfarro público y a que “hemos vivido por
encima de nuestras posibilidades”. Para justificar este argumento, se utilizan
ejemplos de proyectos que suponen un despilfarro ineficiente, como aeropuertos
que apenas reciben pasajeros, o subvenciones ensombrecidas por la corrupción. Sin
embargo, como se ha venido mostrando en esta serie de artículos, gran parte del
aumento de la deuda se debe a la cobertura y aval de las deudas bancarias y nuestro país nunca ha gastado más de lo que le corresponde según su nivel de
desarrollo, y menos aún en cuanto
al gasto social, pues somos un país socialmente subdesarrollado en este sentido.
Los
verdaderos rescatados
Pero, a pesar del
vertiginoso aumento de la deuda pública, seguimos
debiendo menos que la mayoría de nuestros vecinos europeos. Países como
Italia, Alemania, Bélgica o Francia deben más que nosotros. Según Juan
Torres, el volumen de nuestra deuda pública, aún a pesar de su gran
magnitud, no justifica “por sí mismo la presión de los mercados”. ¿Por qué entonces no sufren otros países la coacción
de los inversores? Pues porque estos no son un ente objetivo y
neutral, sino que actúan de manera arbitraria y han decidido atacarnos a
nosotros.
Por este motivo, ha llegado a hablarse de la posibilidad de un “rescate” al país en
su conjunto por parte de la Unión Europea y el FMI. Esta medida podría ser provocada de manera artificial a causa
de la presión que los mercados están ejerciendo en nuestra contra, destaca Torres. “El ´rescate´
de España, de llevarse a cabo, sería claramente el resultado de una inducción y
no de una circunstancia de insolvencia objetiva o estructural de la economía
española”. “Atacar a países del sur fue la fórmula del Gobierno y bancos
alemanes para recuperar las pérdidas de sus bancos ludópatas”, añaden
Manuel Ballbé y Yaiza Cabedo, catedrático de Derecho y abogada,
respectivamente.
“Cuando la
acumulación de deuda a la que no se puede hacer frente es muy grande, los acreedores son los primeros interesados
en que se produzca el “rescate” del país pues de esa manera se aseguran su
reintegro, señala Torres. “Y suelen ser ellos los que lo promueven”, agrega. Así, los verdaderamente
rescatados en caso de llevarse a cabo esta medida serían los bancos españoles,
franceses y alemanes principalmente. El dinero del supuesto “rescate” iría
a parar a manos de estos, impacientes por cobrar cuanto antes, mientras que la
nueva deuda sería cargada sobre los hombros de la población.
Asimismo, el rescate obligaría a España a adoptar las medidas demandadas por los
prestamistas, que irían encaminadas hacia la reducción del gasto social, la
privatización de empresas y organismos públicos y una mayor liberalización de
la actividad económica para dotar de más poder a las grandes empresas y
fortunas, etc. Es decir, el mismo decálogo neoliberal que las instituciones
internacionales llevan décadas aplicando por todo el mundo con pésimos
resultados, sobre todo para las clases populares. “La
inmensa mayoría de trabajos científicos creíbles muestran el profundo error de
tales políticas”, advierte Vicenç
Navarro. “En realidad, tales políticas de austeridad han sido las
responsables de que se vaya cayendo más y más en esta Gran Recesión”, añade.
Además, hay que destacar que una parte de la deuda es ilegítima y,
por tanto, resulta inmoral reclamar su pago a los ciudadanos que no han tenido
responsabilidad en su asunción. En primer lugar, porque el Estado no tiene debería
asumir deudas privadas. Además, gran parte del aumento de la deuda en los
últimos años se debe a la presión artificial ejercida en Bolsa por nuestros
acreedores y otros inversores para aumentar los intereses de los préstamos
otorgados al Estado. Y también se debería tener en cuenta la irresponsabilidad
de nuestros gobernantes en el irrefrenable endeudamiento de nuestra economía. El Vicepresidente del Consejo consultivo de Derechos Humanos de la
ONU, Jean Ziegler, ha
recomendado que España debería “negarse a pagar la deuda”, al considerarla
“odiosa e ilegítima”.
Se reúnen varios de los factores que permiten
considerar como odiosa una parte de la
deuda que hoy se reclama al Estado. Esta teoría jurídica, acuñada por
Estados Unidos en el siglo XIX, ha permitido a varios países librarse de deudas
contraídas por sus gobernantes sin tener en cuenta el beneficio de la
población. Nuestro país debería poner en
marcha una auditoría que determine las deudas ilícitas para repudiar su
pago. Pero ese es el camino contrario al que nuestros gobernantes han adoptado
desde el inicio de la crisis.
“Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal,
donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal
quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores
financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de Tribunal
de Núremberg”. Jean
Ziegler, vicepresidente de la ONU
Mientras
tanto, el rescate lleva meses gestándose, y la
posibilidad de que llegue a producirse dependerá de la presión que ejerzan “los
mercados” y de la actitud que adopte la UE al respecto. Algunas fuentes apuntan que el rescate
ya ha sido pactado, y que será anunciado
cuando autorice Alemania. Incluso, las condiciones del mismo podrían estar ya acordadas. Pero el
gobierno se resiste a solicitar esta ayuda financiera porque sabe que ello le
obligará a realizar nuevos recortes, lo cual enfadaría aún más a la población a
la vez que continuaría hundiéndonos. Quienes sí están
interesados en que se haga efectivo el rescate cuanto antes, al margen de los
acreedores, son los bancos y grandes empresas españolas, que presionan al
ejecutivo debido a que en la situación actual tienen que financiarse a
intereses muy altos.
A la espera de una intervención
salvadora por parte del BCE –mediante la compra de deuda pública-, el ejecutivo
marea la perdiz e intenta convencer a los socios europeos para que no impongan
nuevas condiciones en nuestra política económica. Mientras tanto, España
continúa a merced de los especuladores bursátiles con la connivencia de la
Unión Europea.
Sin embargo, para que se lleve a cabo un
rescate al país, sería necesaria una cantidad enorme de dinero (superior a los
500.000 millones de euros) que los socios europeos no pueden reunir
actualmente. Y si pudieran, sería a costa de aumentar enormemente su
endeudamiento. De manera que el rescate
cuenta con pocas posibilidades, ya que su puesta en marcha haría
tambalearse la unión monetaria y obligaría a una intervención salvadora del
BCE. Según Luc Coene, consejero de
este organismo, la posibilidad de un rescate a España es cada vez “más y más
pequeña”. Muchos inversores lo saben, y por eso han relajado su ataque contra
la deuda pública española: la prima de riesgo lleva por debajo de los 400
puntos desde septiembre.
A pesar de ello, “los mercados” y numerosos
medios de comunicación siguen especulando con la posibilidad de un rescate inminente a España, convirtiendo a
nuestra situación económica en el centro de atención de las reuniones de la
Unión Europea y de las portadas de la prensa internacional. Mientras, el Gobierno realiza declaraciones
contradictorias: un día da a entender que el rescate será inminente y al
siguiente insinúa que no será necesario. "Hasta
el momento no lo hemos considerado necesario y no lo haremos. Es posible que
nos parezca oportuno hacerlo más adelante", señaló
Rajoy recientemente. El presidente del
Gobierno confía en que Angela Merkel puede hacer mucho para calmar a “los
mercados”. No en vano, la banca alemana
posee actualmente casi el 20% de nuestra deuda pública.
Por su parte, la UE trata de evitar el rescate porque sabe que, tras España, tendría que rescatar a Italia, con una deuda
superior. Angela Merkel tampoco quiere que España sea
rescatada, ya que le obligaría a dar cuenta del gasto que supondría para
Alemania y se acercan las elecciones germanas. Sin embargo, la tregua de
“los mercados” podría acabar en cualquier momento y desatarse una nueva
furia especuladora contra nuestra deuda pública. Cualquier suceso o rumor puede
alimentar un nuevo ataque y colocarnos al borde del abismo. Así, el anuncio de
la renuncia del ex primer ministro italiano, Mario Monti, hizo subir la prima
de riesgo unos 20 puntos.
Nuestra economía está totalmente manejada desde Bruselas. Sin embargo, el BCE tiene en su mano aliviar la presión de los mercados
sobre nuestra deuda pública y se niega a hacerlo. A
principios de septiembre, este organismo exigió a España e Italia que soliciten
el rescate si quieren que este compre sus bonos, y advirtió de la “estricta
condicionalidad” que acompañaría su intervención. Los socios europeos han dado un año más de margen (hasta 2014) al Gobierno para reducir el déficit del Estado al
3% del PIB. A cambio, imponen condiciones: la obligación de realizar despidos
en las entidades bancarias y la no revalorización de las pensiones son fruto de
la presión europea.
También habrá que cumplir con las 32 condiciones impuestas en el rescate bancario, cuyo cumplimiento será examinado por
funcionarios de la UE que nos visitarán cada tres meses. Mientras, el Gobierno ya ha enviado a Bruselas el
presupuesto para 2013 y 2014, en el que contempla un ajuste adicional de
37.000 millones de euros. Además, se da por hecho
que el Gobierno no cumplirá el objetivo de déficit fijado para este año (6.3%
del PIB), y la UE exigirá por ello nuevos sacrificios: en septiembre, el ministro
De Guindos prometió la puesta en
marcha de “un nuevo plan de reformas”. Rajoy también ha afirmado tener “muchas
reformas entre manos que entrarán en vigor en los próximos meses”. Con el aval de las
organizaciones internacionales, los socios de la UE están comenzando a exigir la
reforma del sistema de pensiones para encaminarlo hacia su privatización,
posponer la jubilación aún más allá de los 67 años, el endurecimiento de la reforma laboral y
algunas privatizaciones.
La nueva reforma laboral que los grandes
poderes empresariales demandan iría encaminada a imponer el llamado “contrato
único”, que conllevaría un nuevo abaratamiento de los costes laborales en
nuestro país bajo la excusa de acabar con la dualidad existente entre
trabajadores precarios e indefinidos. “La adopción
del contrato único no implicaría más que la igualación a la baja de los
derechos de los trabajadores y una generalización de la precariedad”, señalan Adoración
Guamán, Sebastián Martín y Rafael Escudero.
Además, el Gobierno ya está trabajando en su
proyecto para reformar el sistema de pensiones, con el que pretende ahondar en
las medidas impuestas por el Gobierno socialista (que entrarán en vigor el 1 de
enero). Así lo anticipó Rajoy al
destacar su intención de “abrir un debate sobre la
sostenibilidad de las pensiones”. “Este es un tema vital porque suponen más del
25% del gasto total del Estado”, añadió. El principal objetivo de su reforma será retrasar la edad
de jubilación efectiva, dificultando o impidiendo totalmente las
prejubilaciones. Pero aún se desconoce lo lejos que querrá llegar Rajoy en este
nuevo despojo a los jubilados.
¿Dónde
está el dinero?
Mientras todo esto ocurre, muchas grandes
empresas y personas multimillonarias han decidido poner a buen recaudo su
fortuna, la cual trasladan a otros países para evitar pagar impuestos aquí. No
les basta con tributar menos que en la mayoría de países - ya que España es un
país muy regresivo fiscalmente, como se explicó en un
artículo anterior-. Lo que quieren es no pagar nada. “De España en ocho meses de 2012 han salido
330.000 millones de euros (a los que hay que sumar su equivalente en Grecia
e Italia), que van a parar a bancos de Suiza, Luxemburgo, Holanda y Alemania”, señalan
Ballbé y Cabedo. Esta inmensa reducción de los depósitos obliga a las
instituciones bancarias de nuestro país a solicitar enormes cantidades de
dinero al BCE para capitalizarse.
De manera que una parte de la riqueza que
contenía nuestro país ha desaparecido. Nuestra economía se está
descapitalizando. La amnistía fiscal que impulsó el Gobierno para que los
evasores fiscales regularizaran su situación a costa de tributar un escaso 10%
solamente ha logrado recaudar
1.191 millones de euros, menos de la mitad de lo esperado. Además, el Gobierno ha impedido que las Comunidades Autónomas cobren impuestos a la banca y ha
librado a las empresas extranjeras del pago del Impuesto de Bienes
Inmuebles. Pero ni siquiera estas medidas que premian las ilegalidades han
conseguido frenar la sangría económica que sufre España.
“Es de dominio público que España bate récords de manejo de dinero
negro, puesto que casi las dos terceras partes de todo el efectivo en manos
de los españoles está en billetes de 500 euros; precisamente los que jamás
vemos circular en la economía real cotidiana”, señala
Carlos Enrique Bayo. “Una sencilla ecuación, empleando los datos conocidos de
Producto Interior Bruto y presión fiscal media, permite calcular que las cantidades no ingresadas por Hacienda
cada año suman alrededor de 70.000 millones de euros”, añade.
En este contexto, Suiza ha
pedido al gobierno español que se suscriba al Acuerdo Rubik, según el cual
Hacienda recibiría los impuestos defraudados por los ciudadanos españoles que
poseen cuentas en el país helvético, a cambio de mantener el anonimato de
estos. “La banca suiza impulsa este tipo de acuerdos para evitar una fuga de
capitales si la crisis continúa invitando a los gobiernos a investigar a los
defraudadores con cuentas en sus bancos. De este modo, Suiza ofrece una pequeña
cantidad de dinero a cambio de silencio y tranquilidad para sus clientes”,
añade El Diario.
Los técnicos de Hacienda critican los escasos recursos con los que cuentan
para perseguir a los grandes defraudadores. “En realidad, la gran mayoría
de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los
autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa –según los
técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude
fiscal total”, señala Vicenç Navarro.
Además, para el próximo año, el presupuesto de investigaciones antifraude se
verá reducido en un 7.7%. Según cálculos de Gestha, si la economía sumergida y
el fraude fiscal (que representan en torno al 25% de la economía) fueran
rebajados hasta la media europea (13%), el
Estado recaudaría 38.500 millones de euros más que en la actualidad.
Según Carlos Cruzado,
presidente de Gestha, “hasta ahora lo que se ha hecho afecta a las clases
medias y desfavorecidas. El IRPF está en un nivel que es difícil subirlo, el
IVA afecta más a las clases más desfavorecidas, y en el de Sociedades apenas
tributan los grandes patrimonios. Nosotros proponemos una serie de medidas
fiscales que hagan hincapié en impuestos como el de la riqueza, el de
sociedades para beneficios superiores al millón de euros, etc”. “Habría que
equilibrar, en base al artículo
31 de la Constitución, lo que están pagando las pequeñas empresas con
lo que pagan los grandes patrimonios. En su día Warren Buffet dijo que pagaba
la mitad de impuestos que su secretaria, y eso es trasladable a España”, añade.
Próximo
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